
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires celebró la reciente medida que aprobó la Legislatura porteña que obliga a los chicos de tres años a estar en el jardín de infantes. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó el proyecto que extiende la escolarización exigida un año antes y ordena garantizar lugares estatales sin costo para bebés desde los 45 días.
En sus redes sociales, el mandatario porteño señaló: “Los primeros años son decisivos para el desarrollo de cada chico. Es cuando se forman el lenguaje, la curiosidad, la capacidad de convivir, de jugar, de expresarse y de aprender. Felicitaciones a @sergesiciliano, a @mechimiguel, y a todas las fuerzas políticas que trabajaron en conjunto para convertirlo en ley por unanimidad”.
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La ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, también celebró la aprobación y destacó la oportunidad que representa intervenir en una etapa temprana: “Empezar antes es achicar brechas. Incorporar la Sala de 3 a la educación obligatoria en la Ciudad de Buenos Aires nos permite llegar a los chicos desde más temprano, cuando más impacto tiene en el aprendizaje, el lenguaje, la socialización y el juego”.
Miguel mencionó además que la Ciudad venía avanzando en la universalización de esa franja etaria con niveles de cobertura superiores al promedio nacional, y que esta ley se suma a la actualización del Diseño Curricular del Nivel Inicial, que ya incorpora indicadores de logro en Lengua y Matemática, educación digital y desarrollo personal y social.
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La nueva norma fue aprobada este jueves por unanimidad. La iniciativa fue impulsada por la legisladora Manuela Thourte (Ciudadanos Unidos/UCR), quien la presentó por primera vez en 2024 y la volvió a introducir en 2025 ante el vencimiento del plazo reglamentario. En esta segunda oportunidad, el PRO y el peronismo sumaron proyectos propios, lo que generó el consenso necesario para su tratamiento y aprobación sin votos en contra. “Creo que todos tenemos una mirada muy parecida en términos de educación de la ciudad, hacia dónde queremos ir y, sobre todo, poner a la Ciudad de Buenos Aires como la primera jurisdicción del país que puede garantizar una vacante para cada chico que tenga tres años”, afirmó Thourte ante Infobae.

La ley establece que la obligatoriedad de la sala de tres constituye una responsabilidad compartida entre las familias y el Estado para asegurar la concurrencia a partir de esa edad. La universalidad, en cambio, apunta a un concepto más amplio: el derecho de cualquier familia a acceder a una vacante estatal desde los 45 días de vida de su hijo, siempre que lo requiera. El Poder Ejecutivo porteño será la autoridad encargada de adecuar la red educativa para garantizar ese acceso, y los organismos involucrados contarán con 180 días desde la entrada en vigencia para instrumentar las medidas. El texto también prevé una reorganización territorial de la oferta, con foco en reducir las diferencias de cobertura entre barrios y reforzar la presencia estatal en las zonas con mayores dificultades de acceso, especialmente en el sur de la Ciudad.
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En cuanto a los contenidos, la ley define que el nivel inicial debe incluir propuestas vinculadas con la oralidad, la alfabetización temprana, las ciencias, el juego, la expresión artística, la actividad corporal y el desarrollo motriz. A la vez, contempla la remoción de obstáculos sociales, físicos, lingüísticos y didácticos que puedan limitar el acceso al aprendizaje. La norma también propone avanzar hacia una red unificada de Escuelas Infantiles, con trayectorias pedagógicas continuas desde las edades más tempranas, reemplazando la diversidad actual de instituciones —Jardines Nucleados, Integrales, Comunes, Maternales y Escuelas Infantiles—. Para quienes ya concurren a Centros de Primera Infancia o de Desarrollo Infantil, el texto garantiza la continuidad de sus trayectorias y las modalidades horarias elegidas por sus familias.
Respecto a la transparencia en la asignación de vacantes, la iniciativa prevé la publicación anual de los resultados de inscripción, con información sobre los lugares otorgados según las prioridades seleccionadas por las familias y su distribución por comuna. Con esta sanción, la Ciudad de Buenos Aires se convierte en la primera jurisdicción del país en establecer por ley la obligatoriedad escolar a partir de los tres años en instituciones tanto de gestión estatal como privada.
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