Córdoba: crece la presión política para que un legislador vinculado a una supuesta red de explotación sexual infantil deje su banca

El escándalo político en Córdoba por la a investigación de una red de explotación sexual infantil contra niñas de 13 y 14 años en Villa María de Río Seco alcanzó esta semana al corazón del oficialismo provincial: la senadora Alejandra Vigo pidió públicamente que el legislador Ernesto Ramón Flores renuncie a su banca en la Unicameral.

La causa, que investiga una red de grooming, abuso sexual con acceso carnal y prostitución infantil contra al menos cuatro menores de edad de esa localidad del norte cordobés, estalló a principios de agosto cuando se detectó que el asesor legislativo José Aníbal Ricardo Villarreal —contratado en la nómina vinculada a Flores— era uno de los imputados. Desde entonces, la investigación no hizo más que escalar: hasta el momento, la fiscal Analía Cepede confirmó 14 detenidos —con uno aún prófugo— y no descartó nuevas detenciones ni víctimas.

Vigo, esposa del exgobernador Juan Schiaretti y figura de peso en el PJ provincial, fue contundente en declaraciones a Cadena 3: “Hoy el legislador, por lo pronto, tendría que renunciar porque le toca directamente a él, porque ha sido parte de su staff”. La senadora aclaró que habló a título personal. Además, reclamó revisar los mecanismos de contratación de asesores en el Poder Legislativo.

“Es la política la que tiene que dar ese paso”, sostuvo, y planteó la necesidad de revisar “cuáles son los requisitos para que uno pueda incorporar un asesor”. Para la dirigente, el debate adquiere especial relevancia porque la Legislatura constituye la “caja de resonancia de la política” y tiene entre sus funciones la elaboración de leyes.

La postura de Vigo no es la única voz crítica dentro del oficialismo. El miércoles, la Unicameral aprobó por 34 votos contra 31 la licencia de seis meses sin goce de sueldo pedida por Flores, con el apoyo de la aliada Karina Bruno. Pero esa resolución dejó un sabor amargo en sectores del propio peronismo.

En el entorno del gobernador Martín Llaryora conviven quienes consideran que el asunto es estrictamente judicial y quienes entienden que Flores debería renunciar por la condena social, aunque no tenga causa penal abierta. Versiones internas, recogidas por La Voz del Interior, sugieren que el legislador podría presentar su renuncia en los próximos días.

El propio bloque oficialista acompañó el pedido de licencia, pero rechazó la exclusión. “Ha solicitado una licencia sin goce de sueldo por causas que son de público conocimiento. Como bloque vamos a votar a favor”, señaló el legislador Luis Leonardo Limia a Cadena 3 antes de la votación.

En el bloque legislativo peronista las posiciones están fragmentadas. Las legisladoras justicialistas fueron especialmente duras: algunas llegaron a advertirle a la oposición que la causa “les repugna” y que no toleran que Flores siga, aun estando de licencia. Los más moderados defendieron la salida como un alejamiento temporario y recordaron que Flores no tiene imputación.

La polémica también alcanzó a Ariel Alejandro Rodríguez, otro exasesor de Flores que continuó contratado hasta el 13 de agosto a pesar de tener una condena por usurpación y peculado. Ambos colaboradores fueron desvinculados de la Legislatura tras conocerse el escándalo. Según Cadena 3, algunos de los abusos investigados habrían ocurrido en un campo perteneciente al legislador, dato que abrió nuevos interrogantes sobre su eventual conocimiento de los hechos, aunque hasta el momento no hay acusación penal contra él.

Desde la oposición, la postura fue más terminante. Antes de la sesión, bloques opositores ya habían anticipado que no aceptarían la licencia y presentarían un proyecto de expulsión definitiva. La iniciativa se fundamenta en el artículo 99 de la Constitución Provincial, con la causal de “indignidad” y deshonra de conducta en el ejercicio de las funciones. La legisladora radical Daniela Gudiño cuestionó con dureza el rol del oficialismo y señaló que la situación resulta insostenible para el cuerpo legislativo.

Tras aprobarse la licencia, la también radical Brenda Austin fue aún más directa: “El peronismo, casi en soledad, votó una licencia que es una señal de impunidad y de protección política”, afirmó en declaraciones a Cadena 3. Austin consideró que el respaldo al pedido convierte al oficialismo en “corresponsable” de la situación que atraviesa la comunidad de Villa de María del Río Seco y anticipó que el bloque insistirá con el proyecto de exclusión, aunque admitió que, en principio, la oposición no contaría con los votos necesarios para aprobarlo.

La causa tomó estado público el 1 de julio, cuando la madre de una adolescente de 14 años denunció su desaparición. La geolocalización del teléfono de la menor llevó a los investigadores hasta Sumampa, en la provincia de Santiago del Estero, donde la encontraron junto a otra menor de la misma edad en una propiedad privada. Ambas fueron trasladadas al Polo de la Mujer y del Niño en Córdoba para recibir atención médica y psicológica. A partir de ese hallazgo, la fiscal Cepede amplió la investigación hacia los hechos de abuso y grooming ocurridos en Villa de María del Río Seco.

Entre los detenidos figuran remiseros, choferes de aplicaciones irregulares, un policía activo de la División Moto Zona Norte de la capital cordobesa —imputado solo por grooming— y Villarreal, el exasesor legislativo, quien enfrenta las acusaciones más graves: abuso sexual con acceso carnal y presunta participación en el traslado y sometimiento de las víctimas. Flores reconoció que Villarreal realizaba tareas junto a él, aunque aclaró que pertenecía a la nómina del bloque y no a su equipo personal, y que solicitó su baja tras conocer la detención. Según informó Cadena 3, dijo haberse enterado de la situación a través de la radio.

El expediente suma además un testimonio que amplió el marco temporal de los hechos: una mujer identificada como Marfa, primera víctima de Villarreal según su propio relato, denunció haber sufrido maltratos desde los dos años y hasta los 16, cuando logró alejarse. Desde un hospital donde permanece internada por una grave enfermedad, declaró ante el Noticiero Doce: “Me trataban mal, me pegaban con látigos, con alambre, me violaban y un montón de cosas me hacían”. La denuncia formal la realizó en 2021 con el apoyo de su pareja. Tras conocer la detención de su agresor, expresó: “Por fin se hizo justicia después de muchos años”.

La investigación continúa en etapa de instrucción, con pericias en curso sobre teléfonos, comunicaciones y movimientos. La fiscal Cepede no descartó que surjan nuevos imputados ni que aparezcan más víctimas. El lugar de Flores en la Unicameral fue ocupado provisoriamente por Estrella María Benchetrit, quien ya lo había reemplazado durante una licencia anterior en 2025.