La Legislatura porteña aprobó una ley para transferir la Justicia Laboral al ámbito de la Ciudad

La Legislatura porteña aprobó este jueves el proyecto que impulsó el Gobierno de Jorge Macri para transferir la Justicia Laboral Nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Así, se impulsó la autonomía en la jurisdicción prevista en la reforma constitucional de 1994.

Además, el Cuerpo Legislativo dio luz verde a la modificación de la Carta Orgánica del Banco Ciudad, sancionó una extensión de beneficios a excombatientes de Malvinas y la homologación de las condonaciones de deudas tributarias autorizadas de la AGIP.

En sesión ordinaria y con la presencia de los diputados de los distintos bloques que integran el recinto, el Cuerpo Legislativo aprobó la transferencia de la Justicia Laboral Nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El proyecto cuenta con autoría de la Jefatura de Gobierno y obtuvo 36 votos a favor, dos negativos y 20 abstenciones.

El convenio que sustenta esta transferencia había sido firmado el 9 de febrero de 2026 entre el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, y el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación. Posteriormente, el Congreso de la Nación lo ratificó en el marco de la sanción de la ley nacional 27.802 de reforma laboral. Así, la aprobación por parte de la Legislatura local representa el paso previo para la puesta en marcha del nuevo fuero.

El proyecto formaliza el traspaso de las competencias judiciales laborales desde la órbita nacional al fuero local, un proceso que tiene respaldo en el artículo 129 de la Constitución Nacional y en disposiciones locales orientadas a garantizar la autonomía plena de la jurisdicción porteña. Las leyes 6.789 y 6.790 habilitaron la creación formal del fuero laboral local y su régimen procesal. El convenio establece que las causas iniciadas antes de la entrada en vigor del nuevo fuero seguirán tramitándose en la Justicia Nacional del Trabajo, mientras que las nuevas demandas se procesarán exclusivamente en el Fuero del Trabajo de la Ciudad.

En cuanto a las obligaciones de cada parte, la Ciudad asume el compromiso de seleccionar jueces y fiscales a través de los mecanismos habituales y de proveer los recursos necesarios para el funcionamiento del fuero. El Estado Nacional, por su parte, se compromete a transferir progresivamente esos recursos y a no cubrir nuevas vacantes en la justicia nacional para las competencias cedidas.

“La Justicia Laboral local va a ser completamente distinta a lo que conocemos hoy, con sentencias más rápidas gracias a modernizaciones procedimentales y tecnológicas”, explicó Tapia. El funcionario agregó: “Está pensada para que los conflictos laborales no sean un freno al desarrollo productivo de la Ciudad y dé respuestas rápidas y oportunas tanto para los trabajadores como para quienes generan empleo.” El convenio entrará en vigencia una vez que se apruebe el acuerdo específico posterior sobre la transferencia de recursos para su implementación.

Los otros proyectos aprobados

Otra de las iniciativas clave aprobadas fue la modificación de la Carta Orgánica del Banco Ciudad. A partir de este cambio, la entidad deberá destinar el total del remanente —luego de cubrir reservas y capital— exclusivamente a la bonificación de tasas de interés o a la reducción de gastos administrativos en créditos hipotecarios para residentes de la Ciudad. Antes de esta reforma, las utilidades excedentes se transferían al presupuesto central para financiar obras sociales y soluciones habitacionales.

En otro orden, los diputados aprobaron el proyecto que prevé la homologación de las condonaciones de deudas tributarias autorizadas por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). La iniciativa, también impulsada por la Jefatura de Gobierno, contó con el respaldo unánime del cuerpo, con 56 votos afirmativos. Abarca obligaciones impagas referidas a gravámenes inmobiliarios, patentes de vehículos e Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

El texto indica que la AGIP concedió condonaciones durante 2025 y 2026 a un grupo reducido de contribuyentes, con montos variables según el caso. La ley responde al procedimiento anual establecido por el Código Fiscal local, según el cual estas condonaciones deben ser remitidas a la Legislatura para su validación formal.

El Cuerpo Legislativo también aprobó la iniciativa que extiende de forma permanente el subsidio especial para excombatientes de la Guerra de Malvinas, incluyendo a quienes ya están jubilados. El beneficio, hasta ahora limitado a quienes permanecían en actividad, se mantendrá tras el retiro y alcanza a quienes ya se encuentren en esa condición, siempre que acrediten su condición de veterano mediante el certificado oficial. El subsidio conservará sus características actuales: será personal, vitalicio, intransferible y compatible con otras jubilaciones o pensiones, aunque solo podrá percibirlo el titular, sin posibilidad de transferencia a familiares.

Por último, se aprobó el proyecto de ley que elimina los trámites digitales y requisitos adicionales para acceder al pase gratuito de subte destinado a jubilados, pensionados y retirados de las fuerzas armadas y de seguridad. Desde la sanción de la norma, el beneficio se gestiona únicamente de manera presencial, sin necesidad de plataformas digitales, bancos ni documentación extra. Solo se requiere la presentación del DNI y el último recibo de haberes para acreditar domicilio e ingresos, los cuales no deben superar los dos y medio haberes mínimos jubilatorios.

La nueva normativa establece que el pase gratuito se otorga mediante una tarjeta magnética física, sin integración con entidades bancarias ni proveedores de servicios de pago. Además, habilita al Estado local a verificar la condición previsional del solicitante mediante cruces de datos con otros organismos públicos.