Villa La Angostura: el último desalojo mapuche convulsionó el vínculo de las comunidades con el Gobierno provincial

El vínculo entre las comunidades mapuches de Villa La Angostura y el Gobierno neuquino se resquebrajó en las últimas jornadas, luego del allanamiento parcial en el que la comunidad Lof Quintriqueo fue desalojada de un lote particular en El Pedregoso, entre Bariloche y la localidad neuquina, en el marco de una diligencia ordenada por la Justicia local.

Las familias que residían en el lote pastoril, reclamado por una mujer desde principios de 2012, apuntaron contra el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, a quien acusan de “persecución” contra el “Pueblo Mapuche”.

Sin embargo, el litigio escapa al ámbito de acción del Ejecutivo provincial, que no tuvo participación en el conflicto territorial por tratarse de un litigio “entre privados”.

Figueroa reafirmó ese concepto al hablar con medios de prensa durante la presentación de Neuquén Day en Buenos Aires, una actividad promocional organizada por la provincia patagónica para exhibir su potencial en materia de gas e hidrocarburos.

“Es un conflicto entre privados, el Gobierno neuquino no tuvo ni tiene injerencia en ese caso puntual”, dijo el mandatario ante la consulta de los medios. Es que referentes de la comunidad mapuche Quintriqueo asistieron al Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde se realizaba la presentación institucional, para entrevistarse con Figueroa.

La lonko (autoridad al frente de una comunidad mapuche) de la comunidad Kinxikew, Amancay Quintriqueo, viajó a la capital nacional para interpelar al mandatario provincial sobre la causa mapuche, aunque el gobernador se limitó a señalar que se trata de un conflicto entre particulares.

Idéntica fue la respuesta días atrás en Villa La Angostura, cuando encabezó una agenda de actividades institucionales en la localidad turística. Sin embargo, el mandatario buscó poner paños fríos a la situación al afirmar: “Yo no tengo problema, siempre hablo con las comunidades”.

El desalojo mapuche tuvo amplia repercusión, a pesar de que se cumplimentó de manera parcial y los denunciantes tomaron el control del lugar solo parcialmente. La presencia de menores y, paradójicamente, la ausencia de funcionarios de Minoridad durante el allanamiento frustraron la ejecución completa de la medida judicial, ordenada por el juez Francisco Astoul Bonorino.

En el prolongado recorrido judicial de la causa, no solo Astoul Bonorino confirmó la presencia ilegal de las comunidades en el predio en conflicto, sino que otros magistrados también confirmaron la irregularidad del reclamo mapuche.

Es que durante el extenso proceso, que comenzó en 2012, las comunidades no lograron documentar la supuesta existencia ancestral en el territorio, mientras que la denunciante exhibió la documentación catastral correspondiente a los dos predios en litigio, la cual avaló su planteo.