Qué debe hacer Argentina en materia de terrorismo para ingresar al programa de exención de visas de EEUU

“Antes de que yo me vaya como embajador, vamos a tener Visa Waiver. Es una promesa.” Con esa frase, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, volvió a instalar el debate sobre el ingreso del país al programa que permite viajar a territorio estadounidense sin visa. La declaración la hizo en una entrevista con el canal TN, aunque de inmediato moderó las expectativas: “No va a pasar en tres meses, ni en seis meses, ni en un año”. Precisó que restan cumplir alrededor de quince requisitos técnicos y de seguridad, entre ellos uno que apunta al corazón del sistema antiterrorista bilateral: la capacidad de la Argentina de compartir en tiempo real con Washington información sobre personas sospechadas de vínculos con el terrorismo y de responder a los requerimientos que las agencias estadounidenses formulen sobre individuos de su interés.

¿Qué es la Visa Waiver?

El Programa de Exención de Visas —conocido por su nombre en inglés, Visa Waiver Program— permite a los ciudadanos de los países adheridos ingresar a los Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa, por períodos de hasta 90 días con fines turísticos o de negocios. En lugar de la visa, los viajeros deben obtener una autorización electrónica previa a través del sistema ESTA (Electronic System for Travel Authorization). El programa, administrado por el Departamento de Seguridad Nacional, tiene hoy 42 países miembros, todos ellos de Europa, Asia-Pacífico y América —Chile es el único país de América Latina incluido—, y su ingreso está condicionado al cumplimiento de estrictos requisitos de seguridad, intercambio de información y tasas de rechazo de visas.

La Argentina integró el Programa de Exención de Visas entre el 8 de julio de 1996 —cuando se convirtió en el primer país de América Latina en acceder al beneficio— y el 21 de febrero de 2002, fecha en que fue excluida de forma inmediata. La razón fue la grave crisis económica de diciembre de 2001: el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en consulta con el Departamento de Estado, determinó que la situación configuraba una “emergencia económica” que había disparado el número de ciudadanos argentinos que ingresaban al país bajo el programa y permanecían de manera irregular una vez vencido el plazo de 90 días. Esa causal habilita la suspensión inmediata de un miembro según la propia ley que regula el programa. Argentina y Uruguay —excluido en abril de 2003 por razones similares— son los únicos dos países que alguna vez perdieron el beneficio.

El Programa de Exención de Visas está regulado por la sección 217 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Para que un país sea designado con este beneficio, la norma exige que emita pasaportes electrónicos con datos biométricos; que informe a Estados Unidos el robo o la pérdida de pasaportes dentro de las 24 horas de tomado conocimiento; que coteje contra las bases de INTERPOL a las personas que ingresan por sus puestos fronterizos; que acepte la repatriación de sus nacionales con orden firme de expulsión en un plazo de tres semanas; y que celebre acuerdos para intercambiar información sobre viajeros que representen una amenaza. La ley también prevé que el director de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos realice una evaluación independiente sobre la amenaza terrorista en el país candidato y sobre su capacidad real de compartir información.

A eso se suma el requisito más citado y el más difícil de disimular: una tasa de rechazo de visas de visitante inferior al 3% en el último año fiscal completo. Según las cifras difundidas por el Departamento de Estado, la Argentina cerró el año fiscal 2024 en 8,90% y el 2025 en 7,47%.

Detrás de la fórmula “compartir información” hay dos instrumentos bilaterales concretos.

El primero es la iniciativa HSPD-6, llamada así por la Directiva Presidencial de Seguridad Interior 6 firmada el 16 de septiembre de 2003 por el presidente George W. Bush, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Lo negocian la Oficina de Contraterrorismo del Departamento de Estado y el Terrorist Screening Center del FBI. A través de él, el país socio aporta las identidades de las personas que él mismo determinó que son terroristas conocidos o sospechosos: nombres y alias, fechas y lugares de nacimiento, nacionalidades, números de pasaporte y documentos de viaje, fotografías, datos biométricos. No se transfieren fuentes ni métodos: los registros se depuran de información clasificada y solo se exporta la capa identificatoria. Ese material se incorpora a la base consolidada estadounidense, contra la cual se chequea después cada solicitud de ESTA (Electronic System for Travel Authorization), el permiso electrónico que reemplaza a la visa. Entre 2008 y 2015, los países del programa aportaron por esa vía datos sobre unos 9.000 terroristas conocidos o sospechosos, de los cuales alrededor de 3.500 eran desconocidos hasta ese momento para Washington.

El segundo es el acuerdo PCSC —Preventing and Combating Serious Crime—, derivado de una ley estadounidense de 2007. Funciona al revés: no es la entrega de una lista, sino una consulta caso por caso. Estados Unidos envía una huella dactilar y pregunta si la persona registra antecedentes por delitos graves; la respuesta automática es solo “sí” o “no”, y recién ante una coincidencia se liberan los datos biográficos. Las huellas sin coincidencia se destruyen.

Desde 2022, el Departamento de Seguridad Nacional agregó un tercer instrumento, el Enhanced Border Security Partnership, de alcance más amplio, que hoy es objeto de negociación con la Unión Europea.

Hay un antecedente que ilumina el problema. En agosto de 2015, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos estableció que ya no alcanzaba con suscribir estos acuerdos: para permanecer en el programa había que implementarlos. La razón la documentó la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO por sus siglas en inglés: Government Accountability Office) la auditoría del Congreso estadounidense.

Dónde está parada la Argentina

El 28 de julio de 2025, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich y la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense Kristi Noem firmaron un Acuerdo Administrativo de Verificación Electrónica y un Memorando de Cooperación SAFE, y anunciaron formalmente el inicio del proceso de ingreso al Visa Waiver. No hay, hasta donde es público, un anuncio que identifique instrumentos firmados bajo las denominaciones HSPD-6 o PCSC.

Sobre la cuestión de las capacidades para detectar terroristas y transmitir la información a los Estados Unidos, Infobae consultó al doctor Juan Félix Marteau, abogado con amplia trayectoria en la materia: fue responsable de diseñar el primer proyecto de ley para reprimir el terrorismo y su financiamiento en Argentina cuando se desempeñó como Coordinador Nacional ante el GAFI (Grupo de Acción Financiera)—proyecto que luego se convirtió en ley— y ha trabajado para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en cuestiones de financiación del terrorismo.

— ¿Cuál es la relación entre el otorgamiento de una Visa Waiver y el problema del terrorismo?, le pregunto este medio al abogado.

— Los Estados Unidos como el gran poder político que es tiene la capacidad de colocar la cuestión de su seguridad nacional en todas las esferas en las que se vincula con otros países. Luego de los atentados del 11 de septiembre, el problema de la información sobre amenazas terroristas se tornó una cuestión crucial. Sabemos que el Congreso de los Estados Unidos pudo comprobar que las agencias de inteligencia americanas contaban con información sobre los atacantes y no habían sido efectivas a la hora de compartirla y analizarla adecuadamente para prevenir los atentados. Después de ese episodio, los Estados Unidos entienden que su seguridad nacional no depende solamente de sí misma, sino del grado de compromiso que logra con los países a nivel global. Un cuarto de siglo después de este episodio que inició una nueva era en materia de seguridad internacional, podemos comprobar que la cuestión terrorista sigue siendo no solo central, sino también más amplia: involucra también las finanzas del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Incluye, además, la migración y el acogimiento de combatientes terroristas extranjeros hacia países que están más cerca de las fronteras americanas. Y por supuesto, absorbe las nuevas capacidades tecnológicas que actores estatales y no estatales pueden utilizar de modo muy efectivo contra estructuras críticas de los Estados Unidos y sus aliados. Considerando este contexto, no hay que pensar mucho para entender que el otorgamiento del beneficio de una Visa Waiver exija que los países cumplan con recaudos en materia de detección de terroristas.

Argentina en materia de terrorismo

Al ser consultado sobre lo que el país ha hecho en materia de terrorismo durante los años en que no gozó del Visa Waiver, Marteau dijo que le preocupa menos la visa que lo que la Argentina ha realizado para cuidarse a sí misma. A su juicio, el país tuvo muchas dificultades para asimilar la cuestión terrorista como un asunto de interés nacional y terminó por absorber presiones internacionales para producir dispositivos no del todo efectivos.

El rasgo más distintivo que señaló el especialista es que la Argentina es el único país de la región que sufrió dos ataques terroristas en el corazón de Buenos Aires —la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994— y que ambos quedaron impunes. “No deja de ser sorprendente que esos hechos no generaron de modo inmediato una reacción institucional consistente para prevenir nuevos ataques”, advirtió.

Marteau recordó que hubo que esperar hasta 2007 para que el Congreso reprimiera por primera vez el terrorismo y su financiación. Su propia experiencia en la discusión parlamentaria de esa norma, dijo, le permitió comprobar “el peso que tenían las ideologías y nuestro pasado con la subversión interna, que impedían entender lo que verdaderamente estaba en juego en el nuevo terrorismo internacional”.

El abogado trazó luego un recorrido por los años siguientes. Señaló que el “peor progresismo garantista” no solo desmanteló los servicios de inteligencia, sino que además impulsó “un pacto delirante con los iraníes acusados por la Justicia Federal Argentina de ser nuestros atacantes”. Durante el gobierno de Mauricio Macri, precisó, se creó el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) para cumplir con el GAFI: un mecanismo que receptaba la lista de terroristas de Naciones Unidas y disposiciones judiciales, pero que no tenía vínculos con información de inteligencia y seguridad, lo que lo tornaba ineficaz. Durante la administración de Alberto Fernández, agregó, se llegó al punto de velar los nombres de los agentes de inteligencia en causas judiciales, con el consiguiente riesgo para su seguridad física.

“El intercambio de información sobre terrorismo entre un país como los Estados Unidos, un líder global, y la Argentina, un líder regional significativo, se basa en la confianza”, subrayó el especialista. El desafío, opinó, es que esa relación sea duradera y de beneficios mutuos.

Marteau destacó que la afinidad política y personal entre el presidente Javier Milei y el presidente Donald Trump generó condiciones pocas veces vistas para lograr beneficios mutuos, aun considerando la enorme disparidad de poder entre una hiperpotencia y un país mediano como la Argentina. A su entender, la actual administración puso en valor el concepto de orden, por tantos años denostado. “El orden es lo primero. La libertad, el bienestar y el desarrollo solo se alcanzan en un marco político ordenativo”, afirmó, y señaló que ello tiene impacto directo en las relaciones con los países con los que la Argentina quiere cooperar en materia de seguridad.

El abogado recordó que, durante la visita de Noem, se firmaron el Acuerdo Administrativo de Verificación Electrónica y el Memorando de Cooperación SAFE. Mencionó también que, con el apoyo del FBI, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) creó el Centro Nacional Antiterrorista (CNA), con la finalidad de coordinar el esfuerzo nacional e incrementar la cooperación internacional en materia de terrorismo. Marteau consideró que esa iniciativa implica “una alineación directa con los requerimientos del programa americano”.

El especialista advirtió que lo más importante para Estados Unidos es que sus aliados no solo creen los dispositivos requeridos, sino que además sean realmente efectivos. “Las fotos están bien para mostrar quiénes son los amigos, pero la única verdad es la eficacia en el control de las amenazas”, sostuvo. Opinó que esa efectividad, en países con tantas urgencias como la Argentina, solo se logra con incentivos de peso: entre ellos, la propia percepción de que el país es más seguro cuando da y recibe información sobre amenazas. Señaló que la capacitación de los funcionarios en sistemas de intercambio de información es central, pero que lo más relevante es que esos funcionarios se sientan parte del proceso y tengan compromiso pleno con las necesidades del país.

“Desde el punto de vista argentino, es una buena oportunidad para que nuestros servicios de inteligencia pierdan definitivamente el lastre de ser considerados solo una caja averiada al servicio de intereses facciosos y se conviertan en una institución profesionalizada esencial para cuidar los intereses nacionales”, concluyó el abogado.