
La jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, anunció este mediodía cambios a la ley de Sociedades que empuja el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para garantizar el apoyo de aliados que, por ahora, se muestran reticentes a firmar un dictamen. Si bien no especificó el nuevo texto, la legisladora oficialista apuntó a que quede, con claridad, la responsabilidad final de personas físicas en las sociedades automatizadas.
“Estamos pensando, desde el oficialismo y algunos bloques más, hacer mucho más pétrea la responsabilidad de las sociedades automatizadas con responsables físicos. Eso le va a dar más seguridad jurídica, que el órgano de administración esté integrado por una persona jurídica”, señaló Bullrich durante un nuevo convite que realizó la comisión de Legislación General, que lleva adelante la discusión y es presidida por la mileísta Nadia Márquez (Neuquén).
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La porteña direccionó la lupa hacia “generar un control concreto, físico, humano, que permita que esa responsabilidad no quede en la nada”. No obstante, este punto fue abordado en junio último no sólo el propio Sturzenegger -cuando disertó en la comisión-, sino también por el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Alejandro Ramírez.
Según consta en la versión taquigráfica de aquella ocasión, el funcionario explicó: “La incorporación de tecnologías de inteligencia artificial en el derecho, en la ley de sociedades, aparece en dos planos, con dos tipologías. Una es en el artículo 14, que son las sociedades que llamamos ‘automatizadas’, que básicamente la gestión de la empresa está hecha por robots o inteligencia artificial. Pero, como decía el doctor Ramírez, este es un subtipo de la sociedad anónima. Es decir, que se mantiene con todas las obligaciones, restricciones y características que tiene una sociedad anónima”.
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“Simplemente, lo que especifica es que la gestión operativa de esa sociedad no la hacen humanos, sino que la hacen programas, softwares, robots, o lo que fuera”, agregó Sturzenegger, que también se refirió a la figura de la Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), con regulación específica para la utilización de contratos inteligentes y blockchain.
Para el ministro, “tanto en el caso de las DAO, donde incluso se pone que solamente están permitidas las DAO donde los beneficiarios oficiales están dispuestos a manifestarse, o en las automatizadas, que están sujetas a todos los regímenes de responsabilidad de las sociedades anónimas”, no existiría “ningún problema”.
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En tanto, Ramírez destacó: “El proyecto de ley, al legislar las DAO, eligió legislar una parte pequeña de las DAO, es decir, aquellas que acepten voluntariamente identificar a todos sus beneficiarios finales, a todos sus socios. Las que están operando hoy en día anónimamente no son recibidas por la legislación argentina, no son recibidas por este proyecto de ley. En estos artículos, este tipo societario fue trabajado conjuntamente con la UIF (Unidad de Información Financiera), y tratamos de seguir la normativa del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)”.
Ramírez, en otro tramo de su alocución, observó: “Las DAO, por ejemplo, se manejan con un protocolo. Para explicar una DAO, se automatiza mucho lo que es el órgano de administración de las sociedades con un protocolo. Los protocolos son amorales. Si uno no programa un protocolo para que cometa un delito, no lo va a hacer. Y si lo programa para cumplir la ley, la va a cumplir siempre. No tiene moralidad esta tecnología, sino que lo va a hacer siempre. Ahí va a estar el control de los registros públicos de esos protocolos. Y cuando se detecte alguna falla, está especificada la responsabilidad de estos desarrolladores de los protocolos”.
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El líder de la IGJ añadió: “Una cosa que también puntualmente tienen, es que se les incorporan personas humanas como representantes de estas DAO, en el artículo 260. Hoy las DAO existen, están operando sin ningún tipo de regulación concreta. Podemos mirar para otro lado y no regularlas, pero, justamente, lo que estamos haciendo es regularlas”.
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