El Gobierno porteño anunció que reforzará el control sobre las cooperativas de reciclado que operan en CABA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reforzará el control sobre las 12 cooperativas que prestan el servicio de recolección de residuos reciclables en el territorio porteño. La decisión, impulsada por el Jefe de Gobierno, apunta a transformar de manera integral un esquema que, según el propio Ejecutivo, acumula fallas operativas y reclamos vecinales sin resolver.

En ese contexto, la gestión de Jorge Macri comunicó que revisarán el desempeño de las organizaciones que prestan el servicio de recolección de residuos reciclables. Aseguran que hubo reclamos de vecinos por desechos desparramados en las calles y que detectaron fallas operativas. En consecuencia informaron acerca de una serie de medidas implementadas.

Em efecto, el diagnóstico oficial da cuenta de incumplimiento de horarios, ausencia de trazabilidad, uso inadecuado de uniformes y herramientas, y residuos dispersos en veredas o bloqueando contenedores. Estas situaciones, advirtieron, afectan directamente el espacio público y son las que motivaron la intervención del Ejecutivo porteño.

El comunicado destaca además que lo que está en juego no es solo la eficiencia de un servicio, sino la coherencia de una política ambiental. El Gobierno reconoció que los vecinos y comerciantes que separan sus residuos a diario deben tener certeza de que ese esfuerzo no se vea frustrado por desorganización en la recolección. Ese argumento es el que sostiene, en términos institucionales, la decisión de avanzar hacia un modelo con reglas más estrictas.

El paquete de medidas se enmarca en el denominado Plan de Ordenamiento Urbano y abarca cuatro ejes. El primero es la trazabilidad y el monitoreo continuo: el Gobierno anunció que implementará el seguimiento en tiempo real de los recorridos, verificando el cumplimiento de horarios y el uso apropiado de las herramientas operativas por parte de las cooperativas.

El segundo eje contempla la fijación de estándares de calidad con exigencias concretas, indicadores de desempeño e identificación precisa de responsabilidades. El tercero apunta a la protección del espacio público mediante procedimientos que impidan la dispersión de desechos alrededor de los contenedores y en los frentes de los edificios. El cuarto y último eje refiere a la medición de resultados a través de indicadores transparentes que permitan evaluar la efectividad del servicio y dar respuestas ágiles a las demandas de los vecinos.

Según el comunicado oficial, el nuevo esquema busca consolidar “un servicio de reciclado controlado, eficiente y transparente, que garantice una mayor recuperación de materiales y mantenga una Ciudad más limpia y ordenada para todos”. El texto también señala que “cuando un sistema no alcanza los resultados esperados, nuestra responsabilidad como Gobierno es intervenir, corregir y fijar pautas claras”.

Los plazos de aplicación de las medidas anunciadas aún no fueron comunicados. Lo que sí queda claro en el documento es la postura del Ejecutivo frente a las deficiencias detectadas: el Gobierno porteño afirma que las situaciones de desorden en la vía pública “no van a ser toleradas” y que el reciclado, aunque es una política ambiental considerada prioritaria, “debe ejecutarse bajo estándares estrictos de higiene y responsabilidad”.

En 2025, como parte de medidas de política ambiental, el gobierno porteño presentó en Villa Soldati dos obras en el Centro de Reciclaje que ampliaron la capacidad para tratar residuos orgánicos y plásticos. Fue parte de un plan de crecimiento del predio que en 2024 incorporó una planta de residuos mixtos con capacidad para procesar alrededor de 700 toneladas diarias. Ese avance había permitido tratar materiales que no podían procesarse en las otras plantas del CRC, en los Centros Verdes ni mediante la recolección programada a partir de llamados al 147.