Tras el traspié, el Gobierno no insistirá con la Ley de Tierras y se frenan los paquetes de desregulación

A pesar de que se trabajó durante varios meses en la norma y varios funcionarios se abocaron a defenderla tanto en privado como públicamente, el Gobierno resignó sus intenciones de modificar la ley de tierras y no tiene pensado insistir en un futuro cercano con esta iniciativa.

El tema es la principal crítica por parte de los grupos de manifestantes que, aunque el articulado se haya borrado, se concentró en las afueras del Congreso para protestar en contra del resto del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, aunque se trata de una medida tiene todo el respaldo del presidente Javier Milei, como así también del Gabinete, y se alinea ideológicamente con la agenda libertaria, la falta de apoyo de los aliados y de parte de la sociedad impidió que se tratara.

De esta manera, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, autor del articulo que fue descartado, sufrió una nueva derrota parlamentaria.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, fue la que terminó acordando con la oposición en el recinto eliminar este apartado de Propiedad Privada, para evitar así que todo el texto se cayera.

El funcionario, a quien se le vienen negando varias reformas propuestas, cómo un nuevo pedido de facultades delegadas, se habría enterado por las redes sociales de este otro traspié.

La senadora del oficialismo tomó la decisión de sacar la ley de tierras de la mesa de discusión mediante un diálogo que tuvo entre el martes y el miércoles con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y su Vice, Ignacio Devitt (hombre de confianza de la secretaria general, Karina Milei).

”Fue todo consensuado con Casa Rosada. Lo venían hablando Patricia, Diego y Nacho”, confirmó a este medio un integrante de la mesa política.

Hace algunos días, la legisladora se había reunido con Sturzenegger para tratar de atenuar la norma, que originalmente planteaba eliminar cualquier restricción a la compra de hectáreas ganaderas por parte de extranjeros.

Tras ese encuentro, se planteó mantener un techo, pero elevarlo del 15% actual a un 25, pero el tema siguió generando controversia y no frenó la movilización de organismos sociales y partidos de la oposición que, aun después de haberse borrado todo el artículo, se realizó este jueves, cuando se trató Propiedad Privada.

Según pudo saber este medio, el Poder Ejecutivo no va a mandar más adelante la iniciativa en un proyecto aparte y optó por desestimar, al menos por ahora, cualquier idea de cambiar la norma.

Puntualmente, la administración libertaria quería derogar la ley de tierras que fue aprobada en el 2011, durante la gestión de la entonces presidenta Cristina Kirchner.

En el entorno de Sturzenegger recuerdan que antes de ese momento no había ningún tipo de límite a la compra de hectáreas por parte de los extranjeros.

Asimismo, en ese Ministerio señalan que la posibilidad de acceder a un terreno para su explotación está garantizado por la Constitución, tanto para locales como personas de otros países.

“La ley la hizo el kirchnerismo y nosotros, para solicitar que se derogue, nos basamos en la realidad de la Argentina, la Constitución, en Alberdi y en 150 años de historia”, lamentaron fuentes de esta cartera.

Ante está situación, Sturzenegger y su equipo ya están concentrados en continuar defendiendo ahora “Hojarasca”, el conjunto de desregulaciones que ya está listo en el Congreso para su tratamiento.

Asimismo, elaboraron otro paquete de reformas que fue terminado en julio, tiene un total de 349 artículos y se centra en el mercado inmobiliario, aunque abarca también una decena de sectores de la economía.

El texto, que es en el que se intentó incluir las facultades delegadas, plantea como objetivo de “promover la libre competencia contra toda forma de distorsión de los mercados”.

Tal como se adelantó oportunamente, el proyecto la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula en un colegio profesional, la supresión de aranceles y honorarios mínimos, y el fin de la exigencia de título universitario establecida por la Ley 25.028.

Además, prevé desarticular el monopolio sancionador de los colegios, derogar las sanciones por ejercicio sin matrícula y eliminar las restricciones geográficas para operar en distintas jurisdicciones.

De todas formas, el Gobierno intentará primero sancionar la nueva Carta Orgánica del Banco Central y las mejoras en la ley de Inocencia Fiscal, que podrían debatirse a finales de agosto en la Cámara de Diputados.