El vicerrector de la UBA desmintió los dichos del vocero presidencial sobre la cantidad de extranjeros en universidades públicas

Adrián Ravier, vocero presidencial, sostuvo durante la conferencia de prensa de este martes 28 de julio que el 39% de los alumnos regulares de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros. La afirmación no tardó en ser rebatida desde la propia institución. Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, salió a contradecir ese número.

Según informó Yacobitti en su cuenta de X, en 2026 los extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria representan apenas el 6,1% de los ingresantes a Medicina, y el 2,5% del total de los más de 70.000 nuevos estudiantes que ingresaron a la universidad este año.

Ravier atribuyó el dato cuestionado al subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, y presentó un cuadro que también consignaba que el 51% de los alumnos regulares de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) son extranjeros. Lo hizo luego de que la afirmación fuera cuestionada en la conferencia de prensa por el cronista de El Destape, quien abrió el debate al consultar sobre el tema.

Yacobitti respondió que esas cifras son “erróneas” y que el debate público merece sostenerse sobre información precisa. Desde la UBA ofrecieron reunirse con el Gobierno para contrastar los registros.

Las diferencias entre ambas series de datos podrían responder, en parte, a qué universo mide cada uno. Yacobitti precisó que sus cifras corresponden a ingresantes de 2026 con residencia temporal, transitoria o precaria, mientras que los datos oficiales que compartió Ravier hacen referencia a alumnos regulares —una categoría que incluye a quienes ya llevan años cursando.

Ni la UBA ni el Gobierno aclararon públicamente cuál es información que surge de registros comparables.

El vicerrector también desglosó la presencia de extranjeros en otras facultades: 4,1% en Odontología, 2,7% en Ingeniería y menos del 2% en el resto de las unidades académicas. Agregó que desde 2022 la UBA exige a los aspirantes provenientes de países no hispanohablantes la acreditación del nivel C1 de español, tanto en comprensión como en producción oral y escrita, un dominio del idioma prácticamente equivalente al de un hablante nativo.

La disputa no se limita a una diferencia estadística: expone una tensión más profunda entre el Ejecutivo y las universidades nacionales en torno a una política que el Gobierno impulsa desde 2025 y que las casas de estudio se niegan a implementar: el cobro de aranceles a los alumnos que no posean la ciudadanía argentina.

En efecto, la polémica se enmarca en un debate más amplio sobre el DNU 366/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que habilitó a las universidades nacionales a cobrar aranceles a los alumnos extranjeros. Álvarez había recordado en su cuenta de X que la norma sigue vigente y que los rectores están “legalmente autorizados desde el día 28/5/2025” para aplicar el cobro. No obstante, a finales de junio la Cámara Nacional Electoral anuló parte del decreto al declarar inconstitucional el artículo que transfería a la Dirección Nacional de Migraciones la potestad de otorgar la ciudadanía argentina, competencia que históricamente ejercieron los jueces federales.

Alrededor del subsecretario sostienen que solo ese punto está bajo disputa judicial y que la posibilidad de cobro a extranjeros permanece intacto. Los rectores, en cambio, consideran que el decreto modifica dos leyes vigentes —la de Educación y la de Migración— y que cualquier impugnación ante la Justicia prosperaría, dado que un DNU no puede situarse por encima de una ley. Ninguna universidad nacional ha implementado el arancel hasta la fecha.

En las últimas semanas el debate se reeditó con la presentación del diputado bonaerense, Agustín Romo, para establecer por ley en la provincia de Buenos Aires el cobro de aranceles por los servicios de educación y salud a las personas nacidas en otros países.