Reforma laboral: cuáles son los principales convenios que deberán renegociarse y por qué ahora llegarán a un total de casi 800

A fines de la semana pasada, la Secretaría de Trabajo completó el envío de las intimaciones a empresarios y sindicalistas para que renegocien 446 convenios colectivos de trabajo que tienen que adecuarse a la Ley 27.802 de Modernización Laboral. Pero la semana que viene se extenderán aún más las citaciones oficiales ya que las autoridades laborales decidieron sumar a los convenios de empresa, lo que eleva a casi 800 la cifra de acuerdos que deberán rediscutirse.

La decisión de intimar a las partes a renegociar 446 convenios colectivos, anticipada por Infobae, incluirá no sólo a los acuerdos firmados que ya vencieron sino también al resto, que se irán sumando en forma paulatina de acuerdo con su fecha de vencimiento.

Esta extensión de la cantidad de convenios que deberán negociarse nuevamente responde a la interpretación estricta de lo establecido en la Ley 27.802, que dinamitó la ultraactividad, el principio previsto en la legislación hasta ahora, que sostenía la vigencia de un convenio colectivo aun después de haber vencido hasta que sea reemplazado por uno nuevo. Así, evitaba que los trabajadores perdieran derechos adquiridos si las negociaciones se estancaban, y era considerada por los gremios como una garantía clave de estabilidad laboral.

La nueva ley, en rigor, respeta la ultraactividad para las denominadas “cláusulas normativas”, que son las que definen condiciones de trabajo. El resto, que son las “cláusulas obligacionales” (como cuotas solidarias y aportes especiales acordados entre empleadores y gremios) se caen al vencimiento del convenio.

Aun así, en el decreto 407, que reglamentó la Ley 27.802, se abre la puerta para que se renegocien todas las cláusulas de los convenios colectivos de trabajo para modificar lo que haga falta en la actualidad y el futuro.

Entre los convenios colectivos de trabajo que deberán renegociarse figuran, por ejemplo: Aceiteros, Aeronáuticos privados, Alimentación, Automotriz Talleres, Bancarios, Calzado, Camioneros, Carga y Descarga, Carne roja, Ceramistas, Cines multipantalla, Comercio, Concesionarios, Concesionarios Motovehículos, Construcción, Empleados de farmacia, Energía eléctrica, Entidades deportivas y civiles, Estaciones de servicio, Ferroviarios, Futbolistas Agremiados, Gastronómicos, Lechera, Maestranza, Marina Mercante, Marítimos, Mineros, Neumáticos, Panaderos, Papeleros, Parque de Diversiones, Pasteleros, Perfumistas, Pesca, Petroleros, Pilotos, Pintura, Plásticos, Portuarios, Prensa, Propaganda médica, Químicos, Recibidores de granos, Refractarios, Rurales, Salineros, Sanidad, Seguridad privada, Textiles, Transporte automotor de pasajeros, TV abierta y TV por cable.

Mediante la citación oficial, la Secretaría de Trabajo “insta a negociar de buena fe” los convenios según los términos de la nueva ley a la cámara empresarial y al sindicato con personería que firmaron esos acuerdos.

La idea es que ambas partes discutan la actualización de los convenios por fuera del ámbito oficial y luego, cuando lleguen a un acuerdo, lo lleven a la Secretaría de Trabajo para que sea analizado y, si está dentro de los límites que marca la ley, pueda ser homologado.

Entre tantos puntos rechazados por la CGT, hay uno que pone en alerta a todo el sindicalismo por las amplias atribuciones que la nueva normativa le otorga a Trabajo para suspender la homologación de un convenio si su aplicación “genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general o la aplicación de otras normas dictadas en protección de toda o parte de la población”.

Más allá de la comunicación formal para que se renegocien los convenios colectivos, fuentes gubernamentales aseguraron que hay canales abiertos de manera permanente con ambas partes por parte de las autoridades laborales, que brindan asesoramiento acerca de cómo deben adecuar el convenio a la nueva normativa e incluso despejan dudas sobre la aplicación de algunas innovaciones que figuran en la Ley 27.802.

Sobre este último punto, por ejemplo, en la nueva legislación existe el llamado “salario dinámico”, que está contemplado en el artículo 104 bis de la ley, por el cual se permiten “otros componentes retributivos dinámicos adicionales, transitorios, fijos o variables, considerando para ello tanto el mérito personal del trabajador como aspectos propios de la organización”.

Así, se coloca en el centro a la productividad y a la situación de cada empresa o sector, con la idea de que los aumentos dejen de seguir una pauta automática y pasen a depender de resultados y de condiciones concretas.

Esa alternativa se está analizando en la actividad petrolera, donde podría pactarse un plus salarial que suba o baje en función del precio del petróleo, y ya tuvo su debut: como anticipó Infobae, en la actividad de los trabajadores de casas particulares se firmó el primer acuerdo que incluye el salario dinámico y ya fue homologado por la Secretaría de Trabajo.

A partir de la inclusión de esa cláusula, en el servicio doméstico se podrán otorgar aumentos salariales por encima de los fijados en el nuevo acuerdo, donde se pactó una mejora del 6,3% para el período abril-julio.

De la misma forma, a principios de mes se confirmó que la empresa Mirgor, fabricante de electrónica y autopartes, se convirtió en la primera en firmar el banco de horas que contempla la Ley de Modernización Laboral a partir de un acuerdo con SMATA, el sindicato de la actividad. Por eso crece la expectativa libertaria de que ahora se sumen en otros convenios este recurso de la reforma laboral que permite a las empresas y a los trabajadores administrar horas trabajadas por encima de la jornada habitual para compensarlas con tiempo libre más adelante.

En el Gobierno, además, se entusiasman con otro efecto de la reforma laboral: los bancos están avanzando para refinanciar créditos con tasas más bajas que las vigentes hasta ahora, una estrategia que ya empezó a tomar forma con contactos con empresas y el envío de cartas a clientes con cuentas sueldo, a partir de que la Ley 27.802 habilita acuerdos entre entidades financieras, empresas y trabajadores para ofrecer préstamos “mucho más fáciles de cobrar o más cobrables”, destacan los funcionarios.