El Gobierno fijó la hoja de ruta para el Congreso: por qué sigue demorado el nuevo Código Penal

Aunque las reformas no están avanzando a la velocidad a la que el presidente Javier Milei deseaba, el Gobierno retomó las negociaciones en el Congreso y fijó las prioridades para el corto plazo, entre las cuales no está la discusión por el nuevo Código Penal, debate que tomó fuerza a comienzos de este año, pero volvió a quedar postergado por las diferencias internas en torno al texto.

Esta semana, en el Senado podrían avanzar las iniciativas del Súper RIGI, para atraer inversiones, y la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, tras el principio de acuerdo con la oposición por los artículos referidos a la venta de tierras a extranjeros.

En el recinto también están en carpeta los proyectos de modificación del sistema electoral, para eliminar las PASO, entre otras cuestiones; de Hojarasca, que incluye varias desregulaciones, y de Zonas Frías, para limitar los subsidios al gas.

En tanto, en la Cámara de Diputados se prevé que para fines de agosto se traten dos temas que para Milei son esenciales para el rumbo de la economía: los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central y las mejoras en la Inocencia Fiscal.

De todos estos temas conversó la mesa política cuando se reunió el martes en Casa Rosada para definir los pasos a seguir en materia legislativa, por lo que se mantuvo afuera del temario otra de las iniciativas del oficialismo que no logra tomar forma, que es el Código Penal.

“Es probable que este sea el próximo asunto que pongamos sobre la mesa para discutir, pero primero tenemos que pasar todos los otros”, comentó a Infobae uno de los estrategas del Gobierno.

A finales del 2025, como último acto de gestión en ese rol, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció en conferencia de prensa la presentación en el Congreso de este texto que, no obstante, nunca se concretó.

Durante los primeros meses del año siguiente, circuló el borrador que había preparado un equipo de especialistas en la materia por pedido del Poder Ejecutivo, el cual contenía un total de 912 artículos.

Sin embargo, cuando Juan Bautista Mahiques llegó al Ministerio de Justicia en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona, decidió revisar el proyecto antes de mandarlo a ciegas.

Durante una posterior reunión con Milei en la Quinta de Olivos, el funcionario le recomendó directamente volver a redactar todo distinto y, mientras tanto, enviar al Congreso solamente un paquete para endurecer penas de determinados delitos.

Puntualmente, Mahiques propuso implementar “otra técnica” para, “en lugar de hacer tantos agregados, modificar la base del Código actual“, el que está todavía vigente, y que así la nueva versión no sea tan pesado el contenido.

“En la transición, trabajaremos junto al Congreso de la Nación en el endurecimiento de penas, la armonización de las mismas y en la incorporación de nuevos delitos“, precisó el ministro en aquel momento.

Esta idea no cayó del todo bien en el ala que responde al asesor presidencial, Santiago Caputo, que considera que la propuesta del grupo de especialistas estaba correcta.

“Seguimos esperando el feedback del Ministerio de Justicia al proyecto que oportunamente se trabajó. Ese era el plan original”, indicaban.

Según pudo saber este medio, desde ese momento comenzó un intenso intercambio de alternativas entre el equipo de Mahiques y la Secretaría de Legal y Técnica, que encabeza María Ibarzábal Murphy, persona de confianza de Caputo.

Recientemente, el funcionario entregó un último borrador con la esperanza de solucionar el conflicto, pero cerca del consultor político reconocieron que las diferencias de criterio persistían.

“Nosotros mandamos algunas reformas que estaban siendo revisadas para después enviar todo al Congreso”, confirmó a Infobae un miembro de la mesa judicial del Gobierno.

En este sector, por otra parte, ratificaban que la iniciativa no va a ser un Código Penal completo, sino solamente el endurecimiento del castigo para algunos delitos.

En este paquete de medidas está la creación de tipificaciones como la estafa piramidal, las llamadas “viudas negras” (mujeres que engañan a personas simulando querer tener relaciones sexuales para entrar a los domicilios y robarles), los “motochorros” y la entradera bancaria.

Asimismo, se especifican algunos delitos financieros complejos, como el lavado de dinero con activos virtuales y nuevas modalidades ilícitas asociadas al crimen organizado y la tecnología.

En tanto, en lo que respecta al narcotráfico, será abordado con un sistema escalonado que distinguirá entre producción, suministro, tenencia y tráfico de precursores.

En un título aparte, en tanto, se enviará el proyecto para prohibir por ley la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal, otra de las iniciativas de Milei.

Este punto ya estaba previsto como parte de toda la reforma del Código Penal, pero en una reciente cadena nacional, el Presidente informó que se enviará como parte del paquete vinculado al funcionamiento del Banco Central.