La Provincia de Buenos Aires trazó un nuevo protocolo para escuelas ante la detección de mensajes amenazantes o presencia de armas en el ámbito escolar. El documento, remitido a autoridades educativas y equipos directivos, precisa una pauta de acción inmediata que prioriza la seguridad física y emocional de alumnos, docentes y auxiliares, e impone un canal institucional obligatorio para la denuncia, dejando de lado respuestas aisladas.
La preocupación por incidentes vinculados a armas dentro de establecimientos educativos motivó este llamado urgente a la coordinación entre escuela, fiscalía y fuerzas de seguridad. Las directivas insisten en la necesidad de reaccionar sin dilaciones y bajo la premisa de la corresponsabilidad, con especial énfasis en la protección de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAyJ). El protocolo descarta toda opción de intervención individual y ordena atenerse al plan institucional de prevención de riesgos para evitar una escalada del conflicto.
El procedimiento ante mensajes amenazantes —hallados en paredes, murales, inscripciones o soportes digitales— incluye alertar sin demoras al equipo de conducción de la escuela. La dirección debe notificar en cadena a inspectoras, inspectores, jefaturas distritales y regionales, quienes, a su vez, informarán a la dirección de inspección general y a las direcciones provinciales que correspondan. La obligación de radicar una denuncia formal en la fiscalía local corresponde a la directora o el director. En este primer tramo, el mensaje oficial es evitar identificar a estudiantes involucrados para proteger sus derechos durante los inicios de la investigación judicial.
El protocolo es explícito frente a la aparición de un arma en la escuela: todo revólver, pistola, escopeta o similar se debe tratar siempre como si estuviera cargada. El personal debe intentar calmar a la o el estudiante implicado, mientras otro responsable contacta al 911 y describe la situación de manera serena y precisa. Si el menor manipula el arma, se le debe persuadir —de ser posible— para que la deposite en una superficie estable y retire el dedo del gatillo. “En tanto no entregue el arma, se deberá procurar que mantenga la calma hasta que llegue la fuerza pública”, destaca el documento, en una de sus indicaciones clave.
Si la entrega del arma ocurre sin resistencia, el protocolo autoriza evacuar el aula y trasladar al o la estudiante a otro espacio institucional para contenerle. Se indica que nadie debe tocar ni mover el arma: un adulto queda a cargo de vigilar el aula y evitar el ingreso de cualquier persona hasta que la policía retire el arma. La presencia física de un arma en la escuela se considera delito y, concluida la emergencia, corresponde la custodia policial del niño o adolescente, el llamado inmediato a su familia e intervención directa de la fiscalía competente.
Apenas pasado el episodio, la cadena de notificación y reporte se reactiva desde niveles institucionales hasta autoridades provinciales. El texto repite la consigna de seguimiento, con comunicación urgente a inspectoras, inspectores y jefaturas.
Tras el impacto inicial, el protocolo exige acciones educativas y de acompañamiento que trascienden la sanción inmediata. Exige a los equipos directivos y docentes planificar intervenciones integrales, tanto en el corto como el largo plazo. Estas incluyen sostenimiento de espacios pedagógicos para abordar el tema con alumnos, apoyo a las familias y referentes afectivos, elaboración de informes internos del conflicto y evaluación de las acciones realizadas. El objetivo es profundizar el trabajo socioeducativo, reajustar las estrategias y fortalecer los códigos de convivencia y el cuidado ante situaciones de riesgo digital.
Para etapas posteriores, la guía remite a otros manuales específicos de la Provincia, como la Comunicación Conjunta 1/23, que orienta la intervención en escenarios conflictivos y ante vulneraciones de derechos en el ámbito escolar.
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