El Gobierno presentó su política nuclear: disciplina fiscal, exportaciones y el rol del sector privado

El gobierno de Javier Milei presentó sus primeros lineamientos formales de política nuclear y fijó cuatro objetivos para reordenar el sector: generar divisas con exportaciones de alto valor agregado, asegurar energía con bajas emisiones, preservar la capacidad tecnológica nacional y consolidar el liderazgo regional, según un documento de 54 páginas elaborado por la Secretaría de Asuntos Nucleares al que accedió Infobae. Fue difundido el 7 de junio, en el 76° aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

El texto no funciona como un plan operativo con cronogramas ni partidas presupuestarias. Es un marco doctrinario que define qué debe esperarse del sector, por qué el Estado lo sostiene y con qué lógica se tomarán las decisiones.

Ese marco parte de un diagnóstico técnico de las capacidades instaladas y culmina con críticas hacia las gestiones anteriores. “El problema central del sector nuclear argentino dejó de ser de naturaleza técnica con bastante antelación al período presente”, sostiene el documento, que añade que la capacidad de diseño, operación, fabricación y producción “está consolidada”, pero no ocurrió lo mismo con el andamiaje institucional, comercial y de gestión que permita convertirla en industria a escala, exportaciones sostenidas y retorno verificable para el país.

Falencias y dominios

El documento afirma que la Argentina integra el grupo de 15 países que dominan la totalidad del ciclo del combustible nuclear. También recuerda que opera tres centrales de potencia, exporta reactores de investigación, produce radioisótopos médicos y forma cuadros técnicos con reconocimiento internacional.

La Comisión Nacional de Energía Atómica fue creada en mayo de 1950. Ocho años después, el país ya operaba el primer reactor de investigación de América Latina, construido localmente, y desde entonces acumuló capacidades en operación de reactores, fabricación de elementos combustibles, producción de radioisótopos médicos y exportación de reactores de investigación.

Sobre esa trayectoria, los lineamientos formulan una crítica política e institucional. “Lo que el país hizo bien lo sostuvo durante décadas, y lo que hizo mal lo sostuvo también durante décadas”, dice el documento, que resume la asimetría en otra frase: “Argentina ha producido sostenidamente ciencia y técnica nuclear de nivel internacional, pero no ha logrado convertir esa producción en industria de escala equivalente”.

La nueva arquitectura oficial comenzó el 9 de diciembre de 2025, cuando el gobierno de Javier Milei creó la Secretaría de Asuntos Nucleares en la órbita del Ministerio de Economía. Según el comunicado difundido entonces por el Palacio de Hacienda, la estructura fue diseñada para supervisar y coordinar el sector con el objetivo de aportar dinamismo y mayor eficacia a la política pública vinculada a la actividad. El titular del flamante organismo es Federico Ramos Nápoli.

De acuerdo con ese mismo comunicado, la Casa Rosada buscó potenciar una tradición de “75 años de historia” y aprovechar recursos como el uranio para posicionar al país como proveedor estratégico internacional de ese mineral. Seis meses después, los lineamientos identificaron tres rasgos que, a juicio de la secretaría, distinguen a la actividad nuclear del resto de las industrias.

El primero es la densidad tecnológica acumulada: un sector nuclear completo integra física aplicada, ingeniería de materiales, química de procesos, sistemas de control e ingeniería de seguridad.

La segunda es la barrera de entrada elevada: construir capacidad nuclear desde cero requiere inversiones de decenas de miles de millones de dólares y plazos de entre 15 y 25 años. Los países que disponen de recursos financieros pero carecen de trayectoria nuclear no pueden adquirir ese acceso mediante compra simple; quedan estructuralmente condicionados a depender de los pocos que sí poseen las capacidades. Argentina ya está del lado favorable de esa barrera.

La tercera es el carácter de infraestructura crítica de seguridad nacional: la operación nuclear involucra materiales fisionables y compromisos de no proliferación, es decir, no concentrar uranio 235 a nivel militar —esto es, al noventa por ciento para fabricar armas atómicas—, una responsabilidad que el país cumple desde la creación de la CNEA y que únicamente el Estado puede asumir, lo que hace imposible la delegación pura al mercado.

A esas tres características se agrega la posición geopolítica favorable de Argentina: está fuera de las zonas de conflicto que afectan al sector nuclear global, no mantiene tensiones con potencias nucleares y combina capacidad técnica acumulada con estabilidad geopolítica, “una combinación que pocos países del mundo presentan simultáneamente”, según el texto.

Las nueve potencias nucleares que poseen armamento atómico de destrucción masiva son: Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.

El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) en su informe 2026 asegura que estos estados poseen un inventario global de aproximadamente 12.187 ojivas nucleares. Rusia y Estados Unidos concentran casi el noventa por ciento de ese arsenal.

Exportar tecnología y no subsidiar proyectos inviables

Los “Lineamientos Política Nuclear Argentina 2026” establecen que la política de la Secretaría de Asuntos Nucleares “se ordena en torno a cuatro metas con jerarquía explícita”. Cuando dos entran en tensión, prevalece la de mayor rango.

El primero y más alto es la generación de divisas mediante exportaciones de alto valor agregado. El documento señala que Argentina debe constituirse como un actor clave en la cadena de suministros global de tecnología nuclear, priorizando segmentos donde la oferta mundial está concentrada en pocos proveedores y la demanda proyectada excede la capacidad instalada disponible. Quedan expresamente excluidas de este objetivo la exportación de uranio sin procesamiento —“segmento de bajo margen donde Argentina no presenta ventajas comparativas estructurales”— y los proyectos cuya viabilidad dependa de subsidios cruzados con recursos públicos.

El segundo objetivo es la seguridad energética con bajas emisiones. Las líneas de acción son tres: operar las centrales existentes —Atucha I, Embalse y Atucha II— en condiciones óptimas de disponibilidad técnica y costo operativo; evaluar caso por caso la incorporación de nueva capacidad de generación nuclear bajo el mismo estándar comparativo aplicable a cualquier otra alternativa; y participar de forma informada en el desarrollo global de reactores modulares pequeños, sin precipitar inversiones que la demanda eléctrica argentina no respalde. El texto descarta explícitamente como meta la maximización de la participación nuclear en la matriz eléctrica como fin en sí mismo.

La tercera meta es preservar y desarrollar la capacidad tecnológica nacional mediante la consolidación y modernización del sistema de formación nuclear especializada y su incorporación progresiva a universidades nacionales con tradición en ingeniería.

El cuarto objetivo es el liderazgo regional y el posicionamiento geopolítico: consolidar a Argentina como referencia técnica e institucional del sector nuclear en América Latina y el Caribe, y traducir su pertenencia al grupo de países con capacidad nuclear plena en ventajas concretas de inserción internacional, alianzas estratégicas y participación en los foros multilaterales donde se definen las reglas del sector.

El liderazgo regional, establece el documento, se construye mediante oferta de valor sostenida en el tiempo, no mediante imposición de modelos ni dependencias asimétricas. A nivel global, Argentina ofrece su trayectoria de uso pacífico y cumplimiento riguroso de los regímenes de no proliferación como activo de credibilidad institucional.

El precio del uranio, la IA y la geopolítica

Los lineamientos sitúan esta política en una “cuarta fase” del sector nuclear global iniciada alrededor de 2020. El texto repasa la secuencia marcada por el accidente de Chernobyl en 1986, la hibernación posterior a Fukushima entre 2011 y 2020 y la recesión que llevó el precio del uranio a USD 18 por libra en 2016; diez años después, afirma, ese valor casi se triplicó y hay cerca de 70 unidades adicionales en construcción en el mundo.

El primer factor que explica la oportunidad, según el documento, es la reestructuración de las matrices energéticas. La transición hacia bajas emisiones requiere generación firme y despachable, y la energía nuclear aparece allí como la única opción industrialmente probada a escala global para ese segmento.

El segundo factor es el aumento de la demanda eléctrica asociada a centros de cómputo vinculados con inteligencia artificial. El texto sostiene que esas cargas requieren suministro continuo y altos estándares de confiabilidad, un perfil que se alinea con la generación nuclear y, en particular, con los reactores modulares pequeños aún en proceso de maduración comercial.

El tercero es el reposicionamiento geopolítico de las cadenas del ciclo del combustible. El documento describe una transición desde un mercado optimizado por costo hacia otro segmentado por confiabilidad geopolítica, y señala que capacidades críticas como la conversión y el enriquecimiento estaban concentradas en pocos proveedores, algunos hoy afectados por tensiones políticas que empujan a las economías occidentales a buscar diversificación.

Aunque no los menciona de manera expresa, el propio texto permite identificar a actores como la empresa rusa Rosatom y a Kazajistán por su peso en el abastecimiento global y por el impacto geopolítico derivado de la invasión rusa a Ucrania, iniciada el 24 de febrero de 2022. En menor medida, la descripción también remite a la concentración de oferta en China.

El documento agrega dos señales financieras e institucionales del cambio global: el Banco Mundial levantó su prohibición de financiar proyectos nucleares y la Corporación Andina de Fomento estrechó vínculos con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), que depende de Naciones Unidas y está conducido por el diplomático argentino Rafael Grossi.

Ingresos claros

La estrategia oficial promueve una convergencia progresiva hacia esquemas de articulación público-privada similares al de CONUAR S.A., una empresa con capital mayoritariamente privado y participación minoritaria de la CNEA que opera desde hace más de cuatro décadas. La conformación accionaria propuesta prevé al socio privado como aportante mayoritario del capital y a la CNEA como socio minoritario que aporta tecnología y personal capacitado.

Los seis principios rectores del documento refuerzan esa lógica. El primero establece que la validación de proyectos debe basarse en criterios comerciales y afirma: “Un proyecto que demuestra factibilidad técnica pero no encuentra cliente no debe entenderse como éxito incompleto sino como costo en sentido económico estricto”.

El segundo sostiene que la autonomía nuclear se demuestra con entregas efectivas y no con declaraciones públicas. “Argentina dejó de necesitar esa retórica en el momento en que adquirió capacidad técnica real”, señala el texto.

El tercer principio indica que la continuidad institucional sin resultados verificables es inercia y no virtud. El cuarto fija que el sector existe para producir, abastecer y exportar, y relega la investigación a un papel legítimo pero subordinado a esa finalidad productiva.

El quinto reconoce al sector privado como socio del Estado en la ejecución sectorial. El sexto impone disciplina fiscal y eficiencia operativa como condiciones obligatorias y no como preferencias programáticas: “La importancia estratégica eleva el estándar de exigencia al que cada proyecto debe responder, dado que las áreas estratégicas requieren mayor rigor en la asignación de recursos y no menor”, sostiene el informe, que explicita que el Gobierno busca que la participación de la Comisión Nacional de Energía Atómica en proyectos actuales y futuros le genere ingresos claros en lugar de gastos.