
La situación de los trabajadores de los hoteles de Chapadmalal encendió una fuerte alarma luego de que, según denunciaron, recibieron una notificación de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) que los intimó a abandonar las viviendas que ocupan desde hace décadas.
Florencia Marco Ruiz, delegada de ATE y representante de parte de los trabajadores, habló en Radio Brisas y detalló el contenido del acta. “Recibimos un acta para que en 10 días dejemos las viviendas y nos tratan de intrusos. Nos afecta a más de 30 familias que hace más de 20 años vivimos en estos pabellones que son cedidos por nuestro empleador”, expresó.
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La dirigente sindical remarcó que las viviendas forman parte de las condiciones laborales. “Nos entregan esas viviendas no como un favor, sino como trabajadores del Estado. El compañero que menos cobra son 500 mil pesos y el que más cobra no llega al millón”, señaló. En ese sentido, insistió: “Quiero aclarar que no somos intrusos”.
Marco Ruiz vinculó la intimación con un posible proceso de concesión de la unidad turística. “Quieren concesionar la unidad turística. Quieren agarrar todo y dejarnos en la calle”, denunció.

Además, cuestionó el rol del organismo que emitió la notificación. “El AABE no es nuestro empleador”, subrayó, y reclamó definiciones de las autoridades competentes. En esa línea, indicó que ya enviaron notas formales a Jefatura de Gabinete y al área de Turismo. “Todavía nadie nos respondió”, afirmó.
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El acta estableció un plazo de 10 días para abandonar las viviendas, algo que los trabajadores rechazaron de manera contundente. “Ya estamos asesorándonos. En 10 días tenemos que contestar. Nos vamos a defender”, adelantó la delegada.
En medio de la incertidumbre, la dirigente gremial fue tajante sobre la postura que adoptarán. “No vamos a entregar las viviendas. No vamos a aceptar que nos apuren sin ninguna firma de un juez”, sostuvo.
Por su parte, la senadora provincial Fernanda Raverta, de Fuerza Patria, presentó un proyecto de ley para que la Provincia de Buenos Aires recupere la titularidad de dominio y asuma la administración de la Unidad Turística Chapadmalal. “Lo que está en discusión no es solo la propiedad de un predio, sino qué modelo de país queremos: uno donde todo se vende o uno donde hay cosas que se cuidan porque son de todos”, expuso.
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Actualmente, estiman que son alrededor de 50 viviendas las que forman parte del conflicto, en una situación que podría escalar si no aparecen respuestas oficiales en los próximos días.
En abril del año pasado, el Gobierno nacional definió el destino de las Unidades Turísticas de Chapadmalal y Embalse, dos complejos históricos vinculados al turismo social en el país. Desde la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación anunciaron la transferencia a la AABE para luego comenzar la licitación para la concesión o venta.

Además, en ese entonces, indicaron que en Chapadmalal había unas 30 personas que administraban el lugar, a la espera de personal para reforzar la seguridad, provisto por la AABE. Una situación similar se registró en Embalse, en Córdoba, con un staff reducido de trabajadores.
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En relación a los puestos de trabajo, habían adelantado que dependería “de la inversión que hagan los privados”. La decisión de avanzar con la licitación de estos complejos hoteleros se apoyó en datos oficiales que señalaban que generaban una pérdida de “más de 10 millones de dólares anuales” y que “en el último año se disminuyó a 1 millón”.
Esa definición se impulsó a través de una carta dirigida al titular de Turismo, Daniel Scioli, en la que una cámara que agrupa al sector hotelero y gastronómico expresó su desacuerdo con la administración estatal de los complejos.
“Entendemos que esta forma de promover el turismo y en particular que el Estado Nacional se dedique a la actividad hotelera representa una abierta contradicción con los principios pregonados por el Presidente de la Nación, dado que el Estado Nacional se entromete en una actividad que siempre fue considerada como una acción de los privados”, señaló el comunicado.
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