Mahiques no asistirá a la audiencia pública para designar al nuevo titular de la UIF porque viajará Israel con Milei

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, resolvió delegar la conducción de la audiencia pública clave para la designación del próximo presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), ante la imposibilidad de encabezar el acto por compromisos oficiales fuera del país.

Esta instancia, central para la validación legal y la transparencia en la elección del nuevo titular del organismo, quedó oficialmente a cargo del secretario de Justicia, Santiago Viola, según la resolución publicada en el Boletín Oficial.

La decisión se debe a que Mahiques integará la comitiva que acompañará al presidente Javier Milei en su visita oficial al Estado de Israel entre el 18 y el 22 de abril de 2026.El día en el que está previsto el regreso es la fecha fijada para la realización de la audiencia en la sede del Ministerio de Justicia en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante este encuentro se analizará la propuesta de nombramiento de Matías Gabriel Álvarez como presidente de la UIF, organismo clave en la lucha contra el lavado de activos. Tal como dispone el artículo 9 de la Ley 25.246 y sus modificatorias, cualquier persona o institución podrá expresar observaciones u objeciones al candidato propuesto, conforme al procedimiento detallado en el Decreto 1172/03.

Álvarez cuenta con experiencia previa en organismos estatales vinculados al control financiero y la administración pública. Su designación fue impulsada por el Ministerio de Justicia, que subrayó la importancia de seleccionar a una figura con antecedentes técnicos y conocimiento del sistema de prevención del lavado de activos. Si recibe el visto bueno tras la audiencia pública, Álvarez deberá afrontar el desafío de modernizar los sistemas de control y fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra los delitos económicos.

Según detalla el Boletín Oficial, este encuentro público es parte del proceso institucional para cubrir la vacante formalizada tras la aceptación de la renuncia de Paulo Starc a la presidencia del organismo, mediante el Decreto DECTO-2026-45-APN-PTE del 23 de enero de 2026. La convocatoria y nominación de Álvarez fueron oficializadas el 17 de marzo de 2026, acto ahora corregido para delegar la presidencia de la audiencia debido al viaje oficial del ministro.

La audiencia pública es parte de un procedimiento riguroso y transparente para el nombramiento de la máxima autoridad de la UIF, cuyo objetivo es recibir e incorporar posibles objeciones o aportes de la sociedad civil y de organismos especializados antes de la designación definitiva.

Los cambios en la administración

En paralelo al proceso de selección del nuevo titular de la UIF, el Gobierno sigue avanzando con una profunda reestructuración de los principales organismos de control y fiscalización del Estado. Mahiques solicitó la renuncia de los titulares de la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Procuración del Tesoro, además de la UIF. Según fuentes del Ministerio de Justicia, la medida busca allanar el proceso de transición y evitar conflictos administrativos.

De esta manera, Sebastián Amerio pasó a ser el procurador del Tesoro Nacional, puesto que antes ocupaba Santiago Castro Videla. A su vez, Alejandro H. Ramírez asumió la conducción de la IGJ.

El objetivo declarado por el Ministerio de Justicia es facilitar el traspaso de la gestión y evitar dificultades administrativas durante el período de intervención. La medida abarca a organismos clave para la supervisión y el control del sistema financiero, societario y de seguros, en un contexto donde el Gobierno busca la transparencia.

El Poder Ejecutivo justificó estas acciones señalando la necesidad de fortalecer los mecanismos de control estatal en áreas consideradas estratégicas para el funcionamiento del sector público y la prevención de delitos financieros. A través de estos cambios, el Gobierno apunta a restablecer la confianza en los organismos de fiscalización y asegurar que sus acciones se ajusten a los intereses públicos y a la legalidad vigente.