Docentes y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizaron desde las 10 de la mañana una jornada de clases públicas frente al edificio donde reside el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la calle Miró al 500, barrio de Caballito. La actividad, que se desarrolló durante todo el día, buscó visibilizar la crisis presupuestaria que enfrentan las universidades públicas y evidenciar el contraste entre la situación salarial de docentes y la situación patrimonial del funcionario.
El inmueble donde vive Adorni, adquirido en noviembre de 2025, se encuentra a escasas cuadras de la sede de Filosofía y Letras de la UBA, lo que facilitó la presencia de cátedras completas que habitualmente dictan clases en Puán. En el lugar se congregaron estudiantes, docentes, vecinos y jubilados que, según describió Luca Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL), participan habitualmente de movilizaciones en defensa de la educación pública.
El evento se inscribe en el marco de un paro nacional de 72 horas convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, que agrupa a federaciones como Conadu y Conadu Histórica. La protesta recibió el respaldo de sindicatos y agrupaciones de izquierda, y se desarrolló mientras continúan las investigaciones judiciales sobre el patrimonio de Adorni, denunciado por presunto enriquecimiento ilícito y bajo análisis por la adquisición de propiedades y vuelos privados.
Durante la jornada, las clases públicas abordaron temas como la reciente orden judicial que obliga al Gobierno Nacional a aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario, el proyecto de modificación de la ley de glaciares y el aniversario del inicio de la última dictadura militar. Se sumaron trabajadores de FATE y vecinos del barrio, quienes manifestaron su apoyo a los reclamos por mejores condiciones laborales y mayor presupuesto para el sector.
La protesta frente al departamento de Adorni fue impulsada “no sólo por la exigencia de la recomposición salarial, sino en defensa de la universidad pública y en acompañamiento a los trabajadores docentes y no docentes”, indicó Bonfante en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.
Las consignas más reiteradas señalaron el marcado contraste entre los 228.095 pesos netos que percibe un ayudante de primera en la UBA y el nivel de vida del jefe de Gabinete desde que asumió el cargo, situación que ha generado críticas y denuncias de diversos sectores. Según informaron los organizadores, la elección del lugar no fue casual: se buscó “dejar en evidencia la precariedad salarial frente a un funcionario investigado por su crecimiento patrimonial”.
El departamento de Adorni, situado en una de las zonas más exclusivas de Caballito, fue adquirido por USD 230.000 mediante una hipoteca no bancaria otorgada por las anteriores propietarias, según un documento obtenido por el diario La Nación. No obstante, una gran cantidad de publicaciones del rubro inmobiliario indican que el precio actual de mercado de propiedades similares en edificios de la zona es superior a lo declarado por el funcionario.
La polémica patrimonial involucra además la compra de una casa en el country Indio Cuá Golf Club de Exaltación de la Cruz a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, y viajes al exterior, entre ellos un vuelo privado a Punta del Este en Carnaval y un viaje a Nueva York como parte de la comitiva presidencial. El funcionario reconoció públicamente que vive en el barrio de Caballito, pero evitó dar detalles sobre otras propiedades o el origen de los fondos para la compra de inmuebles.
La última declaración jurada de Adorni presentada ante la Oficina Anticorrupción corresponde a 2024, ya que el plazo para la del año siguiente vence a mitad de este año. En ese documento figura sólo un departamento en Parque Chacabuco y otro en La Plata, ambos adquiridos antes de llegar a la jefatura de Gabinete. El inmueble de Caballito, adquirido en noviembre de 2025, aún no aparece en la documentación oficial.
El fiscal federal Gerardo Pollicita concentra las denuncias promovidas por diputados nacionales, quienes aportaron documentación sobre el pago de expensas y solicitaron la citación de la escribana que intervino en las operaciones inmobiliarias. El funcionario y su esposa también figuran como deudores ante la AGIP por cuotas impagas del impuesto inmobiliario correspondientes a 2025 y 2026.
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