Mahiques continúa con los cambios en Justicia y reemplazará al actual subsecretario de Derechos Humanos

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, continúa con los cambios dentro de la cartera y se espera que esta semana concrete una modificación en la Subsecretaría de Derechos Humanos.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, Joaquín Mogaburu dejará su cargo a pocos tres meses de haber iniciado su gestión y será reemplazado por Leonardo Szuchet, un abogado penalista que ya ocupó puestos en el área durante la administración de Mauricio Macri en la Ciudad y la Nación.

El relevo ocurre en el marco de la reconfiguración impulsada por Mahiques, quien busca consolidar un equipo propio en áreas clave tras su reciente asunción. Mogaburu, que había ingresado por su cercanía con Sebastián Amerio, ex número dos del ministerio en la gestión de Mariano Cúneo Libarona.

Szuchet se desempeñó como jefe de gabinete de Claudio Avruj durante la gestión nacional de Cambiemos y fue director de atención a las víctimas en la Ciudad de Buenos Aires entre 2011 y 2015. Actualmente, es vicepresidente del Consejo Argentino para el Desarrollo y los Derechos Humanos. El cambio sería oficializado el próximo miércoles.

La noticia se conoce días después del 50° aniversario del inicio de la última dictadura militar. En este contexto, pese al cambio, desde el Gobierno deslizaron que no habrá variaciones en su postura respecto a los derechos humanos.

La semana pasada, se conoció la salida de un funcionario clave. Se trata de Alejandro Melik, quien fue designado en diciembre de 2023 al frente de la Oficina Anticorrupción. Finalmente, su renuncia fue oficializada el pasado 27 de marzo a través de la publicación del decreto 194/2026.

Una de las apariciones más relevantes de Melik ocurrió cuando explotó el caso $Libra, dado que firmó una resolución que recomendaba interpretar el accionar de Javier Milei “como un acto de comunicación individual o privada”. El texto se emitió tras una investigación administrativa que analizó la conducta del mandatario y de otros funcionarios en relación con la promoción pública de este proyecto.

En su lugar, Mahiques designó a la doctora Gabriela Carmen Zangaro, una letrada egresada de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y especialista en Derecho Penal con una extensa trayectoria en el ámbito judicial y académico.

Realizó el Doctorado en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad del Salvador, completó el Posgrado en Derecho Penal en la Universidad Católica Argentina y profundizó su formación en Derecho Penal Tributario en su aplicación al área de Ciencias Económicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, de acuerdo a lo que indica consejo.jusbaires.gob.ar.

Inició su carrera judicial en 1989 y, desde entonces, ha ocupado distintos cargos en el Poder Judicial e integra el cuerpo docente del ciclo de Formación de la escuela de posgrado del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, donde participa en la capacitación de profesionales del derecho.

Durante cuatro años formó parte del Jurado de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, donde representó a los jueces en procesos de evaluación y control. A lo largo de su carrera, la magistrada combinó la labor jurisdiccional con la docencia, participando en distintas instancias de formación y actualización dentro del ámbito jurídico.

En paralelo, designaron a la subsecretaria de Acceso a la Justicia que remplazará a Tristán Arturo Corradini, quien estuvo al frente hasta el 6 de marzo pasado.

Al igual que con Melik, con el decreto 195/2026, agradecieron al funcionario por haber desempeñado dicho cargo y procedió con el nombramiento de la politóloga Jimena Belén Capece.

La Subsecretaría de Acceso a la Justicia cumple un rol central en la elaboración y coordinación de programas jurídicos, sociales y de atención comunitaria bajo la órbita del Ministerio. Entre sus principales funciones, se encuentra la tarea de diseñar, planificar e implementar políticas públicas federales de acceso a la Justicia, con el objetivo de garantizar que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos de manera efectiva en todo el país.