Tras la decisión de la Cámara Federal, volvieron a intervenir OSPRERA

El Gobierno volvió a hacer efectiva la intervención de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) tras la resolución de la Cámara Federal, que revocó la decisión de primera instancia mediante la cual se restituyó la conducción al secretario general de la UATRE, José Voytenco.

La medida oficializó esta madrugada a través de la publicación en el Boletín Oficial del decreto 127/2026. De esta manera, el Ejecutivo fijó en 180 días la duración del proceso y nombró al doctor César Augusto Lococo como administrador provisorio. A su vez, facultaron al Ministerio de Salud a ampliar el período de intervención, si es que consideran que no se han alcanzado los objetivos de la intervención.

Esta decisión del Gobierno llega luego de la resolución de la Sala N° 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, que revocó el 19 de febrero de 2026 una medida judicial previa que ordenaba la restitución de las autoridades originales de OSPRERA. Con este fallo, los magistrados ordenaron al juez federal Sebastián Casanello el “inmediato restablecimiento” de la intervención.

La decisión, adoptada por mayoría con los votos concurrentes de los camaristas Roberto Boico y Martín Irurzun, y la disidencia del juez Eduardo Farah, se produjo a partir de un recurso de apelación presentado por la parte querellante, encabezada por el dirigente Marcelo Andrada y asistido por el abogado Andrés Marutian. Los apelantes objetaron la decisión de Casanello de levantar las medidas cautelares dictadas en el expediente que investiga presuntos delitos de administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito, poniendo el foco en los motivos del juez para devolver el control de la obra social a la conducción sindical.

Todo se enmarca en una causa caratulada «VOYTENCO, JOSE ANTONIO s/INFRACCIÓN ART. 303» pone bajo la lupa presuntos delitos de administración fraudulenta y enriquecimiento ilícito en la gestión de los fondos de salud de los trabajadores rurales. Entre los episodios destacados, figura la compra de un inmueble de lujo en el partido bonaerense de Cañuelas, que habría sido financiado con fondos presuntamente desviados de la entidad hacia pares vinculados.

La denuncia también detalla contrataciones irregulares con empresas prestadoras, señaladas por la parte acusadora como vinculadas con el entorno de Voytenco y, desde las cuales, se habrían canalizado beneficios económicos ilícitos, que habrían precipitado el vaciamiento y colapso financiero de OSPRERA.

En consecuencia, la decisión de la Cámara ratificó la autoridad de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) para adoptar medidas orientadas a la normalización y garantía de la prestación, excluyendo cualquier posibilidad de restablecimiento definitivo del directorio desplazado.

En ese sentido, uno de los principales argumentos de la SSS para solicitar al Ejecutivo que proceda con la intervención fueron el alto nivel de litigiosidad y endeudamiento, así como el persistente deterioro del funcionamiento del organismo.

De acuerdo con el decreto, este proceso es una medida temporal y proporcionada, destinada a asegurar la continuidad y regularidad de la asistencia médica a los afiliados, que se considera “un servicio de carácter esencial”.

Cambios de conducción en OSPRERA

Sobre Lococo, el Gobierno destacó su idoneidad, al tiempo que aseguró que cuenta con los antecedentes profesionales y la experiencia en la materia.

La primera intervención se había oficializado mediante la publicación del decreto 720/2024, motivada por las irregularidades detectadas en la gestión institucional, económica y en la cobertura de servicios. Desde entonces, el proceso atravesó algunos cambios en la conducción.

En un primer momento, estuvo a cargo de Virginia Montero. Tras su renuncia, el doctor Marcelo Carlos Petroni asumió el rol de interventor.

Ahora, Lococo es quien asume la obligación de presentar informes mensuales ante la Superintendencia de Servicios de Salud, detallando la situación institucional, evolución administrativa y prestación de servicios para poder resolver las irregularidades detectadas.