La Asociación Memoria y Justicia denuncia la desaparición forzada de cinco menores bajo custodia del Estado en Nicaragua

La situación de derechos humanos en Nicaragua continúa generando preocupación internacional ante el aumento de denuncias sobre desapariciones forzadas de personas que permanecen bajo custodia del Estado.

La Asociación Memoria y Justicia (AMJ) denunció ayer que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene en desaparición forzada a cinco menores de edad, cuyos paradero y condiciones se desconocen incluso para sus propias familias.

Según una publicación del medio La Mesa Redonda, Claudia Pineda, directora de la AMJ, advirtió acerca de la gravedad de estos casos durante una conferencia virtual sobre la situación de los menores.

Explicó que la organización ha documentado, a través del Monitoreo Azul y Blanco (MAB), al menos 109 víctimas de violaciones a los derechos humanos en los últimos dos meses, entre las que se encuentran los cinco menores desaparecidos. Pineda aclaró que la AMJ cuenta con información proporcionada directamente por las familias, pero no puede revelar detalles sobre los menores por falta de autorización y consentimiento para divulgar sus identidades o circunstancias particulares.

“La situación de los menores es muy delicada. Nosotros no tenemos autorización, ni consentimiento para dar ninguna información sobre los menores. Sí tenemos la información que nos han dado las familias. Y por eso es que podemos decir con evidencia que estos menores están bajo custodia del Estado”, afirmó Pineda.

La directora de la AMJ también destacó que ni siquiera las familias conocen el lugar donde se encuentran los menores ni las condiciones en las que permanecen, lo que agrava el carácter de desaparición forzada.

La gravedad de estos casos fue resaltada en una audiencia de oficio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada el 7 de agosto, donde diversas organizaciones defensoras denunciaron el incremento de la desaparición forzada como mecanismo de control social en Nicaragua.

Carlos Quesada, director ejecutivo del Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, pidió a la CIDH exigir información inmediata sobre las 22 personas reportadas como desaparecidas, incluidas dos niñas menores de edad.

“Informar de forma inmediata a las familias de las 22 personas desaparecidas, entre ellas dos niñas menores de edad, sobre el sitio en que estas se encuentran y su situación”, solicitó Quesada.

Durante la audiencia, la comisionada de la CIDH Rosa María Payá exigió respuestas directas al régimen sobre el paradero de estas menores: “¿Dónde están las dos niñas desaparecidas?”. Las dos niñas mencionadas serían hijas de Elvia Flores Castillo, quien también figura en la lista de 23 personas desaparecidas documentadas por la AMJ. La presencia de cinco menores entre las víctimas evidenciadas por la organización demuestra que la represión estatal no se limita a opositores adultos o líderes políticos, sino que afecta también a niños y adolescentes.

De acuerdo con distintas organizaciones civiles nicaragüenses, la desaparición forzada se ha convertido en una práctica sistemática, utilizada como herramienta de intimidación y castigo contra quienes se perciben como opositores o críticos al gobierno. El Colectivo Nicaragua Nunca Más y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) han documentado casos de desapariciones en comunidades rurales, donde campesinos han sido detenidos por fuerzas de seguridad sin que sus familias reciban información oficial sobre su paradero, condición o estado de salud.

En zonas rurales, las denuncias sobre campesinos desaparecidos han aumentado de manera considerable desde 2018, especialmente en contextos de protestas o resistencia organizada contra políticas estatales. Testimonios recogidos por organismos de derechos humanos reportan que tras operativos policiales o militares, varias personas han sido detenidas y sus familias solo reciben información fragmentaria o nula sobre su localización. Según informes de la Asociación de Familiares de Presos Políticos y el Movimiento Campesino, decenas de campesinos permanecen bajo desaparición forzada, algunos durante meses o años, sin garantías de debido proceso ni acceso a defensa legal.

Las organizaciones internacionales han reiterado que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad y han solicitado en repetidas ocasiones al gobierno nicaragüense información detallada sobre el paradero de las personas desaparecidas, permitiendo la intervención de organismos independientes para verificar su situación. La falta de transparencia y la imposibilidad de acceso a centros de detención refuerzan la incertidumbre y el sufrimiento de las familias, mientras la comunidad internacional sigue exigiendo el cese inmediato de estas prácticas y la restitución de los derechos vulnerados.

En este contexto, la documentación y denuncia de cada caso por parte de organizaciones civiles resulta fundamental para mantener la presión internacional y exigir justicia para las víctimas, tanto menores como adultos, incluyendo campesinos y líderes comunitarios. La persistencia de la desaparición forzada en Nicaragua evidencia la urgencia de mecanismos eficaces de protección y de una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional.