Diputados opositores impulsan un proyecto para declarar la emergencia salarial educativa y reforzar los ingresos de los docentes

Diputados de la oposición presentaron un proyecto de ley destinado a declarar la emergencia salarial educativa y recomponer los ingresos de los docentes en todo el país. La iniciativa surge en medio de un inicio de ciclo lectivo marcado por conflictos salariales, huelgas y protestas en distintas provincias, motivados por el fuerte deterioro del poder adquisitivo docente.

Según los fundamentos del proyecto, entre 2023 y 2025 el salario de los maestros perdió en promedio un 19% de su capacidad de compra, y se registraron retrocesos salariales en 19 de las 24 jurisdicciones del país.

Además de la caída del salario real, los autores del proyecto afirman que la inversión educativa nacional sufrió un descenso del 47,7% durante la actual gestión, y la participación de la educación en el PBI cayó al 0,82% en 2025, el nivel más bajo desde 2005. A esto se agrega la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), la ausencia de paritarias nacionales y el veto a leyes de financiamiento educativo. El impacto de estas medidas se traduce en un escenario de ajuste y precarización laboral para los docentes, con consecuencias directas en la calidad de la enseñanza y el funcionamiento de las escuelas, indicaron los legisladores.

El proyecto, impulsado por diputados de distintos bloques y provincias, busca crear el Fondo de Fortalecimiento Salarial Educativo, financiado con el 1% del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Este fondo tendría asignación específica y distribución automática, de modo que los recursos sean transferidos sin discrecionalidad política y lleguen directamente al recibo de sueldo de los docentes. El texto pretende establecer mecanismos claros y transparentes para la rendición de cuentas y prevé que los fondos sean inembargables y de llegada directa a los beneficiarios. La intención es terminar con el manejo discrecional de los ATN y garantizar un verdadero federalismo en el financiamiento educativo.

Como parte del complemento salarial, el proyecto prevé que docentes, directivos y no docentes de la educación obligatoria estatal reciban $52.269 mensuales, mientras que quienes se desempeñan en escuelas de alta vulnerabilidad accedan a una compensación adicional de $67.204. De esta manera, el refuerzo total por cargo puede alcanzar los $119.473 mensuales entre marzo y diciembre, priorizando a quienes trabajan en contextos de mayor complejidad social. La medida beneficiaría a más de 916 mil trabajadores de la educación y tendría impacto directo en el bolsillo de quienes sostienen el sistema en condiciones adversas.

La iniciativa también contempla la necesidad de revertir el deterioro de la infraestructura escolar y apoyar la educación técnica. Para ello, propone destinar el remanente de los ATN de 2025, que no fue ejecutado y alcanza los $740.500 millones, a obras, reparaciones y mantenimiento en escuelas de todo el país. El 75% de estos recursos se asignaría a la mejora de la infraestructura en escuelas estatales de nivel inicial, primario y secundario, y el 25% restante a establecimientos de educación técnica secundaria. De esta manera, el proyecto busca atender tanto la emergencia salarial como las condiciones materiales de enseñanza y aprendizaje.

Uno de los puntos destacados es que la propuesta no crea nuevos impuestos ni modifica el régimen de coparticipación. Se limita a reasignar recursos ya existentes, eliminando cualquier margen para la discrecionalidad política. Destacan que el dinero vuelve a las provincias y llega al aula de manera directa, bajo un esquema de transparencia y rendición obligatoria. “La situación actual no responde a un hecho fortuito, sino a una determinación política del Gobierno. El poder ejecutivo nacional ha optado por desestimar su responsabilidad en la materia, transfiriendo el costo de la crisis a las provincias”, señalaron los autores del proyecto.

Entre los impulsores se encuentran Nicolás Trotta (Buenos Aires), Natalia De la Sota (Córdoba), Miguel Ángel Pichetto (Buenos Aires), Guillermo Snopek (Jujuy), Marcela Pagano (Buenos Aires), Sebastián Galmarini (Buenos Aires), Esteban Paulón (Santa Fe), José Glinski (Chubut), Mónica Frade (Buenos Aires), Maximiliano Ferraro (CABA), Moira Lanesan Sancho (Santa Cruz), Agustina Propato (Buenos Aires), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Martín Aveiro (Mendoza), Jorge Chica (San Juan), Cristian Andino (San Juan), Pablo Yedlin (Tucumán), Ernesto Alí (San Luis), Luis Basterra (Formosa), Raúl Hadad (Corrientes), Santiago Roberto (CABA), Marcelo Mango (Río Negro) y Pablo Todero (Neuquén), reflejando un compromiso federal y transversal.

“La sostenibilidad del sistema es inseparable de salarios dignos para los docentes y los trabajadores de la educación”, afirmó Nicolás Trotta.

El ex ministro de Educación, agregó: “Mientras el gobierno nacional elimina herramientas como el FONID, fija aumentos en cuotas que no alcanzan y profundiza el ajuste educativo, nosotros proponemos una herramienta concreta para recomponer ingresos y sostener el sistema educativo”.