Un abogado laboralista anticipó que la reforma provocará conflictos en las empresas

La reforma laboral obtuvo media sanción en el Senado. Julián De Diego, abogado laboralista, dialogó con Infobae en Vivo Al Amanecer. El profesional definió como “positiva” la decisión tomada en el Congreso argentino, aunque advirtió que la legislación vigente es “de la época de las cavernas” y requiere un cambio de fondo.

“El 90% de nuestras leyes tienen más de cincuenta años”, dijo el abogado. En su opinión, esto justifica una actualización para atraer inversión y garantizar previsibilidad en el mercado laboral.

“Nuestra legislación es de la época de las cavernas”, expresó De Diego en el programa Infobae al Amanecer. Explicó que la reforma busca modernizar el sistema, pero precisó: “La iniciativa es positiva porque hay que modernizar la legislación, pero muchas de las modificaciones van a traer conflictos”.

El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana bajo la conducción de Nacho Girón, Luciana Rubinska y Belén Escobar. Se puede escuchar todos los días de 7 a 9 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

Sobre el riesgo de conflicto judicial, sostuvo: “Seguramente va a generar judicialización. La mayoría de los críticos ya anunciaron que la reforma no debe ser aprobada porque precariza derechos fundamentales”. Según De Diego, los abogados laboralistas opositores ya preparan procedimientos judiciales para intentar frenar la implementación de los artículos considerados más polémicos.

El especialista resaltó la diferencia entre la aplicación general de la ley y la prohibición de la retroactividad: “La legislación laboral no puede ser retroactiva. Esto está claro en las normas del Código Civil y Comercial de la Nación y en la Constitución Nacional”.

Acerca de los derechos adquiridos, señaló: “Para el trabajador que viene contratado con anterioridad a la reforma, tiene todos los derechos adquiridos, todas las garantías, todos los beneficios de su trayectoria. Pero el despido y la indemnización son derechos en expectativa: se aplica el derecho vigente al momento que se produce el despido”. Y agregó: “Lo que pasa es que una cosa es la retroactividad y otra cosa es la aplicación. La aplicación es para todos”.

En cuanto a la organización del trabajo, el abogado explicó su posición sobre el banco de horas: “Para que pueda ser aplicado tiene que requerir la conformidad del trabajador, porque ya tiene un derecho adquirido sobre el régimen de jornada”. Detalló que debe respetarse el promedio de ocho horas diarias, las doce horas de descanso entre jornadas y las treinta y cinco horas semanales de descanso. Además, subrayó que, aparte del acuerdo del trabajador, la aprobación previa del Ministerio de Trabajo es obligatoria.

Sobre la reducción de las licencias por enfermedad, opinó: “Altera sustantivamente el régimen legal vigente hasta ahora, reduce los plazos y coloca al trabajador en la posición de cobrar el 50% en la mayoría de los casos y 75% en situaciones de gravedad”. Agregó: “Históricamente, la licencia por enfermedad generaba el pago del salario promedio. Ahora se habla de 50% y de 75%”.

Consultado en Infobae al Amanecer sobre el riesgo de inconstitucionalidad, De Diego advirtió que este recorte podría derivar en controversias judiciales, sobre todo si afecta derechos protegidos constitucionalmente.

Al referirse a la justicia laboral, De Diego explicó: “Los procedimientos judiciales son locales, dependen de cada provincia. Puede haber medidas que suspendan la vigencia de la ley, pero van a tener ámbitos restringidos. Habrá soluciones disímiles en las distintas jurisdicciones”, afirmó.

El marco legal internacional también fue parte del análisis. “Tenemos firmados tratados internacionales de derechos humanos y convenios obligatorios con la OIT, que están por encima de la reforma laboral. Muchas de sus cláusulas pueden estar en conflicto con las reformas que se hicieron”, remarcó De Diego. Según el abogado, la existencia de este marco legal genera riesgos de nuevos conflictos normativos si alguna parte de la reforma contradice las obligaciones internacionales asumidas por Argentina.

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