Municipios peronistas del conurbano rechazan la venta de tierras del INTA dispuesta por el gobierno nacional

Una red de intendencias gobernadas por el peronismo en el conurbano bonaerense impulsó algunos pronunciamientos a través de sus Concejos Deliberantes para evitar la venta de terrenos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA AMBA), en el marco del proceso de reestructuración que impulsa la administración nacional. El movimiento coordinado responde al avance oficial para desafectar tierras consideradas improductivas y transferirlas a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo encargado de su gestión y posible comercialización.

Los Concejos Deliberantes de Berisso, Almirante Brown, San Vicente, Luján, General Rodríguez, San Martín, Merlo, Moreno y Berazategui aprobaron ordenanzas para bloquear la iniciativa; mientras que otros distritos como Lomas de Zamora, La Matanza y Avellaneda también trabajan con proyectos que persiguen el mismo objetivo. La reacción de los intendentes se activó tras la presentación de un plan de reducción de tierras y estructura interna, que contempla desafectar 33.836 hectáreas relevadas como “en desuso” de las que busca desprenderse el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger.

El contexto nacional del INTA cambió de manera sustancial desde mayo de 2025, cuando un decreto presidencial modificó su carácter de organismo autárquico a desconcentrado, bajo la órbita del Ministerio de Economía. Esta transformación habilitó la revisión de su patrimonio inmobiliario y la aprobación de un plan para la venta de la mitad de los campos experimentales que posee el instituto. El Consejo Directivo del INTA ya delineó la transferencia de siete predios, uno de ellos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, y encomendó a los Consejos Regionales la evaluación de otros seis para su desafectación.

El proceso abarca, además, la estructura de personal. El plan oficial contempla una reducción de casi 1.800 empleados, que llevaría la dotación de 5.791 a 4.000 agentes. En lo inmediato, la dirección del INTA lanzó un programa de retiros voluntarios que comenzará el 1° de marzo, en paralelo a la revisión de más de 200 programas y líneas de trabajo, con la posibilidad de continuarlos, reformularlos o cerrarlos. El rediseño estructural incluye la revisión de los 15 centros regionales y la posibilidad de fusionar macrorregiones administrativas, así como la evaluación de estaciones experimentales y agencias de extensión.

La decisión de los municipios peronistas se apoya en el argumento de que la reducción del INTA AMBA compromete la asistencia técnica a familias productoras y la articulación territorial con la agricultura familiar. En Merlo, donde gobierna Gustavo Menéndez, el Concejo Deliberante manifestó inquietud por el impacto directo en la generación de oportunidades económicas para pequeños productores. En Moreno, bajo la administración de la intendenta Mariel Fernández, la asistencia técnica del instituto beneficia a más de 400 productores y 12.000 familias, especialmente en el segmento de plantines florales, y la eventual reducción de la estructura local pone en riesgo la continuidad de esa actividad. Desde ese distrito hubo un pronunciamiento del Concejo Deliberante.

En Florencio Varela, cuyo intendente es el kicillofista Andrés Watson, autoridades locales subrayan la importancia del INTA AMBA en la provisión de semillas y microcréditos, al tiempo que remarcan que los predios en cuestión forman parte de un esquema regional de desarrollo científico y tecnológico.

El bloque de intendentes recibió el respaldo de dirigentes rurales y ex funcionarios técnicos, quienes advirtieron que la reestructuración podría desconocer las especificidades productivas y sociales de cada territorio. Proponen, en cambio, fortalecer modelos de bioindustrialización y uso local de la biomasa para alimentos, bioenergía y biomateriales, en vez de avanzar con la venta de tierras y reducción de la planta de personal.

En la última reunión ordinaria del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) del 2025 hubo una intervención de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). En esa oportunidad, Julieta Boedo, integrante de la Coordinación Nacional ATE INTA, planteó: “Desde ATE INTA seguimos en alerta ante el plan de desmantelamiento que intenta implementar el Poder Ejecutivo con el Consejo Directivo de nuestro organismo y que venimos resistiendo hace más de un año. Hacemos responsable a este nuevo Consejo Directivo del vaciamiento del INTA. Está en sus manos no avanzar con este plan de ajuste que desarma completamente tanto al organismo como a los territorios”.

El proceso de desafectación y reorganización del INTA sigue su curso bajo la supervisión del Ministerio de Economía. No es la primera vez que los municipios del AMBA confrontan con medidas dispuestas por el Gobierno nacional y que impacta en sus comunas. Por caso, la famosa tasa vial continúa siendo materia de disputa entre los distritos y la adminsitración de Javier Milei.

La Tasa Vial es un impuesto que se suma al precio del combustible en aquellos municipios que la adoptan. Se trata de un porcentaje adicional que se cobra por cada litro de gasoil o nafta vendido en las estaciones de servicio locales. El recargo suele ubicarse entre el 1 y el 3%, aunque en algunos lugares se opta por un monto fijo por litro.

El año pasado, el gobierno nacional lanzó el Portal de Transparencia Tributaria Muncipal. Allí se expuso, entre otros aspectos, a los municipios que aplican la llamada Tasa Vial en la provincia de Buenos Aires. Entre los distritos que imponen esta tasa figuran Marcos Paz, Escobar, Tigre, Las Heras, Hurlingham, La Matanza, Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Ezeiza, Florencio Varela, Ituzaingó, Lanús, Lomas de Zamora, Luján, Pehuajó, Presidente Perón, Quilmes, Azul, Moreno, Pilar, General Pueyrredón y Pinamar. Los porcentajes varían entre el 0,8% y el 3%, de acuerdo al municipio y tipo de combustible expendido.

Además, algunos distritos optan por aplicar montos fijos por litro o metro cúbico en vez de porcentajes. Entre ellos se encuentran Malvinas Argentinas, Campana, San Fernando, Junín, General Rodríguez y José C. Paz, donde los valores establecidos pueden ir desde $2,75 hasta $30 según el tipo de combustible. La información surge de las ordenanzas fiscales y tarifarias de cada municipio, y puede estar sujeta a modificaciones posteriores durante el año.