Le prohibieron asumir al líder del Sindicato de Camioneros en Corrientes que desobedeció una orden judicial

En un duro fallo, una jueza de Monte Caseros, Corrientes, amplió la medida cautelar que había suspendido las elecciones en el Sindicato de Camioneros correntino, que se hicieron igual el domingo pasado desobedeciendo una sentencia anterior, y le prohibió al moyanista Angel “Wallas” Díaz la proclamación y la toma de posesión de la conducción del gremio.

Al mismo tiempo, le pidió a la Secretaría de Trabajo de la Nación que se abstenga de darle a Díaz el reconocimiento oficial hasta hasta tanto exista decisión judicial firme en la causa que frenó los comicios porque se impidió la participación de una lista opositora.

La resolución fue adoptada este jueves por la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, con Competencia Laboral de Monte Caseros, Amelia Itatí Olivieri, luego de que, en abierto desafío a la suspensión de la votación, el Sindicato de Camioneros de Corrientes realizó las elecciones de autoridades sin la participación de la lista opositora y dio como ganador a Díaz, su titular interino y aliado de Hugo Moyano, con sólo 458 votos de los 3000 afiliados que tiene la organización.

El viernes pasado, la jueza suspendió los comicios previstos para el 11 de enero tras hacer lugar a una acción de amparo de la lista encabezada por los disidentes Alejandro Benítez y Alberto Blanco, que denunciaron presuntas irregularidades en la convocatoria electoral, falta de transparencia, exclusión de afiliados y violación del derecho a la participación democrática.

Ahora, en su nuevo fallo, la magistrada correntina dio “por comprobado un incumplimiento deliberado de la primera medida cautelar que suspendía el acto electoral” en Camioneros ya que, pese a la orden de no efectuar los comicios, el sindicato que lidera Díaz realizó igual el acto eleccionario, modificó el lugar y el horario, controló el acceso y cerró anticipadamente la votación.

“Las acciones del presidente de la junta electoral y del apoderado del sindicato demostraron una voluntad anticipada de desoír la orden judicial y se detectaron maniobras para consolidar un resultado irregular y buscar su convalidación administrativa posterior”, consideró Olivieri en el fallo.

Además, señaló que el riesgo de hechos consumados exige proteger la eficacia de la futura sentencia: “Permitir la proclamación y toma de posesión implicaría diluir la eficacia de la sentencia principal por la dificultad de revertir acciones ya consolidadas y formalizadas”, dijo.

El otorgamiento del certificado de autoridades por la Secretaría de Trabajo de la Nación, además, podría blindar institucionalmente a los elegidos y legitimar de facto la representación, según el procedimiento previsto en la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales.

En el fallo, la jueza considera que existe peligro real, actual e inminente de que se tornen irreversibles los efectos del acto electoral impugnado.

Por eso Olivieri decidió ampliar la medida cautelar para detener todos los avances posteriores a la elección, con las siguientes decisiones: prohibir expresamente la proclamación de la lista vencedora y suspender cualquier acto de ejecución vinculado; prohibir la toma de posesión de los cargos y cualquier acto de gestión o representación en calidad de autoridades electas, y ordenar a la Secretaría de Trabajo de la Nación abstenerse de emitir o registrar certificaciones de autoridades sindicales hasta que haya sentencia firme.

La decisión judicial se fundamenta en pruebas documentales y video, que acreditan el desacato por parte de Díaz, y la jueza de Monte Caseros resaltó que busca salvaguardar el status quo jurídico y la tutela judicial, impidiendo que la desobediencia derive en una cadena de hechos irreversibles.

En realidad, Díaz también había incumplido otra sentencia judicial cuando el 3 de octubre pasado se negó a reinstalar en su cargo al titular del Sindicato de Camioneros de Corrientes, Emilio Rotela, como ordenó el Juzgado Federal de Primera Instancia de Corrientes al considerar que su apartamiento obedeció a decisiones “manifiestamente arbitrarias e ilegítimas”.

A mediados de mayo de 2025, Rotela fue desplazado de la jefatura del sindicato por Díaz y por el secretario Gremial, Mario Alberto Blanco, luego de que aquel los involucró en una denuncia ante la Justicia por malversación de fondos de la organización.

“Wallas” Díaz no sólo no hizo efectiva la reinstalación de Rotela sino que fijó unilateralmente la fecha de los comicios sindicales para el 11 de enero, e incluso avanzó en la designación de la junta electoral sin notificar ni permitir la participación de la lista opositora.

Rotela, cuyo mandato formalmente se extiende hasta el 16 de enero de 2026, denunció a miembros de su propia Comisión Directiva ante la UFRAC (Unidad de Recepción y Análisis de Casos) de Corrientes porque habrían realizado transferencias desde las cuentas del gremio a cuentas personales o familiares por cifras que oscilan entre los 48 millones, 38 millones y 31 millones de pesos en distintos expedientes.

Entre los implicados allí figuran Díaz como acusado de transferir 101 millones de pesos del sindicato a su cuenta personal entre el 2 de enero y el 12 de diciembre de 2024 “sin la referencia adecuada ni las rendiciones correspondientes”, mientras que en el caso de Mario Blanco, secretario Gremial, se lo acusa de haber transferido 31 millones de pesos desde la cuenta sindical a una propia, “con referencias insuficientes y ausencia de rendición o justificación comprobable”.

También denunció a dos empleados administrativos del gremio: a Héctor Cipriano Cantero, por haber realizado 52 transferencias bancarias por un total de37 millones de pesos hacia su cuenta personal, “utilizando conceptos simulados y sin documentación respaldo”, y a Leonardo Javier Sánchez por haber hecho 121 transferencias bancarias por un total de casi38 millones de pesos a su cuenta personal “por conceptos simulados sin facturas ni comprobantes” e incluso se investiga a su esposa, Claudia Abigail Fernández, por haber recibido del sindicato en su cuenta personal unos 10 millones de pesos “sin tener relación alguna” con Camioneros.

Alberto Blanco, candidato a secretario adjunto de la lista opositora, dijo a Infobae que Blanco señaló quelas acusaciones de Rotela derivaron en tres imputaciones concretas (Cantero, Sánchez y su esposa, una maestra ajena al sindicato, pero beneficiaria de transferencias), pero aseguró que las causas que involucran a a figuras del sindicato como Díaz y Blanco “todavía ni se movieron”.