Tierra del Fuego modificó la ley que prohibía las salmoneras y flexibilizó su explotación

A tres años de la prohibición total de las salmoneras, la Legislatura de Tierra del Fuego aprobó la Ley de Acuicultura Sostenible, que reforma la ley provincial 1.355 para flexibilizar la prohibición de la salmonicultura en la región. Se trata de un giro en el enfoque para la explotación de la actividad, que estaba fuertemente restringida en el territorio fueguino luego de una intensa campaña ambientalista en 2021.

El debate generó diferencias en el oficialismo aliado. Pese a contar con el aval del gobernador, Gustavo Melella, la nueva norma se aprobó por la mínima diferencia, con ocho votos a favor y siete en contra. Y se anticipa una judicialización. El legislador Pablo Villegas del Movimiento Popular Fueguino (MPF) calificó la ley de “inconstitucional” y dejó entrever la posibilidad de que sea objeto de revisión judicial.

Entre los aspectos centrales de la ley, se mantiene la prohibición total de actividades de cultivo y producción de salmónidos en aguas del Canal Beagle y otros entornos, como la Laguna Esmeralda y el Lago Fagnano. Pero sí habilita permisos para desarrollar la actividad en otros cuerpos de agua. Por ejemplo, la ley estipula el uso consultivo de las aguas y la continuación del resguardo y repoblamiento de peces bajo los parámetros de sustentabilidad definidos por la Ley provincial de Aguas 1126.

Melella manifestó en sus redes sociales que la sanción de la reforma de la Ley Provincial 1355 representa “un momento importante para el futuro productivo de Tierra del Fuego”. “Esta norma será fundamental para ampliar nuestra matriz productiva. Coloca a la acuicultura como una actividad estratégica para la generación de puestos de trabajo y la inversión privada”, justificó. En su defensa, remarcó que la legislación “actualiza y fortalece las reglas del juego, incorporando los más altos estándares de control ambiental, promoviendo la investigación científica y fomentando el consumo local de productos de excelencia”.

El debate ganó ímpetu en los últimos meses, a partir de una iniciativa de del senador nacional de La Libertad Avanza (LLA), Agustín Coto. Cuando fue legislador provincial, presentó la derogación de la prohibición vigente desde 2021, con el fin de habilitar la cría de salmones y truchas en aguas provinciales. La norma, aprobada en 2021 por unanimidad, había determinado la prohibición de la salmonicultura en aguas jurisdiccionales de la provincia, tanto lacustres como marítimas.

El libertario Coto destacó que la legislación “va a reemplazar la prohibición total de cría de salmones y truchas por un marco moderno y regulado”. “Se mantienen prohibidas las salmoneras en el Canal Beagle, lagos y lagunas, y se habilita producción sustentable en zonas aptas, con evaluación ambiental estricta y reglas claras", celebró, y remarcó que “prohibir por miedo nunca fue solución”, en un comentario dirigido a las organizaciones ambientalistas.

“Salmoneras al estilo chileno”: los cambios en la ley y las controversias

La Ley de Acuicultura Sostenible establece que todo proyecto de acuicultura deberá contar con una Evaluación Ambiental Estratégica, en línea con los estándares internacionales, y habilita tecnologías como los Sistemas de Recirculación de Agua (RAS), con uso consultivo de agua dulce.

Según se declama, el objetivo apunta a potenciar el desarrollo productivo del norte de la provincia, sin afectar las áreas clave para el turismo, sector que emplea a más de 16.000 fueguinos y representa una de las principales fuentes de ingresos para la región. Las estimaciones oficiales calculan que la actividad permitirá atraer inversiones y reducir la dependencia de las más de 5.000 toneladas anuales de salmón importado desde Chile.

La votación sobre la reforma dividió a los bloques legislativos, sobre todo al oficialismo. La respaldaron Federico Greve (FORJA), Matías Lapadula (Provincia Grande), Juan Carlos Pino (PJ), Tomás García (PJ), Myriam Martínez (FORJA), Natalia Gracianía (La Libertad Avanza), Luciano Selzer (La Libertad Avanza) y Gisela Dos Santos (Sumemos Tolhuin).

Se pronunciaron en contra Pablo Villegas (Movimiento Popular Fueguino), Laura Colazo (Partido Verde), Federico Sciurano (FORJA), Jorge Lechman (Somos Fueguinos), Raúl Von der Thusen (Somos Fueguinos), Damián Löffler (MPF) y Victoria Vuoto (Partido Justicialista).

Una de las voces opositoras más resonantes fue la de Pablo Villegas, que cuestionó con dureza la aprobación de la ley. “Ratifico mi rechazo absoluto a la aprobación de esta ley que habilita salmoneras al estilo chileno en nuestra provincia. No se trató solo de votar salmoneras sí o no, sino de definir qué tipo de Estado y qué modelo de desarrollo queremos para nosotros y para las futuras generaciones”, expresó.

El legislador apuntó que el debate legislativo se construyó sobre un dictamen que “está viciado de arbitrariedad, de ilegalidad y de inconstitucionalidad”, al remarcar que durante su tratamiento “se violaron el reglamento interno de la Cámara, el reglamento de comisiones y el debido proceso legal legislativo”. Y remarcó: “Se le ha mentido al pueblo. Se utilizó políticamente la legitimidad social de la Ley 1355 en la campaña de 2023 y hoy se impulsa exactamente lo contrario. Nadie es ingenuo: todos sabemos que detrás de esto hay intereses económicos”.

Por su lado, la legisladora Laura Colazo (Partido Verde) advirtió que es “falso” presentar a la costa atlántica fueguina como un espacio vacío o sin valor ambiental. Y en particular, se señaló la zona norte del área marítima, donde se especula que allí pueden instalarse nuevos proyectos. “El mar es uno solo. El impacto ambiental no reconoce los límites de una ley. Afectar un sector termina dañando todo el ecosistema”, remarcó.

La controversia impacta de lleno en la renovación del peronismo y sus aliados, y en la hoja de ruta a futuro que debería implementar para presentar una alternativa al gobierno libertario. Gustavo Melella es un gobernador opositor al gobierno de Javier Milei, pero que en este punto coincide en que hay que avanzar en una mayor explotación de los recursos naturales, pese a su impacto ambiental. Otros mandatarios que integraron Fuerza Patria en las últimas elecciones impulsan una agenda similar, y se muestran proclives a modificar la Ley de Glaciares, con el objetivo de promover los desarrollos mineros.

Entre sus distintos puntos, la reforma establece la creación de un centro especial (Centro de Desarrollo Pesquero y Acuícola de Tierra del Fuego), dentro de la Secretaría de Pesca y Acuicultura, que se encargará de impulsar la investigación y mejorar la cría de peces y otros organismos acuáticos en la provincia.

Además, se obliga al gobierno provincial a definir reglas y zonas donde se puedan hacer los proyectos acuíferos, evaluando antes los posibles impactos en el ambiente y en el agua. Cualquier emprendimiento acuícola deberá presentar una Guía de Aviso de Proyecto (GAP) y un Estudio de lmpacto Ambiental (EslA), antes de recibir autorización.

También quedará en la responsabilidad del Poder Ejecutivo fueguino la tarea de establecer cómo se aprueban los proyectos y el uso del agua, y fijar qué parte de la producción debe quedar para el consumo de sus habitantes.