Manuel Passaglia presentó un proyecto para dar marcha atrás con la ampliación del directorio del Banco Provincia

La controversia sobre la conducción y los gastos del principal banco público bonaerense sumó un nuevo capítulo, ya que el diputado provincial Manuel Passaglia (HECHOS) presentó un proyecto de Ley para revertir la reciente ampliación del directorio del Banco Provincia y reducir el número de cargos políticos a solo seis.

El debate cobra centralidad tras la aprobación la semana pasada de una reestructuración que elevó de ocho a catorce los puestos en la cúpula directiva de la entidad, un movimiento que Passaglia califica como un “gasto injustificado” carente de fundamentos técnicos y operativos, inscripto —según sus palabras— en las lógicas de privilegio político y acuerdos de gobernabilidad ajenos a las necesidades reales de la sociedad.

Su proyecto no solo busca retrotraer el número de puestos políticos a seis, sino que también prohíbe por los próximos cinco años la creación de vocalías asociadas y cualquier cargo directo o indirecto que implique nuevos gastos, viáticos o remuneraciones para la conducción política. El texto, además, pide el congelamiento por dos años de sueldos, viáticos y gastos de representación y la eliminación de bonificaciones extraordinarias o incentivos variables en el seno del directorio.

De acuerdo al diagnóstico sostenido en la iniciativa, la reciente ampliación del directorio no responde ni a estudios de eficiencia operativa ni a necesidades de control de riesgos o gobernanza. En la exposición de fundamentos, Passaglia compara la estructura sancionada con las del Banco Nación de Argentina y el Banco de Córdoba, entidades de tamaño e incidencia similar que no superan los ocho cargos en sus respectivas cúpulas. Según el legislador de San Nicolás, la disposición del oficialismo representa un apartamiento de los compromisos de responsabilidad fiscal, del buen uso de los recursos administrativos y de la priorización de la función pública por sobre los intereses partidarios.

Tal como señala el proyecto, la reciente modificación incumple con los lineamientos de la Ley Nacional 25.917 de Responsabilidad Fiscal, que recomienda evitar el aumento permanente del gasto corriente sin correlato en la mejora de los servicios públicos. Passaglia advierte que la ampliación del directorio “incrementa el gasto público sin aportar eficiencia ni mayor cobertura territorial y se aparta de los compromisos provinciales con la austeridad y la buena administración”.

Uno de los puntos que diferencia el proyecto dentro del debate público es el destino específico de los fondos que se ahorrarían: la iniciativa propone que los recursos que se liberan con la reducción de cargos —estimados en casi mil millones de pesos— sean destinados íntegramente a la ampliación y mejora de las líneas de crédito hipotecario del Banco Provincia, priorizando el acceso a la vivienda para familias bonaerenses.

“Mediante una gestión pública austera y eficiente al financiamiento hipotecario se fortalece la misión social del Banco de la Provincia de Buenos Aires y se promueve la igualdad de oportunidades para las familias bonaerenses”, argumentó Passaglia en la presentación.

Passaglia denunció que el acuerdo fue aprobado “de espaldas a la sociedad, en una burla y un nuevo acuerdo entre políticos que solo beneficia a los propios y perjudica a los vecinos”.

El ex intendente desafió a sus pares a definir si priorizan la agenda pública o la de los privilegios partidarios y cerró su mensaje con una defensa de la austeridad y el control del gasto político: “No vamos a ser parte de financiar la campaña presidencial del kirchnerismo. Necesitamos austeridad, transparencia y eficiencia, acompañando el esfuerzo cotidiano de los bonaerenses. No requiere de políticos ventajeros”.

En la madrugada del 4 de diciembre, la Cámara de Diputados bonaerense aprobó el endeudamiento solicitado por Axel Kicillof. Como parte de la negociación que tuvo que llevar a cabo su espacio con la oposición, por ley, debió modificar la carta orgánica del BAPRO. La integración pasó de ocho directores totales a nueve, que ahora se llamarán vocales. También, crearon un consejo de directores asociados dentro del BAPRO que tendrá tres vocales asociados y dos síndicos.

A priori, Kicillof decidió no perder el control del gobierno del banco, pese a la mayoría que tendrá el peronismo. Por eso serán cuatro los nombres que se encuadran dentro del Movimiento Derecho al Futuro -Julio Pereyra, Carlos Orsingher, Alejandro Formento y Carlos “Cuto” Moreno-. La Cámpora tendrá presencia con Rodra Rodríguez y Laura González. El masssismo, con los intendentes Javier Bordoni -Tornquinst- y Javier Osuna -General Las Heras-; y los intendentes del PJ, con la saliente senadora Gabriela De María. Además, habrá directores por la oposición: Matías Ranzini por el PRO, Fernando Rozas por los libertarios “dialoguistas”. También habrá una silla para el sector de Evolución, dentro del radicalismo, con el ex diputado Fernández Pérez y otra para el monozoísmo, con el senador saliente Marcelo Daletto. Todos los pliegos se aprobaron con acuerdo del Senado.