La insólita respuesta de la Justicia al pedido de un fiscal para prohibir el uso de celulares en las cárceles

Falta la respuesta de los jueces de menores, del Ministerio de Justicia bonaerense y de un juzgado de garantías de San Isidro. De ese distrito, dos tribunales enviaron oficios al Servicio Penitenciario Bonaerense donde se dice mucho y no dice nada, se piden informes de informes y no resuelve la cuestión de fondo. ¿Cuál es? El pedido del fiscal general adjunto Patricio Ferrari, quien el 12 de febrero pasado solicitó a la Justicia la prohibición absoluta del uso de celulares y otros dispositivos con acceso a internet para los 40 detenidos sospechados de integrar la llamada “La Banda del Millón”.

Se trata de la organización delictiva señalada como responsable de dos homicidios y una larga serie de robos violentos en el norte del conurbano bonaerense y que usa menores de edad para dar los golpes que, en la mayoría de los casos, planean los líderes desde las cárceles.

Justamente, este martes se conoció que cuando allanaron la celda de uno de los líderes de la organización delictiva, Lucas Ezequiel Mereles, en el penal de Melchor Romero del Servicio Penitenciario Bonaerense, encontraron el celular desde el que hizo la videollamada junto a Brandon Brites, otro de los jefes de “La Banda del Millón”, durante el robo a la abuela influencer Mónica Mancini.

Se trata de un Samsung A32 de color celeste y funda negra con un papel pegado en su interior: “U-45, grupo requisa, interno Ezequeil Flores Mereles”. Es decir, ese teléfono estaba registrado y permitido por el Servicio Penitenciario Bonaerense. El pabellón parecía un boliche.

Por lo pronto, el primero en responder fue el Tribunal Oral en lo Criminal N°4, que tiene un solo detenido de la banda. Luego, llegó el oficio del TOC N°3, con la firma de la jueza Verónica Di Tommasso, una de las magistradas del juicio nulo por la muerte de Diego Maradona, que tiene a 14 de los detenidos de la organización criminal.

Qué dice el oficio

Infobae accedió al oficio que envió el TOC N°3 "a las unidades penitenciarias alojantes" del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) de los sospechosos, para que informen con carácter “muy urgente”:

1) “Si los detenidos poseen telefonía celular en uso”, reza. Si es así, pidió que se detallen “todos los datos de identificación de los aparatos, líneas instaladas y si poseen acceso a internet”.

2) Solicitó que se informe si a alguno de los detenidos “se les formó una causa nueva... vinculado o por el uso de los teléfonos celulares y si ello dio lugar a medidas tales como allanamiento e incautación de los aparatos”. En su caso, pidió que se indique en qué causa y qué juez la solicitó.

3) En caso de que tuvieran una nueva causa formada, le reclama al SPB por qué no se le informó de ello: “El motivo por el cual no se puso en conocimiento de este Tribunal oportunamente la formación de causa penal novedosa”.

4) Pide que se le informe si se ha dispuesto sobre los detenidos de “La Banda del Millón” a cargo del TOC N°3 de San Isidro “algún traslado y/o se ha llevado a cabo alguna medida de seguridad dispuesta por la autoridad penitenciaria”.

5) Solicita que se informe y se adjunte “una copia del Protocolo para el uso de teléfonos celulares para personas privadas de la libertad” que se está usando, “teniendo en cuenta que el informado oportunamente estuvo vigente en ocasión del dictado del DNU 297/20 (aislamiento social obligatorio, por pandemia COVID 19)”.

6) Y le avisa al SPB que “idéntica información se está requiriendo al Ministerio de Justicia” bonaerense.