La calma regresó a Villa Mascardi el 4 de octubre de 2022, cuando la Justicia Federal ordenó el desalojo integral de los predios públicos y privados que ocupó la conflictiva comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu desde 2017, aunque los intrusos tienen autorización para regresar al lugar a realizar sus rituales y prácticas de sanación.
En todos los procesos judiciales en los que fueron juzgados y condenados los integrantes de esa comunidad, los querellantes – entre ellos Parques Nacionales – exigieron el retiro de una escultura de madera denominada rewe, que fue instalada por la comunidad como símbolo sagrado.
Está situada en uno de los dos predios de Parques Nacionales que fueron usurpados en noviembre de 2017. Los ocupantes de la Lafken Winkul Mapu fueron condenados por la irrupción en tierras ajenas e incluso también por protagonizar atentados vandálicos e incendios.
Sin embargo, la Justicia rechazó los planteos y ordenó que la estructura amorfa permanezca en el lugar y autorizó a los mapuches a regresar al territorio, cada vez que quieran, para realizar sus ceremonias.
El rewe es una estructura vertical de madera, tallada a mano, que es utilizada por la máxima autoridad espiritual de la comunidad, la machi Betiana Colhuan, para realizar ceremonias de sanación. Sirve como pilar sagrado y lugar de conexión espiritual.
Sirve como pilar sagrado y lugar de conexión espiritual.
Al ser escalonado, la machi lo escala durante las ceremonias para entrar en trance y comunicarse con ancestros y deidades.
La ex jueza federal Silvina Domínguez fue la primera en aceptar el pedido mapuche de mantener la estructura en su lugar. Lo hizo en paralelo con una orden de desalojo en la que dispuso la expulsión de los integrantes de la comunidad.
Su decisión se basó en un acuerdo rubricado en 2023 a instancias del Poder Ejecutivo, durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández, y reconoció al “como sitio sagrado para el pueblo mapuche” a los fines de que la machi Betiana Colhuan Nahuel pueda “ejercer sus tareas espirituales y medicinales”. Para ello se dispuso el “permiso del uso del terreno”.
El ex presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, en febrero de este año, señaló que existen argumentos que “imponen necesariamente la remoción de aquel espacio y la puesta a disposición de los objetos que lo componen a favor de los imputados”.
Mencionó una “talla de madera” que se encuentra en un “terreno privado de propiedad de Parques Nacionales” y pide que el organismo ejerza el “pleno uso y goce del inmueble de su propiedad” porque en ese predio pretende construir la Escuela de Guardaparques.
La respuesta mapuche al ex funcionario es que fueron expresiones “racistas y de mentalidad de colonizadores”.
Seguridad forzosa
La decisión judicial de mantener la estructura de madera obliga al gobierno nacional a sostener un inusual despliegue de fuerzas de seguridad en los predios desalojados.
La decisión judicial de mantener la estructura de madera obliga al gobierno nacional a sostener un inusual despliegue de fuerzas de seguridad.
El regreso constante de los miembros de la comunidad al sitio de donde fueron expulsados “genera un riesgo latente de que vuelvan a instalarse” dijeron a Infobae residentes de la villa turística, ubicada a 35 kilómetros de Bariloche.
De hecho, confirmaron que la presencia de los condenados “es constante”. El Ministerio de Seguridad de la Nación, al mando de Aníbal Fernández, diseñó un plan de seguridad para ejecutar el allanamiento de desalojo que se concretó el 4 de octubre de 2022.
El Comando Operativo de Fuerzas, tal como se lo denominó, tenía como finalidad ejecutar la medida y disolverse, como ocurrió con otras situaciones conflictivas en distintos puntos del país.
Sin embargo, el regreso constante de los mapuches al lugar, obligó a sostenerlo hasta la actualidad. Efectivos de Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y Policía Federal conviven en las ruinas de los edificios que fueron vandalizados por mapuches, para cumplir con la orden administrativa de mantener el Comando.
Para justificar su presencia, realizan controles vehiculares y de personas, recorren un balneario cercano y garantizan la seguridad de turistas y residentes. Pero están en el lugar para evitar el regreso mapuche, sin más.
Parques Nacionales, en uno de sus reclamos para el retiro de la escultura, consideró un “dispendio de recursos de seguridad” para custodiar ese predio y afirmó que “al día de la fecha no existen motivos válidos para que dicha situación perdure en el tiempo”.
Larsen, su ex titular, dijo que “la mera mención de espíritus ancestrales que se representan y brindan indicaciones de cómo aquellos presuntos miembros de comunidades originarias deben proceder, ningún tipo de prueba ni fundamentación en el campo objetivo ha sido acreditada por quienes pretenden hacer valer sus derechos y preservar aquel lugar como sagrado, por lo que se impone necesariamente la remoción y puesta a disposición para los fines que entiendan adecuados”.
La playa ubicada frente a la franja de predios tomados mapuches, sobre la costa del lago Mascardi, recuperó el movimiento habitual que se había perdido por la presencia cercana de la comunidad Lafken Winkul Mapu.
Durante su permanencia en el lugar, hubo robos, atentados vandálicos a los acampantes y agresiones múltiples.
Los mapuches, incluso, comercializaron leña nativa que ellos mismos talaban, cobraron peaje a los navegantes que intentaban descargar sus embarcaciones en un muelle público del paraje y afectaron el funcionamiento habitual de un sitio que, en la actualidad, volvió a la calma.
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