
Mientras continúa con las negociaciones por el Presupuesto 2026, el Gobierno ya tiene los borradores de las reformas laboral y educativa que enviará en los próximos días al Congreso y que espera aprobar durante las sesiones extraordinarias a las que convocará para el verano.
Las dos medidas están siendo analizadas por los integrantes del Consejo de Mayo, que ya tienen en sus manos versiones avanzadas de los proyectos y están acordando los últimos detalles entre ellos antes de volverse a reunir.
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En este sentido, el grupo ya fue convocado a un nuevo encuentro en la Casa Rosada para el próximo 27 de noviembre, que esta vez será encabezado por el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Hasta el momento, las jornadas de debate fueron lideradas por quien ocupó ese cargo hasta octubre, Guillermo Francos, pero tras la salida del funcionario, el organismo pasó a estar en manos del ex vocero.

El equipo está compuesto, además, por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por el Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias firmantes del Pacto de Mayo; la senadora nacional, Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado nacional, Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por el empresariado.
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Si bien recientemente circularon algunas versiones de lo que sería la reforma laboral -una de ellas es una antigua iniciativa de la legisladora libertaria Romina Diez que no se va a utilizar-, todavía no hay un texto consensuado.
Sin embargo, Infobae pudo confirmar que ya hay un borrador avanzado sobre el cual Sturzenegger está trabajando junto al resto de los miembros del Consejo.
“Tenemos la base, estamos compartiendo entre nosotros diferentes versiones de cada tema, pero no se pueden difundir, aunque algunas ya se filtraron”, lamentó uno de los referentes del grupo.
En el mismo, estaban tomando forma distintas medidas, como transformar algunos aspectos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), los regímenes especiales y los procedimientos judiciales.
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Tal como anticipó este medio, la idea es modernizar los criterios de registración, organización de la jornada, vacaciones, beneficios sociales, licencias por enfermedad, indemnizaciones y regulación de actividades consideradas esenciales, entre otros puntos.
En este tema estuvo colaborando el equipo de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que tiene esta área bajo su mando, pero no forma parte del Consejo de Mayo, por lo que se limitó a acercar iniciativas.
Los cambios no afectarían al empleo público, el trabajo agrario, el régimen de casas particulares, los vínculos comerciales regidos por el Código Civil y Comercial y a los servicios personales de transporte, reparto y mensajería mediante plataformas tecnológicas.
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A pesar de que estas serían las medidas con mayor consenso dentro del grupo multisectorial, los borradores todavía están bajo análisis y las autoridades nacionales intentan que no se difundan sus contenidos.
“Nuestro silencio respecto a esto tiene una razón de ser: todo lo que se filtra, no está acordado. Por lo que no hay nada confirmado todavía. Estamos trabajando todos los temas al mismo tiempo”, remarcó otro de los integrantes del Consejo.
No obstante, Infobae pudo saber que, en cuanto a la reforma educativa, una de las propuestas que se pusieron sobre la mesa es, por ejemplo, la derogación de algunos aspectos de la ley N° 26.206, lo que traería novedades tanto para el nivel inicial, como para el primario y el secundario.
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De esta manera, entre otras cuestiones, los establecimientos van a poder establecer sus propios planes de estudio, mientras que las familias tendrían la posibilidad de elegir que los menos aprendan en sus casas, en los colegios o de manera híbrida.
“No hay nada consensuado todavía ni nada oficial como se dijo. Hay propuestas, pero aun muchas de ellas no fueron puestas a discusión”, explicó a Infobae una fuente al tanto de las conversaciones.
Actualmente, el artículo 85 de la Ley de Educación Nacional indica que es el Ministerio de Educación -hoy Secretaría- en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, del que participan todas las provincias, los que definen “estructuras y contenidos curriculares comunes y núcleos de aprendizaje prioritarios en todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria”.
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Además, son los que establecen “mecanismos de renovación periódica total o parcial de dichos contenidos curriculares comunes” y los que llevan adelante “procesos de innovación y experimentación educativa”.
La nueva norma, anticipada también por este medio, tiene 136 artículos y también habilita a las familias a elegir la educación en el hogar (el “home schooling”), como así también una alternativa híbrida que combine instancias presenciales y virtuales, o bien a distancia.
Asimismo, autoriza a las provincias a ofrecer “enseñanza religiosa confesional” en los establecimientos públicos, pero siempre de manera optativa para los alumnos y fuera del horario curricular.
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Por otra parte, también se buscará declarar la “esencialidad” de la educación básica, una iniciativa con la que el Gobierno viene insistiendo desde el comienzo de la gestión para limitar el accionar de los gremios docentes y garantizar el servicio, incluso ante una medida de fuerza.
La del próximo jueves sería la última reunión del Consejo de Mayo, que tiene previsto entregar el informe final el 15 de diciembre con los resultados del trabajo para que, posteriormente, el Poder Ejecutivo envíe los proyectos correspondientes al Congreso, que para ese momento ya tendrá su nueva composición.
Los 10 puntos sobre los que se manejó el grupo fueron: la inviolabilidad de la propiedad privada; el equilibrio fiscal innegociable; la reducción del gasto público; la educación con alfabetización plena y sin abandono escolar; la reforma tributaria; la rediscusión de la coparticipación federal; la explotación de los recursos naturales del país; la reforma laboral moderna; la reforma previsional, y una apertura al comercio internacional.
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