Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

En una controversial decisión de censura previa, un tribunal de Tucumán dictó una medida cautelar que impide al canal de televisión Compañía de Circuitos Cerrados S.A. (CCC) y a los trabajadores de la empresa a realizar críticas a jueces y fiscales.

La resolución, firmada por el juez subrogante Lucas Taboada, prohíbe durante seis meses a una de las principales empresas de comunicación de Tucumán a que el canal, sus periodistas, productores y conductores difundan por televisión, radio, plataformas digitales o redes sociales contenidos que “directa o indirectamente, injurie, desacredite, tergiverse o distorsione la actuación” de fiscales, funcionarios judiciales y magistrados provinciales. Es decir, no podrán realizar críticamente el desempeño del Poder Judicial de Tucumán. Y se advierte que incumplir será penado “bajo apercibimiento de desobediencia judicial”.

El fallo, con fecha del 4 de noviembre, atendió una denuncia presentada por el ministro fiscal de la Corte Suprema Provincial, Edmundo Jesús Jiménez, contra Gustavo Aníbal Gabriel Olarte, director y presidente de CCC, por un supuesto “entorpecimiento y ofensa al ejercicio de las funciones públicas, coacción institucional e incitación pública a la violencia o al descrédito institucional” por la labor periodística.

El conflicto de fondo apunta al malestar que generó en el jefe de los fiscales tucumanos que, en un marco de recientes entrevistas, opiniones y coberturas en programas que se emiten por la señal de CCC, se cuestionó la actuación de los fiscales que responden a Edmundo Jiménez en diversas causas de trascendencia pública.

Ahora, según la sentencia, el propietario del medio de comunicación “valiéndose de una apariencia de ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión”, habría llevado a cabo una “campaña pública de hostigamiento, desprestigio y ataque mediático contra distintos fiscales, en general, contra el sistema de justicia provincial en su totalidad”, a través de programas televisivos, columnas de opinión y publicaciones en redes sociales. El texto agrega que en CCC se compartirían “expresiones tendenciosas, descontextualizadas y maliciosas” con la intención de distorsionar hechos investigados, con el objetivo de “socavar la confianza pública en la administración de justicia”.

Consultado por la prensa sobre la decisión judicial, el gobernador Osvaldo Jaldo respondió: “Son decisiones de tipo judicial que están en el ámbito de otro poder. Por lo tanto, yo, como gobernador, soy respetuoso de las decisiones que toman los poderes. Es una decisión judicial que hay que respetarla. Luego hay instancias para revertirlas”.

Además, consideró que “hay caminos judiciales para revertir esa medida, si es que alguien entiende que es injusta o que tiende a amordazar la libertad de prensa”. “Tienen la vía judicial que, como se la implantó, se la sancionó, se la puede revertir. Y esto es lo bueno que tiene la democracia y lo bueno es que hoy los poderes del Estado estén funcionando a pleno”, remarcó.

La empresa CCC, actualmente dirigida por Olarte, fue fundada en 1987 por la familia Domínguez y adquirida por su actual propietario a fines del año pasado. Jiménez asumió como ministro fiscal en 2014 y, desde 2003 hasta ese año, se desempeñó como ministro de Gobierno y Justicia de José Alperovich, quien fue condenado a 16 años de prisión por varios delitos de abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple cometidos entre diciembre de 2017 y marzo de 2018. Alperovich permanece bajo prisión domiciliaria en el exclusivo barrio porteño de Puerto Madero, desde el 18 de junio de 2024.

Fuertes críticas al fallo que restringe la libertad de expresión

La decisión judicial generó reacciones de organizaciones vinculadas al periodismo y a los derechos humanos. La Asociación de Prensa de Tucumán (APT) advirtió que el fallo constituye “un atentado directo a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a estar informada”. “El fallo instala un bozal judicial sobre periodistas y medios”, expresó la entidad. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) adhirió al reclamo y expresó su solidaridad.

“La Constitución Argentina en su art. 14 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el art. 13 son contundentes al prohíbir toda clase de censura previa directa o indirecta como garantía de la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Esta garantía se refuerza cuando se trata de asuntos de interés público y funcionarios públicos”, señaló la APT en un comunicado. Y agregó: Por dicho motivo, no es viable ninguna clase de censura previa legislativa, administrativa o judicial. Solo proceden las responsabilidades ulteriores que puede generar lo expresado siempre que estén fijadas por ley y sean proporcionales.

Por su lado, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) planteó una postura similar al cuestionar contra una medida que “afecta claramente el derecho a la información de la ciudadanía”, y su aplicación “pondría en riesgo la libertad de expresión y de prensa, derechos de raigambre constitucional, además de representar un claro acto de censura previa”.

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) sostuvo en un comunicado que “la democracia tucumana atraviesa un proceso de degradación institucional que parece no encontrar límites. El Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, en lugar de garantizar derechos, se han convertido en agentes activos de su restricción, avanzando sobre las libertades básicas como la de expresión”. La organización consideró que el fallo es “parte de una secuencia de atropellos institucionales”, recordando antecedentes como la destitución del juez Enrique Pedicone en 2021, y el encarcelamiento de un abogado el año pasado por desobediencia judicial conformando “una medida similar de censura previa”.

El accionar de Jiménez presenta otros antecedentes controversiales. Recientemente, el diputado nacional de Unión por la Patria y dirigente gremial de La Bancaria, Carlos Cisneros, lo acusó en declaraciones a Splendid AM 990 de diseñar una “maniobra judicial” para encubrir, supuestamente, a futbolistas denunciados por violación. Por ese caso, se intentó avanzar con un pedido de juicio político, pero finalmente se desestimó.

“Lamentablemente, lo que hace Jiménez con la justicia en Tucumán es una verdadera degeneración. Es alguien que ha armado la justicia tucumana a gusto de Alperovich y siempre se dedicó a proteger sus intereses”, consideró Cisneros.