Embargaron por $120 millones a la ex vicegobernadora de Neuquén, destituida por hechos de corrupción

La Justicia de Neuquén avanzó sobre el control del patrimonio de la ex vicegobernadora, Gloria Ruiz. Con una suma de 121.849.220 pesos bajo embargo, la ahora exfuncionaria enfrenta acusaciones por enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta agravada. Ruiz, destituida de su cargo por decisión de la Legislatura provincial en agosto pasado, permanece en el centro del proceso que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal.

La investigación, impulsada por el fiscal de Delitos Económicos Juan Narváez, expone un esquema de supuesta corrupción que incluye la inmovilización de cinco cuentas bancarias, la vivienda familiar de Ruiz en Plottier y la retención de una camioneta Toyota SW4, adquirida por 76.837.220 pesos. Estas medidas, según el fiscal, buscan garantizar posibles reparaciones patrimoniales ante el “perjuicio económico” que se le imputa. Tras la negativa a distintos planteos de la defensa, el embargo fue confirmado en un fallo unánime por el tribunal de revisión conformado por los jueces Juan Kees, Marco Lúpica Cristo y la jueza Carolina García.

Al exponer los motivos del embargo, Narváez subrayó que el monto corresponde a valores históricos del detrimento causado a las arcas públicas por dos hechos principales: la acusación por enriquecimiento ilícito y las maniobras consideradas fraudulentas en la administración de fondos.

La retención de la vivienda de Ruiz, cuya tasación oficial aún está pendiente, fue dispuesta junto con la afectación de las cuentas bancarias. Dos de estas corresponden al pago de haberes y el embargo sólo afecta hasta el 20% de cada una. Además, la camioneta Toyota que fue señalada como núcleo de la acusación de enriquecimiento ilícito continúa bajo custodia judicial, a la espera de la resolución sobre un pedido de restitución presentado por la defensa.

Las audiencias para debatir estas medidas cautelares han sido escenario de duros cruces entre el fiscal Narváez y Balladini, según la crónica publicada por Diario Río Negro.

El proceso se extiende más allá de Ruiz. También enfrenta un embargo millonario María Isabel Ricchini, exsecretaria de Cámara de la Legislatura, señalada como coautora de hechos de administración fraudulenta. Sobre Ricchini pesa la inmovilización de bienes por 90.494.688,05 pesos. De acuerdo con la fiscalía, la actuación de Ricchini resultó esencial como parte de un circuito fraudulento.

El diagnóstico de la fiscalía, detallado en una gacetilla del organismo fechada el 17 de octubre, vincula la imputación de Ruiz a la incapacidad de justificar el incremento patrimonial registrado tras su asunción como vicegobernadora. Narváez indicó que las explicaciones ofrecidas por la exfuncionaria, que incluyeron venta de vehículos, préstamos y pagos con tarjeta de crédito, resultaron insuficientes para justificar la compra de la camioneta Toyota. El fiscal calificó el enriquecimiento denunciado como “de gran magnitud”, y explicó que no correspondía ni con el salario ni con ingresos paralelos.

El expediente también involucra a otras figuras de la gestión anterior. Se amplió la acusación contra Pablo Ruiz, hermano de la exvicegobernadora y excoordinador de Casa de las Leyes, y se imputó a la exprosecretaria administrativa Élida Noemí Sánchez. Según la fiscalía, Pablo Ruiz promovió contrataciones irregulares por más de 45 millones de pesos en perjuicio del Estado, con la colaboración de Ricchini y Sánchez. En todos los casos, las intervenciones se llevaban a cabo por fuera de los procedimientos previstos por la Ley de Administración Financiera, y las contrataciones y pagos se formalizaban cuando los servicios ya habían sido ejecutados.

La respuesta judicial incluyó la inhibición general de bienes por diez meses para Ruiz, Ricchini y Sánchez, además de la ya vigente sobre Pablo Ruiz. El juez de garantías Lucas Yancarelli ratificó las imputaciones y ordenó que la investigación continúe durante cuatro meses, rechazando el pedido de la fiscalía de declarar el caso como complejo.

Hasta el momento, los querellantes sostienen que el embargo y la inmovilización de bienes buscan asegurar fondos para eventuales decomisos y reparaciones futuras ante una posible condena.