El empresario Federico “Fred” Machado será extraditado este miércoles a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico y lavado de dinero

El empresario argentino Federico “Fred” Machado, de 57 años, acusado en Estados Unidos por presunto lavado de activos, estafa y tráfico de cocaína, será extraditado este miércoles 5 de noviembre. Fuentes inobjetables confirmaron a este medio que partirá a las 22:05 desde el aeropuerto internacional de Ezeiza, a bordo del vuelo UA 997 de United Airlines, rumbo a Texas, donde será juzgado por un tribunal federal.

El traslado se concretará bajo un estricto operativo de seguridad coordinado por la Policía Federal Argentina (PFA), luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificara el 14 de octubre el fallo del juez federal de Neuquén, Gustavo Villanueva, que había declarado procedente la extradición. La medida fue firmada por el Poder Ejecutivo ese mismo día.

Machado fue detenido en 2021 en el aeropuerto de Neuquén por orden de Interpol, a pedido de la justicia estadounidense, y desde entonces permanecía con prisión domiciliaria, medida que perdió el pasado 8 de octubre por irregularidades en su conducta procesal. Posteriormente fue trasladado a una delegación de la PFA en Viedma y, desde allí, llevado este domingo a la Superintendencia de Investigaciones Federales en Buenos Aires, donde permanecerá hasta su partida.

Entre esas “inconductas” que le permitían gozar de prisión domiciliaria destacan:

Entre los puntos señalados por el juez federal Gustavo Villanueva, que dispuso su traslado a una dependencia de la Policía Federal Argentina (PFA), se destacan:

1. Incumplimiento del régimen de monitoreo electrónico: se registraron interrupciones y manipulaciones en la señal del dispositivo de tobillera electrónica que debía permitir el control de su ubicación mientras cumplía prisión domiciliaria en Neuquén.
2. Comunicaciones no autorizadas: Machado mantuvo contacto con terceros sin autorización judicial, entre ellos personas vinculadas a las causas que lo involucran tanto en Argentina como en Estados Unidos. En algunos casos, se detectaron llamadas y correos electrónicos desde dispositivos no declarados.
3. Movimientos y visitas fuera del horario permitido: los informes de supervisión indicaron ingresos y salidas irregulares de la vivienda, además de la presencia de personas no registradas que permanecían largas horas en el domicilio.
4. Ocultamiento o manipulación de documentación: durante una inspección judicial, agentes de la PFA encontraron documentos destruidos o parcialmente quemados, entre ellos el contrato roto por un millón de dólares con José Luis Espert, que debía haber sido declarado.
5. Mensajes intimidatorios y presiones a testigos: según consta en un informe de la Fiscalía Federal de Neuquén, Machado habría intentado contactar a testigos o allegados para influir en sus declaraciones, lo que se consideró una forma de entorpecimiento de la causa.

Por estos motivos, el juez Villanueva concluyó que “no estaban dadas las condiciones para mantener el régimen domiciliario” y ordenó su traslado inmediato a un establecimiento bajo custodia directa de la Policía Federal.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que para el operativo de extradición viajará al país un equipo de U.S. Marshals, la histórica fuerza federal de Estados Unidos encargada de custodiar y trasladar a fugitivos.

Un proceso con derivaciones políticas

El caso de Machado cobró nueva relevancia este año, luego de que el dirigente Juan Grabois denunciara ante la Justicia argentina presuntos aportes irregulares a campañas políticas.

La investigación halló una transferencia no declarada de 200 mil dólares al economista José Luis Espert durante su campaña de 2019, además de 36 vuelos realizados por el político en aviones pertenecientes al empresario.

Espert negó haber recibido dinero ilegal y aseguró que se trató de un pago por una consultoría minera en Guatemala, vinculada a Minas del Pueblo, una de las compañías de Machado.

Sin embargo, durante un allanamiento en la vivienda de Neuquén donde el empresario cumplía prisión domiciliaria, los investigadores encontraron un contrato roto en cuatro pedazos, que —según fuentes del caso— correspondía a un acuerdo por un millón de dólares entre Machado y Espert. El hallazgo forma parte de una causa paralela que investiga presuntos aportes irregulares a campañas políticas.

El escándalo llevó a Espert a retirar su candidatura a diputado nacional antes de las elecciones del 26 de octubre, aunque el propio dirigente insistió en que se trató de un vínculo estrictamente profesional y que no existió financiamiento electoral ilegal.

La causa en Texas

Machado será juzgado en el Distrito Sur de Texas, donde se lo acusa de liderar una red internacional de empresas pantalla utilizadas para lavar dinero del narcotráfico y defraudar a inversores.

En el mismo expediente ya fueron condenadas dos de sus socias: una recibió 16 años de prisión y la otra, cinco.

Según los documentos judiciales del Departamento de Justicia estadounidense, Toledo y Capa de la Hoz fueron halladas culpables de:

• Conspiración para lavar dinero procedente de operaciones de narcotráfico, utilizando contratos de leasing y financiamiento de aeronaves como mecanismo para dar apariencia legal a fondos ilícitos.
• Fraude electrónico y bancario por la captación de inversiones falsas: se ofrecían supuestos aviones para alquiler o reventa que en muchos casos no existían o estaban sobrevaluados, lo que generó pérdidas millonarias para los inversores.
• En el caso de Viviana Toledo, además, se la consideró coordinadora operativa de la red financiera que conectaba las operaciones en Argentina, Estados Unidos, México y Guatemala, motivo por el cual recibió la pena más alta.
• María Jimena Capa de la Hoz, en cambio, fue condenada por su rol administrativo y colaboración en el circuito financiero, lo que redujo su responsabilidad penal y derivó en una pena menor.

Los fiscales estadounidenses sostienen que Machado era el jefe y beneficiario final de este entramado financiero, que entre 2015 y 2020 habría movido decenas de millones de dólares mediante la compra, venta y leasing de aeronaves con fondos provenientes del narcotráfico latinoamericano.

La investigación, iniciada en 2021, lo vincula con la firma South Aviation, a través de la cual habría facilitado operaciones financieras ilícitas por millones de dólares.

En su última entrevista, concedida a la agencia Noticias Argentinas, Machado insistió en su inocencia y lanzó duras críticas contra el sistema judicial argentino. “No quiero ir a Estados Unidos. Si esto explota, yo hablo y se cae el país mañana”, advirtió.

Próximos pasos

Con la extradición ya formalizada, Estados Unidos asumirá la custodia del empresario apenas arribe a suelo norteamericano. Allí enfrentará un juicio por los delitos de narcotráfico, lavado de activos y fraude, causas que siguen bajo la supervisión de la Fiscalía Federal de Neuquén y del Departamento de Justicia estadounidense.

La historia judicial de Fred Machado, que comenzó con su captura en Neuquén hace casi cuatro años, culminará este miércoles 5 de noviembre, cuando el empresario finalmente abandone el país rumbo a Texas para responder ante la justicia norteamericana por los cargos que pesan en su contra.