Prisión preventiva para líder religioso acusado de violación agravada contra una menor en Honduras

Emiliano de Jesús Díaz Udiel quedó en prisión preventiva luego de que un juez resolviera mantenerlo detenido mientras continúa la investigación por el delito de violación agravada continuada contra una menor de edad.

La resolución se emitió durante la audiencia inicial, en la que la Fiscalía Especial de Protección de la Niñez y Adolescencia de Danlí presentó los elementos que sustentan la acusación.

De acuerdo con el Ministerio Público de Honduras, los hechos que se le atribuyen habrían comenzado en 2022, cuando la menor se encontraba en una vivienda ubicada en el valle de Jamastrán. Además de la acusación por violencia sexual, las autoridades investigan una presunta situación de explotación laboral relacionada con la menor.

El acusado ha sido identificado como líder religioso. El proceso judicial está relacionado con los hechos que la Fiscalía le atribuye, no con su actividad religiosa.

La Fiscalía sostiene que los hechos investigados se habrían prolongado a partir de ese año. El expediente busca establecer las circunstancias en las que presuntamente ocurrieron las agresiones, el período durante el cual se habrían producido y las condiciones en las que permanecía la menor.

Al tratarse de una investigación relacionada con una menor de edad, las autoridades mantienen bajo reserva su identidad y otros datos que permitan identificarla.

La acusación corresponde a una violación agravada continuada, figura penal que contempla la reiteración de conductas delictivas de naturaleza sexual bajo determinadas circunstancias. Será durante el desarrollo del proceso que los tribunales deberán valorar los elementos presentados por la Fiscalía y los argumentos de la defensa.

Indicios de explotación laboral

El Ministerio Público informó que durante las investigaciones se identificaron indicios relacionados con una presunta explotación laboral de la menor. Ese señalamiento forma parte de los elementos que están siendo investigados y no implica una responsabilidad ya establecida.

Por esa razón, además de la Fiscalía de la Niñez, participaron instituciones encargadas de la protección de menores y de la prevención y atención de situaciones relacionadas con explotación y trata de personas: la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia fueron incorporadas a las acciones de protección.

Una vez identificada la situación, las instituciones activaron mecanismos de protección integral para la menor. En investigaciones de esta naturaleza, la actuación estatal tiene dos componentes paralelos: determinar si se cometió un delito y garantizar que la persona menor de edad permanezca protegida mientras se desarrolla el proceso.

Próximas etapas del proceso

La decisión adoptada durante la audiencia inicial implica que Díaz Udiel deberá permanecer privado de libertad mientras avanza el proceso. El auto de formal procesamiento no equivale a una condena: la prisión preventiva es una medida cautelar y la acusación deberá someterse a las diferentes etapas del proceso penal.

Después de la audiencia inicial, el proceso continuará con las etapas correspondientes del procedimiento penal. La Fiscalía deberá sostener su acusación y presentar los elementos que considere necesarios para demostrar los hechos que atribuye al procesado.

También podrán surgir nuevas diligencias destinadas a establecer con mayor precisión cuándo, dónde y bajo qué circunstancias habrían ocurrido los hechos investigados, incluidos los relacionados con la presunta explotación laboral. Mientras tanto, la menor permanecerá bajo medidas de protección.

Cuando una investigación involucra a una persona menor de edad, las autoridades tienen la obligación de evitar que la víctima sea expuesta durante el proceso. Esto implica mantener su identidad en reserva, reducir la posibilidad de revictimización y garantizar que pueda recibir atención especializada.

En este caso, la intervención conjunta de la Fiscalía, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y la Comisión Interinstitucional contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas responde a esa necesidad.

Los señalamientos formulados por la Fiscalía deberán ser sustentados durante el proceso y corresponderá a los tribunales determinar si existe responsabilidad penal.