La causa por el fentanilo mortal logró lo que parecía imposible en el terreno político: un abogado de Cristina Fernández de Kirchner, una exministra de Alberto Fernández y un letrado vinculado a Javier Milei y al narco “Fred” Machado asumieron la defensa de los principales procesados y detenidos por la elaboración y distribución del medicamento que provocó la muerte de 140 pacientes. La novedad, que sacudió la inercia del juzgado a cargo de Ernesto Kreplak, que sigue acumulando pruebas contra los 14 procesados, irrumpió apenas días antes de las elecciones del último domingo, cuando La Libertad Avanza se impuso con amplitud sobre el peronismo.
Los nombres de los nuevos defensores de Diego García —hermano de Ariel García Furfaro, propietario de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma— y de Javier Martín Tchukrán, director de Manufactura de esas mismas firmas, despiertan suspicacias por el entramado político y económico que los rodea.
Así como todos tienen fluidos contactos políticos, son estudios especializados en litigios y cada uno de los penalistas son considerados por sus colegas como “excelentes” llevando adelante juicios orales.
Hasta hace pocos días, Gastón Marano llevaba la defensa de ambos y del principal acusado, Ariel García Furfaro. Ahora, el penalista quedó concentrado exclusivamente en la estrategia del empresario. En su lugar ingresaron nombres impensados. Diego García será representado por Marcos Aldazábal, uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el atentado en su contra. Lo acompaña su socia, Elizabeth Gómez Alcorta, exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando Cristina era vicepresidenta.
Ambos integran el mismo estudio jurídico que Juan Martín Mena, actual ministro de Justicia bonaerense, quien por su función pública mantiene la matrícula suspendida. Aldazábal y Gómez Alcorta llevan otras causas de alto voltaje político: representan, entre otros, a Milagro Sala, líder de la organización Tupac Amaru, condenada a 15 años de prisión por asociación ilícita, fraude, extorsión y amenazas.
En los tribunales federales, la presencia del dúo ligado al kirchnerismo no pasó inadvertida. García Furfaro había visitado a Cristina Fernández en el Instituto Patria, antes de que la exmandataria fuese condenada por corrupción y beneficiada con prisión domiciliaria.
Poco después, él mismo fue procesado con prisión preventiva, junto a su hermano Diego y su madre Nilda Furfaro —también bajo arresto domiciliario— por adulteración de sustancias medicinales en concurso real con delitos peligrosos para la salud pública. García Furfaro, además, integró la comitiva oficial del gobierno de Alberto Fernández que viajó a Rusia para negociar la distribución de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19.
Los vínculos con La Libertad Avanza
El nuevo abogado de Javier Martín Tchukrán es Roberto Rallin, un penalista cuyo estudio mantiene vínculos con La Libertad Avanza. Rallin es socio de Francisco Oneto, candidato a vicegobernador bonaerense en 2023 junto a Carolina Píparo, y actual asesor legal de Javier Milei, tras la salida escandalosa de Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en medio de denuncias por presunta corrupción en el entorno presidencial.
Rallin y Oneto también representan al empresario Federico “Fred” Machado, acusado en Estados Unidos de lavar 550 millones de dólares del narcotráfico y detenido en Neuquén desde 2021. Ambos lideraron la estrategia —finalmente fallida— para evitar su extradición. La Corte Suprema habilitó el pedido de la justicia estadounidense, y el Gobierno confirmó que Machado será entregado a ese país el 5 de noviembre.
La trama judicial se complejizó cuando Machado fue vinculado al diputado José Luis Espert, quien terminó renunciando a su candidatura legislativa por La Libertad Avanza tras revelarse presuntos lazos económicos con el empresario.
Según la causa, Espert habría recibido 200 mil dólares por una supuesta asesoría para un proyecto minero de una firma controlada por Machado en Guatemala. El contrato completo ascendería al millón de dólares, además de unos treinta vuelos privados financiados por el empresario, valuados en 350 mil dólares durante la campaña presidencial.
La investigación y las pruebas
Mientras tanto, el expediente del fentanilo mortal sigue avanzando. La acusación central sostiene que García Furfaro, sus familiares y empleados actuaron como coautores penalmente responsables de decisiones y omisiones dentro de las empresas que derivaron en la circulación y administración de medicamentos adulterados en el sistema de salud.
Un informe del Instituto Malbrán resultó clave para acelerar los procesamientos dictados por el juez Ernesto Kreplak. El laboratorio oficial detectó fallas graves en la cadena de producción de las ampollas de fentanilo elaboradas por HLB Pharma.
Los peritos señalaron que los lotes 31202 y 31244 presentaban “riesgos significativos que comprometerían la calidad y seguridad del producto”. Advirtieron además que el proceso de producción era “poco robusto e inconsistente”, y que las inspecciones reiteradas para “rescatar unidades rechazadas” evidenciaban una deficiente calidad de llenado y cierre, aumentando el riesgo de que defectos sutiles pasaran inadvertidos.
Con este panorama, los defensores ya apelaron la decisión del magistrado de primera instancia y esperan ahora la resolución de la Cámara Federal de La Plata. La coincidencia entre abogados vinculados al kirchnerismo y al entorno presidencial cobra especial relieve si se recuerda que, en la denominada “causa de los copitos”, Marcos Aldazábal representa a Cristina Fernández de Kirchner. En el extremo opuesto, Gastón Marano —ahora defensor de uno de los empresarios procesados por el fentanilo mortal— logró la libertad y absolución de Nicolás Carrizo, al no poder probarse su participación en el intento de asesinato contra la exmandataria.
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