El presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), el peronista Juan Manuel Olmos, alertó sobre la “inédita situación” en el organismo de control externo de los gastos del Estado por la falta de auditores que no vota el Congreso: a inicios de 2024 finalizó el mandato de los tres designados por Diputados y, meses atrás, los del Senado, lo que dejó al borde de la acefalía al organismo comandado por el principal bloque opositor al Gobierno libertario.
“La falta de designación debilita el sistema de control externo y dificulta el normal funcionamiento”, aseguró Olmos, sin “mencionar el hecho de que debemos auditar sobre proyectos prorrogados”, en referencia a las últimas dos leyes de Presupuesto que la Casa Rosada replica desde 2023, sin debate en el Congreso.
El jefe de la AGN expuso en la reunión que realizó este martes la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas -nexo predilecto con dicho organismo-, que lidera el diputado del peronismo disidente Miguel Pichetto y que significó, en medio del hervidero legislativo de las últimas semanas, un oasis de respeto entre las diferentes bancadas.
Olmos sí aclaró, cifras en mano, que la actualidad de la AGN “no significó una disminución de su capacidad trabajo, pero sí una limitación”. Esto se dio por dos factores que se rozan rápido: el empuje que activó la bicameral para reacomodar el desastre que dejaron gestiones anteriores -aún se analizan cuestiones del Gobierno de Mauricio Macri y faltan muchas de la gestión kirchnerista de Alberto Fernández-, y la devoción de la ahora oposición para llegar a revisar -como nunca- los gastos de la administración de Javier Milei. Una sorpresiva eficiencia para la -nueva- realidad de varios legisladores.
La disertación fue más que productiva para quienes siguen de cerca los vericuetos del Congreso y la Casa Rosada. De hecho, la crítica por la falta de integración completa de la AGN -presidente y seis butacas que todavía no definen Diputados y el Senado- implicó, según detalló Olmos, en que no se puede: aprobar informes terminados; modificar el plan operativo anual; actualizar normas internas; cambiar criterios de reserva en una resolución; y acelerar auditorías, entre otras cuestiones. Apuntó hacia una “encrucijada” que, por ahora, nadie quiere resolver.
Para entender mejor esto último, el peronista contó que integrantes de la comisión enviaron notas para retocar el plan anual vigente y realizar exámenes especiales en la ANMAT -por el escándalo del fentanilo- y en la ANDIS -supuestos sobornos en compra de medicamentos-, y que habría que tener el colegio completo -o, al menos, que se llegue al quorum- para ampliar los objetos y plazos en ambas entidades, cuyos estudios están en pleno desarrollo.
Olmos tampoco le escapó a la sensible área de universidades. En particular, a las cuatro auditorías sobre facultades de la UBA (Medicina, Derecho, Ciencias Económicas y Psicología): indicó que los informes finales serían remitidos y disponibles a partir de la primera quincena de noviembre. No obstante, aprovechó el uso de la palabra para resaltar que la AGN tiene plena competencia sobre este tema y que el Ejecutivo “nada tiene que hacer”, salvo “financiar su funcionamiento”.
Lupa sobre el fleje
El referente opositor direccionó la mira hacia “dos auditorías aprobadas” por el organismo relacionadas con los Bopreal y las reservas en lingotes de oro. En ese sentido, disparó contra el Banco Central: “El intercambio de notas se ha agotado. Ante la negativa a entregar la información necesaria, como establece la normativa, nos hemos detenido y no podemos avanzar”.
Mientras que otros legisladores consultaron sobre concesiones viales, durante el convite también se habló de pensar algún protocolo para saldar, en un futuro, una potencial situación como la vigente para no dañar el funcionamiento de la AGN. O incrementar presupuesto para escanear a todas las empresas públicas y no sólo a una porción. Una mayoría blanqueó algo recurrente: la picardía a la hora de revisar gastos en fastuosas contrataciones de consultorías.
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