Avanzó en Diputados el proyecto de ley que impulsa la producción de hidrógeno verde en Argentina

El proyecto de ley orientado a incentivar la producción de hidrógeno verde, un gas envasado que sirve como combustible en grandes industrias, avanzó este martes en la cámara de Diputados. Con el respaldo de La Libertad Avanza y bloques dialoguistas, las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitieron dictamen de mayoría para un proyecto que busca impulsar la producción de hidrógeno verde en el país y extender por 20 años la ley actual que fomenta las energías renovables. El trámite legislativo quedó así habilitado para su debate en el recinto, con el apoyo de legisladores que responden al oficialismo y a sectores alineados con variadas posiciones políticas.

La iniciativa de promover el hidrógeno de origen renovable es un planteo de empresarios del sector energético, que lo ven como una normativa que otorgaría reglas de juego estables a las inversiones de largo plazo. En consonancia con ese reclamo, el proyecto dictaminado establece un régimen específico que, según los impulsores, brindaría seguridad jurídica y previsibilidad a quienes apuesten por la industria vinculada al hidrógeno de bajas emisiones. La prórroga de la ley de energías renovables, vigente desde 2015 y próxima a expirar, también fue respaldada dentro del mismo paquete legislativo.

El plenario de ambas comisiones, presididas por los libertarios José Luis Espert y Lorena Villaverde, debatió durante la jornada los alcances de los proyectos. Finalmente, la propuesta recibió aval de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal, y la Coalición Cívica en disidencia parcial, alcanzando 43 firmas.

El corazón del debate giró en torno a la necesidad de establecer un marco de promoción de inversiones en hidrógeno renovable, que permita captar parte del interés internacional por la transición energética y el desarrollo de tecnologías limpias. La propuesta consensuada toma como referencia el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), pero con la diferencia de que la estabilidad tributaria que otorga se extenderá a 30 años para los proyectos comprendidos. Además, se amplía a cinco años el plazo para que los emprendimientos vinculados a la cadena de valor del hidrógeno verde accedan a este beneficio desde la promulgación de la ley.

Desde el PRO, el diputado Martín Maquieyra, remarcó que el país cuenta con “los mejores potenciales” para impulsar la producción de hidrógeno renovable. Sostuvo que la ley busca sentar bases a largo plazo y generar certezas para emprendimientos que demandan períodos extensos de maduración. En relación a la prórroga de la actual legislación de renovables, argumentó que “el primer objetivo es evitar que se agreguen más impuestos a los que ya existen sobre el sector”, además de adecuar la normativa a las nuevas realidades tecnológicas y reforzar la seguridad jurídica de los inversores.

La postura de rechazo estuvo encabezada por Unión por la Patria (UP), segunda bancada de la Cámara, que anticipó que no acompañará ninguna de las dos propuestas. El presidente del bloque Germán Martínez criticó que no se aceptaron sugerencias de la oposición durante el proceso de dictamen. Según Martínez, los autores del proyecto “prefirieron ser disciplinados por sus dueños”, expresión referenciada por el mismo legislador en la reunión.

Además del dictamen de minoría presentado por UP, también se anunciaron otros dos textos alternativos: uno impulsado por el espacio Democracia para Siempre y otro de la izquierda. Mercedes de Mendieta (Frente de Izquierda) argumentó que ambas iniciativas “persiguen negocios para las multinacionales”, postura que ratificó el rechazo de su sector a la propuesta gubernamental.

El articulado del dictamen de mayoría establece que el nuevo marco tendrá como propósito alentar el desarrollo de la industria del hidrógeno producido a partir de fuentes renovables de energía y otros vectores de bajas emisiones, en sintonía con los lineamientos de la Ley Bases. La estabilidad tributaria que se otorga implica que los proyectos no podrán ser afectados por variaciones normativas posteriores –incluyendo derogaciones o la imposición de nuevos tributos más gravosos– durante un plazo de 30 años desde la entrada en vigencia de la ley.

En detalle, el plazo para solicitar la adhesión al RIGI se fijó en cinco años para las empresas que participen en la producción, el procesamiento y la comercialización de hidrógeno de origen renovable y sus derivados. Esta ventana busca facilitar el acceso a incentivos clave para inversiones que requieren planificación de largo plazo y recursos de gran magnitud.