
La oposición más férrea y un puñado de dialoguistas se preparan para dictaminar esta tarde, en dos plenarios distintos -a las 15 y 16.30-, las iniciativas ya aprobadas por Diputados que declara la emergencia pediátrica -Garrahan-, y que refuerza y blinda los presupuestos universitarios. Las dudas que persisten por estas horas no apuntan hacia los casi seguros despachos, sino sobre qué momento será el adecuado para empujar una inevitable sesión -esta misma semana o la siguiente-, mientras que el Gobierno ya anunció eventuales vetos.
A partir de las 15, las comisiones de Salud -cabecera, comanda la legisladora kirchnerista Lucía Corpacci-; Población; y Presupuesto analizarán el proyecto que activa, en su primer artículo, “la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina por el término de un (1) año”.
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En otro de los artículos se deja en claro que el mecanismo implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.
Además, se establecerá “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.
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Otro punto importante será la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta puja se declarará “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. El oficialismo dirá en las próximas horas que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.
En tanto, el segundo texto será debatido en un plenario de las comisiones de Educación -manejada por el cristinista bonaerense Eduardo De Pedro-; y de Presupuesto y Hacienda, que preside el jefe libertario en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy). Uno de los artículos impone la actualización “al 1º de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.
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Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1º/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.
A un mes de la eventual sanción, habrá “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”.
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Una vez consumados los dictámenes, se ingresará en la estrategia de ir o no al recinto esta misma semana. El kirchnerismo parte de una base: pretende anular un puñado de decretos ya rechazados en la Cámara baja días atrás -INTA, Banco de Datos Genéticos, Vialidad, entre otros-, aunque no descarta la posibilidad de presionar para la habilitación, con dos tercios -al no tener los siete días reglamentarios-, de universidades y Garrahan.
Otra opción es ir con los decretos este jueves y esperar a la semana próxima para los dos proyectos. El tercer sendero es aguardar y dejar todo para el miércoles 27 o jueves 28, debido a que el cierre de listas dejó algunos heridos -y beneficiados- y los números podrían convertirse en una mala pasada en caso de aceleración exprés. Esto es lo que algunos pocos desean para, sobre todo, quedar liberados de cara a las elecciones bonaerenses de septiembre. Por momentos, las iniciativas parecen no ser lo trascendental en este Senado, sino una palanca para intentar -con poco oficio- hacer política, una palabra olvidada hace mucho tiempo en el Congreso.
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