El Gobierno Nacional frenó en las últimas horas una protesta gremial que amenazaba con paralizar la actividad en Vaca Muerta, uno de los mayores reservorios de hidrocarburos no convencionales del país. La medida surge tras el inminente paro, convocado por el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que había anunciado la acción directa para los días 31 de julio y 1 de agosto en rechazo a una serie de despidos. El conflicto generaba preocupación por el impacto que una interrupción de tareas podría tener en una de las industrias estratégicas del territorio nacional.
La incertidumbre entre los operadores energéticos y el resto de la cadena productiva se manifestaba desde la semana pasada, acompañada por la preocupación de los gobiernos locales ante el posible freno a la producción y los ingresos fiscales provenientes de los yacimientos. Mientras el sindicato presionaba denunciando que hubo más de 1.000 despidos en empresas de la zona, un enclave fundamental de la generación de divisas.
En este contexto, la decisión del Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de dictar la conciliación obligatoria, fue un intento de evitar daños irreparables en una industria considerada clave. La medida tendrá una vigencia de 15 días, período durante el cual las partes deberán sentarse a negociar y suspender cualquier tipo de cese o interrupción de tareas vinculadas a la explotación y el transporte de petróleo y gas no convencional.
El Ministerio de Capital Humano realizó el anuncio y recomendó a las partes garantizar la continuidad de los servicios y preservar la paz social. Tal como indica el comunicado oficial, la disposición regirá desde el 30 de julio a las 09:00 horas y apunta a “preservar la paz social y garantizar la continuidad de la producción en una actividad estratégica para el país, como es la explotación de petróleo y gas no convencional en Vaca Muerta”. Durante el plazo establecido queda prohibida cualquier clase de medida de fuerza, y los trabajadores deberán reincorporarse a las tareas bajo las condiciones habituales.
En declaraciones previas a la intervención estatal, dirigentes sindicales como Marcelo Rucci, secretario general del sindicato, habían expresado públicamente su malestar frente a la falta de avances en la mesa de negociaciones. “Es muy difícil de explicar que en el mejor momento de Vaca Muerta haya despidos de trabajadores -dijo el sindicalista a Infobae-. Pensábamos que las empresas iban a poner en valor el esfuerzo de la gente para batir todos los récords no sólo de perforación o de fractura, sino también de producción que estimaban alcanzar en 2026 y que pudieron lograr este año, con 600.000 barriles de petróleo. Estamos en una situación muy favorable para la industria, con un montón de beneficios que le dieron, pero no gotea a los trabajadores e incluso tiran a la gente a la calle sin contemplaciones", señaló Rucci.
El dirigente remarcó que “los compromisos asumidos por las empresas no se cumplieron y los trabajadores exigen respuestas inmediatas”.
La industria petrolera aporta a Neuquén y al resto de la Patagonia un caudal importante de recursos, puestos de trabajo directos e indirectos y contratos de servicios tecnológicos y logísticos. En ese marco, el Gobierno busca evitar cualquier escenario que pueda ralentizar la actividad y provocar pérdidas millonarias durante la temporada alta de extracción.
La intervención oficial funciona en este nuevo escenario como un espacio de negociación temporal. Durante los 15 días que fija la conciliación obligatoria, representantes gremiales y empresarios del rubro petrolero deberán abrir canales de diálogo con la intermediación de la Secretaría de Trabajo.
Desde el Ministerio de Capital Humano remarcaron la importancia estratégica de sostener la producción en Vaca Muerta, puesto que cualquier interrupción repercute de manera directa en los objetivos energéticos nacionales y los compromisos asumidos a nivel externo.
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