El Gobierno convocó al Consejo de Mayo y avanza con la confección de la reforma laboral que Milei quiere para 2026

La Casa Rosada fue el ámbito donde se reunieron los representantes del Consejo de Mayo, el órgano creado por el Gobierno en donde busca coordinar con representantes de diferentes sectores las políticas que impulsará después de la renovación legislativa de diciembre, las cuales deben ir en línea con las reformas firmadas por el presidente Javier Milei y los 19 gobernadores que suscribieron al Pacto de Mayo.

El primer y único encuentro que hubo hasta ahora había sido el 24 de junio, el cual tuvo un carácter inaugural e introductorio. La convocatoria del presidente de esa entidad, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue para encontrarse en el Salón de los Escudos de la Casa Rosada este lunes a las 9 de la mañana.

El encuentro duró cerca de tres horas. Allí asistieron todos los integrantes del Consejo. El primero en llegar a la explanada de Balcarce 50 fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, representante del Poder Ejecutivo. El funcionario es quien llevará las líneas rectoras que trabajan distintas áreas del Gobierno y quien avalará las sugerencias de los diferentes actores.

La representante del Senado, la radical Carolina Losada, ingresó minutos más tarde bajo un total hermetismo, el cual se condice con lo que habían acordado todos los consejeros en la primera reunión: que los asuntos a discutir y la letra chica no se revelará hasta tanto no se firme el documento final meses más tarde. Más tarde ingresaron el diputado nacional, Cristian Ritondo, representante de la Cámara Baja; y el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los gremios. Mientras que el fue el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, el elegido por las provincias firmantes del Pacto de Mayo.

Minutos antes había llegado el presidente de la UIA, Martín Rappallini, representante por el empresariado. Lo hizo al lado de un invitado que no había sido revelado ante la prensa: el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, quien es responsable de la cartera sobre la cual tendrá impacto una eventual reforma laboral.

Varios de los integrantes del Consejo reconocieron que el énfasis del primer encuentro sería tratar las primeras propuestas sobre ese punto, además de cuestiones puntuales vinculadas a la tributaria. Tanto Sturzenegger como Martínez y Rappallini representan la tríada de consejeros que más incidencia tienen en la letra chica de las discusiones laborales.

Al salir de la primera reunión, Martínez señaló la voluntad de dialogar sobre una modernización laboral, pero sin aprobar una reforma directa. Insistió en que cualquier debe ser consensuado con la CGT, rechazando a su vez los techos a las paritarias impuestas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y la criminalización de la protesta sindical.

“Lo que queremos es bajar el costo argentino. Y eso se logra con cuestiones impositivas y de otra índole. La modernización laboral puede ayudar, pero el principal acuerdo entre sindicatos y empresarios se da a través de los convenios colectivos de trabajo, y estos no suelen estar atrasados, por lo que ahí no hay que apuntar”, afirmaron desde el entorno del titular de la UOCRA.

Sturzenegger llevó a la reunión a la abogada especialista en derecho laboral, Agustina García De Cecco, quien forma parte del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. También estaba ocupando la secretaria Técnica del Consejo, María Cecilia Domínguez Diacoluca.

Quien resultó el vocero del encuentro al final de la reunión fue Ritondo. Comunicó que había sido una reunión productiva y que la tercera reunión será el 20 de agosto, pero que los temas abordados no dejarán de ser debatidos por los equipos técnicos de cada una de las partes. Esto tiene la finalidad de llegar para el 15 de diciembre con un documento final confeccionado y que sirva como base para presentar las reformas laboral y tributaria que Milei requiere para la segunda mitad de su mandato, a los fines de bajar la informalidad y generar recaudación por otra vía.

Ese es el fin del órgano multisectorial: tramitar y tratar de consensuar (entre los actores involucrados, entre los cuales no se encuentra la oposición intransigente con la Casa Rosada) las reformas que figuran en el Pacto de Mayo.

Hay algunas más prioritarias que otras: la laboral y la tributaria buscan impulsarse para el año próximo; la previsional para después de 2027 (si es que Milei consigue la reelección); y la coparticipación federal es casi una quimera, porque el Consejo no tiene ningún sentido práctico para discutir esta cuestión porque el debate es con la totalidad de las provincias.

Las diez cláusulas incluyen consignas vinculadas al equilibrio fiscal, la educación, los recursos naturales, la apertura al comercio, entre otros aspectos; pero la urgencia de la Nación versa sobre las reformas mencionadas anteriormente.

En junio cada sector expresó predisposición al diálogo y se reservó para definir sus prioridades en el próximo encuentro. Aun así, no se conoce qué se llevará. En rigor, en esa primera reunión todas las partes se comprometieron a tratar los asuntos con el mayor secretismo posible. “Nos pidieron mantener la discreción, es lógico porque si no es más difícil discutir los temas”, dijeron desde una de las partes, algo que coincide con todos los sectores consultados por este medio.

El mendocino Cornejo viajó en un contexto particular: es uno de los pocos gobernadores que tiene posibilidades (y ánimos) de cerrar una alianza con los libertarios de cara a las elecciones de octubre. El gesto definitivo se dio la semana pasada, cuando decidió la unificación de los comicios provinciales de las nacionales. Todavía permanece pendiente la discusión sobre quiénes serán los candidatos. En Casa Rosada recuerdan que el ministro de Defensa y ex rival de interna de Cornejo en 2023, Luis Petri, tiene niveles altos de aceptación en el electorado provincial.