El Consejo Profesional de Química exigió una remediación ambiental en San Nicolás tras el cierre de Atanor

La reciente clausura de la Planta de Atanor en San Nicolás ha intensificado la preocupación social y científica sobre el impacto ambiental y sanitario ocasionado por actividades industriales en la región, según el Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires (CPQ-PBA). La institución emitió un comunicado que advierte sobre el carácter urgente e irreemplazable de las acciones de remediación ambiental, así como la supervisión rigurosa por parte de las autoridades competentes. La institución alertó que la contaminación originada por el establecimiento no solo generó severos daños en el entorno, sino que además afectó de manera directa a la población local.

El Consejo de Química resaltó que el detonante de esta situación ha sido la determinación de la Autoridad del Agua (ADA) provincial, que ordenó el cierre total y preventivo de la planta tras constatar un episodio de contaminación sobre la ribera del Río Paraná. Pruebas de laboratorio oficiales, indicaron, confirmaron la presencia de glifosato, atrazina, clorpirifos—un compuesto prohibido en el país—, así como de fenoles y metales pesados como arsénico, plomo y cromo en los desechos industriales de la empresa. Estos residuos eran vertidos a través de un conducto autorizado únicamente para efluentes cloacales, en infracción directa de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos.

Esta sucesión de hechos, según el comunicado emitido por el CPQ-PBA, motivó el llamado del organismo a exigir a la empresa Atanor su “indeclinable responsabilidad de llevar a cabo un exhaustivo plan de remediación ambiental, tras los sucesivos hechos de contaminación perpetrados que afectaron notoriamente tanto al entorno como a la población”. Además, el consejo profesional pidió que el Estado efectúe “rigurosos controles a cargo de personal idóneo y matriculado, a los fines de diagnosticar el alcance de los daños sanitarios y ambientales ocasionados y sus consecuencias, como así también constatar el cumplimiento estricto de las acciones necesarias para revertir dicha situación”.

En el texto difundido, el CPQ-PBA remarcó que el proceso de fiscalización debe incluir la posibilidad de que las autoridades apliquen “las sanciones correspondientes contempladas en el marco de la Ley”. Esta demanda cobra relevancia a la luz de antecedentes recientes en la planta de San Nicolás, donde en marzo de 2024 se registró una explosión cuya investigación oficial fue, según las palabras del presidente del consejo, Carlos Colángelo, de resultados dudosos y cuestionado por la comunidad afectada.

El caso Atanor generó inquietud porque la empresa anunció que, pese al cierre de su unidad productiva, planea mantener en el mismo predio clausurado un centro logístico para productos peligrosos, e iniciar un proceso de relocalización de sus operaciones a la ciudad cordobesa de Río Tercero. “Es inadmisible que empresas que manipulan productos químicos de gran peligrosidad operen en el territorio provincial con total impunidad, como lo ha hecho Atanor por años y años”, al tiempo que cuestionó si existieron controles efectivos: “¿Es posible que los organismos de control del gobierno provincial no supieran de los daños ambientales que se fueron ocasionando y que fueron denunciados en varias oportunidades por los vecinos afectados?”, afirmó Colángelo.

En declaraciones difundidas por el consejo profesional, el titular de la entidad también puso el foco en la seguridad de las futuras operaciones: “¿Se inspeccionó de manera periódica y exhaustiva la planta para constatar el cumplimiento de los protocolos y la ejecución de tareas a cargo de personal químico matriculado y de otras áreas profesionales? ¿Qué garantías existen de que Atanor tenga un proceder sanitario y ambiental en el marco de la ley si se radicara (como anunció) en la localidad cordobesa de Río Tercero?”.

La denuncia del CPQ-PBA se apoya en la evidencia aportada por la ADA, que determinó que la descarga de residuos tóxicos se realizó en vías no autorizadas, lo cual constituye una violación a la normativa vigente. Los inspectores verificaron que el ducto utilizado solo debía transportar efluentes cloacales y no desechos industriales altamente contaminantes. Esta práctica ilegal, sumada a la constatación de la presencia de peligrosos fitosanitarios y metales pesados, motivó la intervención inmediata y el cierre preventivo de la planta.