En la antesala de una sesión clave en el Senado, los gobernadores que integraron la ex coalición de Juntos por el Cambio, entre ellos Rogelio Frigerio (Entre Ríos),Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Poggi (San Luis), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Jorge Macri (CABA), mantuvieron ayer una reunión virtual junto a sus senadores y aliados parlamentarios y resolvieron no acompañar la votación de los proyectos que ya tienen media sanción porque, aseguran, atentan contra el equilibrio fiscal.
Según supo Infobae, este grupo de gobernadores, más afín al diálogo con el gobierno libertario, consideró que las iniciativas de reponer la moratoria previsional, incrementar jubilaciones y la emergencia en discapacidad, que impulsa la oposición, “tienen un costo fiscal estimado del 2.5% del PBI”, algo que “claramente sería un bombazo fiscal” para las cuentas públicas.
En el mencionado encuentro virtual se resolvió, además, la estrategia parlamentaria intentar dividir en dos la sesión de este jueves para, luego de un cuarto intermedio, los legisladores sí puedan tratar los proyectos que consensuaron entre los 24 gobernadores, que refiere a la coparticipación del 50% del fondo de los ATN a las provincias, la eliminación de todos los fondos fiduciarios y modificaciones al impuesto a los combustibles líquidos, que -señalan- “sólo tienen un costo fiscal del 0.11% del PBI”.
“Con esto buscan instalar varias cosas y dejar expuesto al Presidente luego de sus declaraciones donde mete a todos dentro de la misma bolsa: no quieren destruir al gobierno, no son irresponsables ni degenerados fiscales, no votan con el kirchnerismo proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal”, plantearon desde este grupo de mandatarios provinciales.
Sesión caliente
El Senado abrirá, a las 14, las puertas del recinto y buscará habilitar la discusión de temas sensibles para el gobierno del presidente Javier Milei en materia fiscal, luego de que la Casa Rosada se mostrará inflexible ante distintos pedidos de los gobernadores.
Es más, el propio Jede de Estado se pronunció de manera muy crítica: “Quieren destruir a gobierno nacional”, dijo. “No corresponde([dar lo que piden los gobernadores). Se están desbocando. Quieren destruir al gobierno nacional. Independientemente del color político que tenga, son todos partidos del Estado. A ellos no les importa si los argentinos van a estar peor o mejor. A ellos les importa el poder y la de ellos. Prueba de que ellos son parte del problema y no de la solución”, sentenció Milei en diálogo con Luis Majul en El Observador.
Desde el grupo de gobernadores dialoguistas, a pesar del guiño a LLA, aclararon que “sí se va a dar la pelea y el debate por los recursos que le corresponden a las provincias que el gobierno se está apropiando de manera ilegal. Sí están dispuestos a hacerse cargo de las responsabilidades que les entregó Milei al cortar todas las transferencias discrecionales a las pcias, pero eso tiene que venir de la mano también de los recursos correspondientes a las provincias. Eso es federalismo enserio”.
La decisión de los bloques de la oposición de bajar al hemiciclo de manera autoconvocada le fue comunicada anteayer a la vicepresidenta Victoria Villarruel en una reunión informal, que ella misma había convocado con representantes de casi todas las bancadas.
Serán siete los temas que pondrán sobre la mesa los representantes provinciales, que deberán pujar por el orden de tratamiento en el recinto: aumento del bono jubilatorio, la moratoria previsional y emergencia en Discapacidad, tres temas que ya tienen la media sanción de Diputados y sobre los cuales Milei ya avisó que los podría vetar, y que los gobernadores dialoguistas no acompañarán.
Además, se sumarán el proyecto que establece el giro automático de los ATN y la coparticipación del impuesto a los combustibles, dos iniciativas impulsadas por los mandatarios; también se agregaron el tratamiento1 del veto al proyecto de emergencia de Bahía Blanca y una declaración por la situación judicial de YPF.
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