
Tras meses de intentar conformar la comisión investigadora del caso $Libra —que busca analizar el comportamiento del presidente Javier Milei y demás funcionarios en el escándalo de la criptomoneda—, los diputados volvieron a reunirse, pero no lograron avanzar en la elección de autoridades. De igual forma, de la jornada participaron varios expositores y especialistas convocados por los legisladores.
La reunión estaba prevista para que comience a las 16 horas. Se trató del tercer encuentro y uno de los dos que ya estaban pactados con el objetivo de destrabar su conformación.
Ante los frenos que impuso el oficialismo para designar a un presidente de manera formal, la coordinación recayó en el secretario parlamentario, Adrián Pagán.
El relanzamiento de la comisión respondió a la presión de distintos bloques opositores, que solicitaron explicaciones sobre el escándalo derivado de la fallida criptomoneda que fue difundida desde sectores vinculados al oficialismo. Entre ellos, empresarios, funcionarios, abogados, periodistas y el propio presidente Javier Milei, junto a su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Desde antes del inicio de la reunión, ya se sabía que los hermanos Milei no asistirían. Por esto mismo, la diputada Sabrina Selva, integrante de Unión por la Patria, solicitó que se informe oficialmente quiénes, en caso de ser citados, rechazan testimoniar.
En esta ocasión, el Congreso de la Nación citó a los organizadores del Tech Forum, Mauricio Novelli y Manuel Torres Godoy. Sin embargo, ninguno de ellos se presentó.
En la lista de convocados también figuraron los periodistas Irina Hauser y Alejandro Bercovich, junto a otros especialistas.
La jornada estuvo cargada de cuestionamientos. Incluso, la Coalición Cívica se retiró de la reunión ante la falta de una conformación oficial del organismo y el retraso en la elección de las autoridades. “Desde la Coalición Cívica propusimos citar a declarar a algunos de los principales responsables del lanzamiento de la criptomoneda: Mauricio Novelli, Sergio Morales y Manuel Terrones Godoy. Ninguno de ellos asistió. Tampoco lo hicieron otras personas señaladas en el marco de esta causa”, escribió Maximiliano Ferraro en sus redes sociales.
En esa línea, continuó: “Pese a eso, se “acordó” continuar la reunión como si se tratara de una comisión ordinaria, escuchando a periodistas y especialistas, vaciando de contenido y desnaturalizando la función investigadora con la que fue creada". Además, cuestionó que no se “citó bajo apercibimiento” a los implicados.
La comisión investigadora fue creada el 8 de abril con la aprobación de la Cámara de Diputados. Se encuentra integrada por 28 legisladores de distintos bloques, que tienen el objetivo de reunir documentación, tomar declaraciones, solicitar informes y elaborar un dictamen sobre el caso $Libra.
De acuerdo con el reglamento, el plazo para completar la investigación es de 90 días, y el informe final debe presentarse dentro de los 30 días posteriores al cierre de ese período. En caso de que no fueran respetados los plazos, la comisión se daría por extinta.

Según fuentes de la oposición, el objetivo sería utilizar la comisión como ámbito para citar funcionarios y avanzar en investigaciones que consideran bloqueadas por La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados. “Hubo ofrecimientos muy razonables para resolver el funcionamiento y se niegan, porque el objetivo es impedir que la comisión funcione”, denunció Fernando Carbajal antes de la reunión, anticipando cuál sería la estrategia a seguir por parte de los principales involucrados.
“Frente a esto nosotros vamos a promover e impulsar el juicio político porque evidentemente es el único ámbito constitucional donde vamos a poder lograr el objetivo de investigar y que los corruptos no queden impunes, que es lo que quieren el bloque oficialista y sus aliados”, apuntó el diputado en diálogo con Infobae.
La disputa en la comisión $Libra surge de la controversia por la Presidencia. En abril, el presidente del bloque MID, Oscar Zago, propuso a Marcela Pagano como presidenta, pero la conducción de la Cámara Baja, encabezada por Martín Menem, no la reconoce. Desde entonces, la comisión quedó en un limbo reglamentario.
Menem mantiene el bloqueo en la comisión, que tiene la potestad de iniciar procesos acusatorios contra el presidente, los ministros y los jueces de la Corte. La ruptura entre el titular de Diputados y la presidenta de la comisión de Juicio Político agravaría el estancamiento, ya que no hay contactos formales para resolver la interna libertaria.
Desde febrero, Unión por la Patria mantiene un pedido en la Comisión de Juicio Político que podría ser utilizado como base. Para avanzar, deberán emplazar a la comisión, una votación posible en la sesión prevista para el 2 de julio, si suman el apoyo de Encuentro Federal.
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