El Gobierno decidió eliminar este miércoles el Día del Empleado Público que se celebra el 27 de junio y recibió la respuesta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que criticó la medida del Ejecutivo que deja sin un fin de semana largo a los empleados públicos.
La confirmación oficial sobre la supresión del feriado fue realizada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien transmitió la disposición del Ejecutivo de no otorgar asueto este jueves a los trabajadores de la administración pública nacional. La decisión afecta a decenas de miles de empleados públicos para quienes el 27 de junio estaba calendarizado como día no laborable, según lo establece la Ley 26.876 sancionada en 2013.
La noticia generó rápidas reacciones en los sectores sindicales. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo a la medida y cuestionar la legalidad de la acción tomada por el Gobierno. La decisión del Ejecutivo impacta directamente en la actividad del sector público y elimina la posibilidad de un fin de semana largo previsto en diversas dependencias administrativas.
“El Gobierno pretende eliminar por decreto un día histórico, el Día del Trabajador del Estado, sancionado por la Ley 26.876. Quieren destruir el Estado y también a los estatales, por eso intentan eliminar el día que nos reconoce como tales, pero no van a poder!”, señaló el dirigente, que calificó la medida del Ejecutivo como “un nuevo acto despótico propio de un régimen autoritario y autocrático” y agregó que “sólo el Congreso puede derogar una Ley que el mismo sancionó”.
La decisión impacta sobre empleados dependientes de la administración pública nacional, tanto para las oficinas centrales en la ciudad de Buenos Aires como a delegaciones repartidas en todo el país. Tal como lo establece la disposición oficial, las áreas que tradicionalmente programaban la suspensión de actividades para el último jueves de junio deberán funcionar con normalidad.
En su comunicación, Adorni detalló que la administración resolvió “no adherir” al feriado por considerar que el calendario laboral requiere avanzar sobre “gastos prescindibles”. El Gobierno sostiene que el objetivo es priorizar la prestación de servicios para el conjunto de la sociedad, evitando parálisis administrativas que suelen coincidir con los feriados y asuetos del sector estatal.
Adorni explicó que esta decisión se basa en la visión que el Gobierno tiene sobre el rol del Estado. “El Estado no es un lugar en el que deba ser posible tomarse un día sabático ni gozar de cualquier otro privilegio que el trabajador del sector privado no tiene o carece”, declaró. Y agregó: “Teniendo en cuenta, por supuesto, que ese día es pagado con el sueldo de cada uno de los contribuyentes de este país”.
El vocero también subrayó que “trabajar en el Estado es un servicio para el ciudadano que todos los días se esfuerza para llevar un plato de comida a su familia y que de manera directa o indirecta es responsable del presente y del futuro del país”.
ATE, por su parte, defendió la vigencia de la Ley 26.876, sancionada durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, la cual establece el 27 de junio como “Día del Trabajador del Estado” para conmemorar la unidad y la tarea desarrollada por los empleados públicos. Según el texto legal, la fecha “será considerada para todos los efectos como día no laborable para la administración nacional”.
Adorni sostuvo que la decisión “va en consonancia con la concepción del Estado que tiene este gobierno”, al que definió como una herramienta para “allanar el camino de libertad de los argentinos, no para entorpecer la Argentina, que rendía culto al estatismo y al sector público en detrimento del privado”. Y concluyó: “Es cosa del pasado”.
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