El Gobierno confía en que llegará a un acuerdo con el PRO, pese a las tensiones con algunos intendentes bonaerenses

En medio de los desacuerdos internos que atraviesan al PRO bonaerense frente a un eventual acuerdo electoral con La Libertad Avanza (LLA), el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sostuvo que las diferencias son propias de la etapa de cierre de listas y que, pese a las tensiones, el Gobierno espera alcanzar un entendimiento con el partido fundado por Mauricio Macri. "Creo que vamos a llegar a entendimiento", expresó.

“Son dos partidos que tuvieron un trabajo en conjunto en el Congreso, ellos apoyaron las medidas. La realidad es que estamos intentando trabajar juntos y armar las propuestas electorales”, dijo Francos en declaraciones a Radio Rivadavia.

Además, el funcionario agregó: “Cuando se llega al momento de cierre de listas hay disputa y diferencias, pero no tiene nada que ver con lo que sienta. Siempre tuvimos excelente relación. Creo que vamos a llegar a entendimientos con el PRO”.

Las declaraciones de Francos se conocieron luego de una reunión por videoconferencia convocada por el presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, en la que un grupo de intendentes expresó su rechazo a ceder lugares en las listas a La Libertad Avanza. En ese encuentro, que tuvo como objetivo discutir los términos del acuerdo, algunos dirigentes del PRO dejaron abierta la posibilidad de avanzar en otro armado junto al radicalismo y sectores del peronismo no kirchnerista.

Las definiciones llegan en la previa de un nuevo encuentro entre autoridades bonaerenses del PRO y de LLA, encabezadas por Ritondo y Sebastián Pareja, y en un contexto marcado por la inminencia del cierre del primer plazo del calendario electoral: el 9 de julio deben presentarse las alianzas que competirán en las elecciones primarias del 7 de septiembre.

Francos habló sobre este escenario en la antesala de la primera reunión del Consejo de Mayo, el organismo que el Gobierno activó a casi un año de su creación formal. “Es el inicio de un proceso que llevamos hasta fin de año con los integrales, para tratar los temas que arreglamos con 18 gobernadores”, afirmó el jefe de Gabinete.

“En las reuniones con empresarios y sindicatos se habla de la necesidad de encarar reformas estructurales en lo tributario, en lo impositivo, laboral y la discusión de la coparticipación y los cortos que tienen los impuestos provinciales”, detalló. En ese sentido, consideró: “Tenemos una enorme cantidad de trabajadores informales. Esa situación requiere una cantidad de reformas con acuerdos. Este es un momento ideal para avanzar en esos sectores que afectan la competitividad de ciertos sectores”.

Además, destacó la necesidad de un “compromiso de las provincias de explotar los recursos naturales”, y señaló que “hay proyectos de inversión grandes en minería que están sujetos a decisiones que tienen que tomar las provincias”.

Francos también se refirió a los tiempos políticos y al alcance del proyecto impulsado por el Gobierno: “Se pueden hacer todas las reformas, vamos a necesitar dos periodos de gobierno. La gente decidirá, es una decisión del pueblo para cumplir un segundo mandato. Mientras estemos, haremos”.

La Casa Rosada contará con dos lugares, el del jefe de Gabinete, que además es quien presidirá el Consejo, y el del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En tan solo unas semanas, Sturzengeer perderá las facultades delegadas que recibió mediante la Ley Bases, por lo que ya no podrá tomar decisiones de manera unilateral y varias de sus medidas deberán tener tratamiento parlamentario.

El enviado de las provincias firmantes -solo Buenos Aires, Formosa, La Rioja, La Pampa y Tierra del Fuego no adhirieron- será el mendocino Alfredo Cornejo, de origen radical y cercano al oficialismo.

La relación de la Nación con los gobernadores está pasando por un momento de cierta tensión, a partir de los reclamos de estos de mayores fondos, ante la caída de la recaudación y la paralización de la obra pública.

Incluso, los mandatarios de las 24 jurisdicciones del país consensuaron un proyecto de ley para modificar el reparto de los ATN y los ingresos correspondientes al impuesto a los combustibles.