El legislador Yamil Santoro denunció penalmente este miércoles a su par kirchnerista María Bielli por amenazas coactivas, luego del ataque de la diputada porteña a su despacho del pasado 12 de junio.
Además, según le indicaron a Infobae desde el entorno del legislador, la presentación judicial fue acompañada por un pedido de prohibición de acercamiento, tanto para Bielli como para el personal de su despacho, ya que la diputada, al momento de irrumpir violentamente en la oficina de Santoro, iba acompañada de gente de su equipo de trabajo.
La denuncia expone que un grupo de personas ingresó por la fuerza al despacho 425 del cuarto piso de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, empujó al personal, tiró al suelo equipos informáticos y profirió insultos y amenazas a viva voz.
“¿Dónde estás, hijo de puta?“ y ”Da la cara, cagón" fueron dos de las frases que se escucharon aquel día en la oficina de Santoro, emitidas por Bielli y su equipo.
Todo ocurrió luego de que ese 12 de junio, horas antes, Santoro presentara, como director de la Fundación Apolo, un pedido a la Justicia para que se le apliquen restricciones a la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner, en busca de que se desarrolle bajo condiciones de austeridad y sin privilegios.
“Este tipo de violencia no tiene lugar en democracia. No se puede tolerar que se irrumpa en una oficina pública para intimidar a un legislador por ejercer su derecho a peticionar ante la Justicia”, declaró Santoro, quien en el momento del ataque no se encontraba en su oficina, pero fue alertado por Paula Scauzillo, colaboradora que presenció los hechos.
Para el legislador liberal, la gravedad del episodio excede la confrontación política y constituye una amenaza ilegítima, intimidatoria y organizada, dirigida a amedrentar a quien se atreva a cuestionar judicialmente a referentes del kirchnerismo. “La intolerancia y la agresión no pueden ser el camino frente a las diferencias políticas”, expuso.
En la denuncia se solicitan registros de cámaras de seguridad de la Legislatura, los legajos del personal que trabaja con Bielli y que se identifique y cite a declarar a los implicados en el hecho.
Por otro lado, Santoro pidió que se garantice su seguridad y la del personal de su despacho mediante una orden de restricción, y que se investigue y sancione penalmente a la diputada Bielli y a los responsables del ataque.
La presentación judicial que despertó el enojo de Bielli
El 12 de junio, la Fundación Apolo realizó una presentación judicial solicitando restricciones para la detención domiciliaria de Cristina Kirchner.
Para Santoro, su director, “La prisión domiciliaria debe ser una alternativa excepcional al encierro carcelario, no una instancia de impunidad lujosa”, por lo que “Cristina debería completar su condena en un domicilio común o en la cárcel, no en un inmueble de lujo pagado con erario público”.
En diálogo con Infobae, el legislador indicó que la ex presidenta “no tiene vocación de resocialización y no está arrepentida como para estar en un contexto placentero y políticamente activa”.
En el escrito, que lleva también la firma de los abogados José Magioncalda, Nicolás Silvera e Ignacio Falcón, se subrayó que el inmueble donde se cumpla la pena debe reunir condiciones de control efectivo, evitando el uso de propiedades de alto valor simbólico o económico.
“Sería inadmisible que una condenada por corrupción cumpla su pena en una mansión, mientras la mayoría de los argentinos vive en condiciones de austeridad”, expresaron.
Entre las restricciones solicitadas en el texto, se destacan:
- Que el inmueble no supere los 30 metros cuadrados por persona que lo habite.
- Que, si se trata de un departamento en altura, no cuente con balcones.
- Que las visitas se limiten a un día a la semana, de 14 a 17, con un máximo de dos personas por vez.
- Que el domicilio se ubique a más de 500 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y en localidades de menos de 100.000 habitantes.
Por otro lado, desde la Fundación Apolo advirtieron que, “dada la notoriedad pública de la ex presidente, su presencia en ciertos barrios podría generar alteraciones del orden público, con manifestaciones, concentraciones y operativos que afecten a los vecinos”.
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