
La provincia de Corrientes votará el próximo 31 de agosto a su nuevo gobernador en el medio de un año que está marcado por las elecciones legislativas que llevan a nivel nacional. En ese sentido, una nueva encuesta reveló cómo está planteado el esquema de candidatos y qué nombres suenan con fuerza para suceder a Gustavo Valdés.
Según un reciente estudio de opinión pública realizado por Ágora Consultores, hay un claro deseo de cambio entre los votantes: un significativo 58% expresa su preferencia por un giro en el liderazgo provincial. Este dato pone en aprietos la continuidad del oficialismo, encabezado por el gobernador Valdés, cuyo candidato solo recibe el 24% de intenciones de voto, siempre según el mismo estudio.
En este contexto, Martín “Tincho” Ascúa, actual intendente de Paso de los Libres y candidato por el Partido Justicialista (PJ), emerge como la figura que capitaliza el descontento y el anhelo de renovación que se pudo medir en las encuestas.

Justamente, el estudio posiciona a Ascúa a la cabeza de las preferencias electorales, siendo el único candidato que no solo mantiene, sino que también viene creciendo con el apoyo y todo apunta a que podría ser quien llegue a una segunda ronda electoral.
Por otro lado, el actual gobierno de Valdés sufre un creciente rechazo, evidenciado por una imagen negativa que supera el 50% en ciertos sectores. Esto contrasta con la imagen de Ascúa, quien, aunque también enfrenta críticas y acusaciones de corrupción, ha logrado conectar con el electorado gracias a su enfoque en comunidades menos visibles y su gestión local.
Asimismo, el intendente es respaldado por la ex presidenta Cristina Kirchner, que tiene una imagen que resurge con fuerza, poseyendo una popularidad cercana al 40%, lo que indica un sólido respaldo kirchnerista que podría beneficiar a Ascúa.

En un escenario donde el electorado anhela un cambio, el exgobernador y radical Ricardo Colombi no logra despegar. A pesar de contar con una base leal, su imagen se diluye entre quienes migran hacia otros espacios.
Mientras que, de acuerdo al mismo estudio, el candidato de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, no logra ratificar la estructura del gobierno nacional y transformarlo en votos de los seguidores libertarios.
En este marco, el panorama electoral es competitivo. Ascúa lidera con un 22% de las preferencias, seguido de cerca por Juan Pablo Valdés, el hermano del actual gobernador, con un 21%. El exgobernador Colombi y Almirón siguen detrás, reflejando un electorado dividido que genera un terreno fértil para alianzas estratégicas.
Las motivaciones de voto son variadas, con el deseo de cambio dominando entre los votantes opositores. Esta dinámica es alimentada por un rechazo hacia Valdés y una administración provincial que muchos consideran agotada tras 25 años del mismo ciclo político.
La gestión del ejecutivo provincial bajo el liderazgo de Valdés enfrenta un ambiente de creciente desconformidad entre los votantes. Según el mismo estudio, el apoyo hacia esta conducción ha disminuido, posicionando la aprobación en un 53%. A pesar de que este número refleja aún una mayoría, la tendencia es negativa debido a múltiples factores que están erosionando la confianza pública.

Entre las principales dificultades que encontró el gobierno provincial está el caso Loan, que ya lleva un año desaparecido. Mientras que también se evidencian deficiencias notables en sectores como la educación y la salud, que son vistos como críticos por segmentos significativos de la población. En particular, la falta de infraestructura y los servicios básicos inadecuados son motivo de quejas recurrentes, repercutiendo especialmente entre las comunidades del interior de la provincia.
El informe señala que uno de los mayores desafíos que enfrenta la administración de Valdés es la precariedad percibida en las obras públicas, a pesar de los esfuerzos por mantener una imagen de progreso y movimiento. Dichos esfuerzos parecen no alcanzar para contrarrestar la percepción de que el gobierno provincial está priorizando la visibilidad mediática por encima del impacto real en las condiciones de vida de los ciudadanos.
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