Santa Fe apoyó las medidas para los dólares “del colchón” y las enfocó en su lucha contra el narcotráfico

El gobierno de la provincia de Santa Fe anunció su respaldo a las recientes medidas económicas anunciadas por el ministro Luis Caputo de un virtual blanqueo de dólares (“no es un blanqueo ni es cierto eso que se dijo de los montos de 100 mil dólares”, había aclarado días atrás el titular de Economía).

Por su parte, la administración santafesina avaló los anuncios del Gobierno nacional pero lo hizo con un enfoque particular: lo apuntará hacia la lucha contra las mafias y el narcotráfico. Esto implica medidas específicas para evitar que las organizaciones delictivas utilicen esta oportunidad para legitimar dinero proveniente de actividades ilegales.

Este anuncio fue realizado por los ministros Pablo Cococcioni, de Justicia y Seguridad, y Pablo Olivares, de Economía, quienes enfatizaron la necesidad de intensificar los controles para garantizar la seguridad pública.

El ministro de Justicia y Seguridad explicó que la prioridad es impedir que los recursos financieros ilícitos se utilicen para sostener las operaciones de grupos delictivos en la provincia. “La lucha contra las mafias en Santa Fe es un mandato indeclinable por lo que tenemos que centrarnos en controlar que los flujos patrimoniales y financieros no terminen siendo aprovechados para solventar la actividad de las organizaciones delictivas que han traído violencia y homicidios a la provincia”, afirmó Cococcioni.

“Disrupción patrimonial y financiera”

El plan incluye la creación de un comité especial liderado por el gobernador Maximiliano Pullaro, que involucrará a representantes de diversos ministerios, organismos y poderes del Estado, con el propósito de diseñar un “programa de disrupción patrimonial y financiera”.

Esta iniciativa se enfocará en detectar incrementos anómalos de bienes y rastrear posibles vínculos con el crimen organizado. “Se llevará adelante un cruce de información para desarrollar una estrategia de bloqueo tendiente a contrarrestar la circulación económica ligada a estas actividades criminales”, detalló Cococcioni, destacando la importancia de bloquear el acceso a servicios estatales a quienes resulten sospechosos.

El nuevo comité operará bajo la Subsecretaría de Inteligencia, específicamente dentro de la Dirección Provincial de Información Patrimonial, y se coordinará con el sistema de Inteligencia e Investigación Criminal de la provincia. Cococcioni aclaró que, aunque estas acciones no constituyen investigaciones penales o judiciales, son medidas administrativas dirigidas a dificultar el flujo de dinero a las organizaciones que ejercen violencia en el territorio santafesino.

Por su parte, el ministro de Economía sostuvo que el virtual blanqueo de dólares puede ser beneficioso para la economía en general, pero advirtió sobre los riesgos inherentes a la falta de controles estrictos que permitirían a los delincuentes aprovecharse de la medida. “Genera determinadas ventajas para la circulación económica y dichas ventajas son favorables para el 99% de la población que es gente de bien, pero al mismo tiempo genera ventajas para el otro 1%”, señaló Olivares, refiriéndose a las mafias y economías ilícitas que podrían infiltrarse en el sistema formal.

Además recordó que en el blanqueo anterior, autorizado por la Nación, ya se habían implementado verificaciones en Santa Fe para identificar posibles fondos de origen ilícito. Esta vez, mencionó la necesidad de intensificar los esfuerzos para proteger la seguridad económica y social. “Estas medidas apuntan a un nuevo blanqueo pero a expensas de quitar determinados controles, lo que nos genera interrogantes y por eso desde la Provincia tenemos que estar más atentos que nunca”, subrayó.

El Ejecutivo santafesino reafirma que estas iniciativas son esenciales para bloquear las redes financieras que sostienen al crimen organizado y abordar uno de los principales factores que contribuyen a la violencia en la región. Además, prevé mejorar los mecanismos de inteligencia e investigación para garantizar que los flujos de capital no sirvan para financiar actividades ilegales en la provincia.