La provincia de Neuquén accedió al pedido de dos comunidades mapuches para evitar el desalojo de unas tierras que ocupan desde hace 14 años y convocó a una mesa de diálogo para dirimir el conflicto.
Los dueños de las tierras pujan desde hace 14 años para recuperar el control del lugar, situado a 35 kilómetros de Villa la Angostura. A pesar de que numerosos fallos judiciales confirmaron la existencia de un delito por parte de los mapuches, el gobierno neuquino accedió al planteo de los intrusos y convocó a las partes a una mesa de diálogo.
La medida generó controversias entre los vecinos, ya que la intromisión del Ejecutivo dilata la resolución del caso y desoye lo resuelto por la Justicia.
Este lunes expiró el plazo para que las comunidades Melo y Quintriqueo abandonen el predio de forma voluntaria, dando lugar al conteo para el desalojo forzoso.
Para evitar su concreción, los mapuches levantaron barricadas en el ingreso a la propiedad para impedir el ingreso de las fuerzas de seguridad y permanecer en el lugar.
En paralelo, iniciaron distintas acciones ante el gobierno provincial –con manifestaciones frente a la casa de gobierno, en la capital neuquina- solicitando al Ejecutivo que se involucre para detener la ejecución del desalojo.
En el marco de la celebración por el 93° aniversario de Villa la Angostura, y ante la inminencia del desalojo, los mapuches llevaron su reclamo a los actos oficiales, en los que hubo presencia de funcionarios provinciales.
Esos reclamos tuvieron eco en el gobierno que conduce Rolando Figueroa, quien a través de su Ministerio de Gobierno decidió crear una nueva instancia de diálogo, más allá de los fallos judiciales irreversibles.
Los mapuches hicieron foco en una resolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que reconoce las tierras como ocupación tradicional.
Jorge Tobares, ministro de Gobierno de Figueroa, rubricó una nota en la que advierte sobre una posible violación a la ley provincial 2302, que hace mención a la existencia de grupos vulnerables y la presencia en el territorio de niños, adolescentes y adultos mayores.
En Villa la Angostura fustigaron la decisión y aseguraron que “el gobierno debería asegurar que se cumpla con el desalojo que dispuso la Justicia y no intervenir para evitarlo y defender a quienes fueron acusados por la Justicia de usurpar el predio”.
El lunes pasado, cuando los integrantes de las comunidades bloquearon los accesos, volvieron a acudir al Ejecutivo provincial, que finalmente tuvo un comportamiento permeable ante esos planteos.
Las comunidades, que cuentan con el asesoramiento legal de la Gremial de Abogados de la República Argentina, no solo trasladaron la responsabilidad por las consecuencias del desalojo, sino que además cuestionaron los fallos que ordenaron ejecutar la medida y restituir las tierras a los querellantes.
La Justicia les dio la razón en numerosas instancias, aunque la provincia ignoró las sentencias.
Luis Virgilio Sánchez, abogado de la comunidad, denunció que el desalojo fue ordenado sin cumplir con los protocolos establecidos en la ley 2302 y omitió convocar a una mesa de diálogo para intentar llegar a un consenso.
Con ese argumento presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un recurso en queja ante la Corte Suprema de Justicia.
Este último planteo podría no incidir en la concreción del desalojo, excepto que el máximo órgano judicial de la Nación decida inmiscuirse en el caso y refutar la medida de la Justicia neuquina.
“Se reitera la disposición para sostener un espacio de diálogo que permita abordar la situación de forma pacífica”, manifestó Tobares en la nota que firmó días antes de que expire el plazo para la restitución de las tierras.
Otros funcionarios del gobierno de Figueroa se comunicaron con miembros de las comunidades afectadas y confirmaron que el objetivo del Ejecutivo neuquino es evitar hechos de violencia durante el cumplimiento de la manda judicial.
“La mesa de diálogo busca, únicamente, dilatar los tiempos y evitar una repercusión negativa en la provincia, en un año electoral”, consideraron vecinos de Villa la Angostura, disgustados con la suspensión del desalojo.
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