Mapuches que usurparon tierras en Villa Mascardi enfrentan un nuevo juicio por causas posteriores a la irrupción inicial

Los integrantes de la autoproclamada comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu volverán al banquillo de los acusados desde este martes para ser juzgados por otras usurpaciones y atentados vandálicos que protagonizaron luego del ingreso al predio de Parques Nacionales en Villa Mascardi.

En noviembre de 2017, el grupo usurpó un predio de la administración nacional ubicado a 35 kilómetros de Bariloche, hecho por el cual siete de ellos fueron condenados con penas en suspenso. Luego de tomar posesión de esas tierras, avanzaron hacia otros lotes públicos y privados linderos y por ello volverán a ser juzgados.

El proceso comenzará este martes y concluirá a fin de marzo. El juez del Tribunal Oral Federal de General Roca, Alejandro Silva, comandará el juicio que tiene, entre los acusados, a Matías Santana, conocido como el “mapuche de los binoculares” por su testimonio durante la búsqueda del desaparecido activista Santiago Maldonado.

La ex jueza federal Silvia Domínguez, en 2022, unificó todas las causas posteriores a la usurpación inicial en un único expediente, que es el que será juzgado desde este martes. Figuran allí el ingreso al ex hotel IOS y la destrucción de las instalaciones del obispado de San Isidro, Gas del Estado y de varios particulares.

Solo Silva y la Fiscalía Federal seguirán el proceso desde la sede de General Roca, mientras que testigos, querellantes y acusados participarán del juicio a través de videoconferencia.

Además de Santana, que permanece detenido en la unidad federal 14 de Esquel, será juzgada la autoridad espiritual del grupo, Betiana Colhuan Nahuel, la “Machi”. La mujer había sido sobreseída en el primer juicio, debido a que cuando se produjo la primera usurpación, en 2017, era menor de edad.

También figuran entre los acusados Jésica Bonnefoi, Luciana Jaramillo y Romina Rosas, quienes fueron condenadas a dos años de prisión en suspenso durante la instancia inicial, y Celeste Ardaiz Guenumil, que no participó del primer juicio.

La defensa de los acusados será ejercida por la Gremial de Abogados de la República Argentina.

Los hechos juzgados ocurrieron entre 2018 y el 4 de octubre 2022, cuando se produjo el desalojo masivo de todos los predios usurpados. Desde ese momento hasta la actualidad, un Comando de Seguridad que creó el ex ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, custodia las tierras de forma constante, para evitar el reingreso de los mapuches al lugar.

En el cúmulo de atentados incendiarios y usurpaciones figura el ex hotel Mascardi, donde iba a funcionar la escuela de guardaparques. El edificio tuvo que ser demolido debido a las graves deficiencias estructurales que sufrió desde la irrupción de los mapuches.

En el expediente unificado está certificado que los integrantes de la Lafken Winkul Mapu construyeron sus casillas con los materiales que extrajeron de ese edificio y de las viviendas particulares que usurparon, como Los Radales y La Escondida.

Las audiencias comenzarán este martes 25 de febrero y continuarán el 26 y 27 de este mes. Luego, se retomarán en abril. Las fechas establecidas son 10, 12 y 13, 20 y 31 de ese mes, según las previsiones iniciales y si no se desiste de testigos.

En la primera etapa del juicio, el magistrado federal de Bariloche Hugo Greca les impuso penas en suspenso de entre 2 años y 2 años y seis meses a los imputados.

Los acusados fueron encontrados responsables de usurpar las tierras públicas y en dos de los casos, además, con el agravante de resistirse a la autoridad a mano armada.

En esa etapa estaban imputados Johana Colhuan, María Nahuel, Jésica Bonefoi, Gonzalo Coña, Ailén Tapia, Romina Rosas y Luciana Jaramillo

A Colhuan y Coña, se los condenó a 2 años y seis meses de prisión de ejecución en suspenso por usurpación en concurso ideal con resistencia a la autoridad, agravado por haberse cometido a mano armada.

El juez condenó como co-autores por el delito de usurpación a Nahuel, Jaramillo, Rosas, Tapia, con una pena de 2 años de prisión con ejecución en suspenso, pago de costas procesales y pautas de conducta (fijación de domicilio y abstenerse de cometer ningún delito). A Bonefoi, por su parte, le unificaron las penas con una condena anterior por lesionar a una mujer policía.