Un juez de paz de La Villa de Los Santos permanece bajo detención provisional, ordenada por un juez de garantías, tras ser señalado de participar en el hurto de un grupo de reses sustraídas en la vecina provincia de Herrera.
La medida cautelar recae también sobre un segundo ciudadano y responde a una imputación por delito contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto pecuario agravado.
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El funcionario judicial residía en el corregimiento de Llano Bonito, distrito de Chitré, según el reporte policial que recogió Mi Diario.
Esa condición -operador de justicia comunitaria procesado por un delito rural- convierte al expediente en un caso de seguimiento para analistas de la justicia local panameña.
Los hechos se remontan al 14 y 15 de septiembre de 2026, fechas donde varias reses desaparecieron de una finca situada en el sector de Monagrillo, distrito de Chitré, provincia de Herrera.
Lo que en un primer momento se interpretó como una pérdida de semovientes terminó derivando en una investigación formal por hurto pecuario.
Los animales fueron ubicados posteriormente en el área de La Pintadita de Tonosí, ya en territorio de la provincia de Los Santos.
El Órgano Judicial confirmó ese dato en una nota institucional que vinculó directamente el periodo del apoderamiento con el sitio del hallazgo.
El trayecto entre ambos puntos sostiene la hipótesis de una logística organizada para el traslado y la eventual comercialización del ganado.
Medios como Panamá América y Mi Diario coincidieron en esa reconstrucción cronológica. Ambos señalaron que las reses hurtadas en Chitré aparecieron finalmente en una finca del sector de Tonosí, lo que refuerza el carácter interprovincial de la maniobra.
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La causa se mueve así en un circuito que atraviesa Herrera y Los Santos, dos provincias centrales con fuerte actividad agropecuaria.
Ese corredor ganadero es, según se desprende del expediente, el escenario donde habría operado la red señalada por la Fiscalía.
La investigación estuvo a cargo de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Regional de Herrera, que solicitó y obtuvo la orden de aprehensión contra el ciudadano requerido.
La ejecución de esa orden quedó en manos de la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DIJ), a través de su Seccional de Herrera y de la División de Hurto Pecuario de Provincias Centrales.
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De acuerdo con la información, los agentes de la DIJ desplegaron diligencias en los alrededores de la Casa Comunitaria de Justicia y Paz, en el corregimiento cabecera de La Villa de Los Santos.
Allí identificaron al hombre requerido y le explicaron el motivo del procedimiento antes de proceder a su captura.
La aprehensión se concretó alrededor de las 2:35 p.m. del martes 6 de octubre de 2026. El organismo judicial detalló que, de inmediato, se le comunicaron al detenido sus derechos constitucionales, en cumplimiento de las garantías procesales previstas para este tipo de intervenciones.
Tras quedar a órdenes de las autoridades competentes, el caso avanzó hacia la audiencia de control de garantías.
Fue en esa instancia donde el juez de garantías dispuso la detención provisional tanto para el juez de paz como para el segundo ciudadano vinculado al expediente.
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El caso se enmarca en un repunte de denuncias por hurto pecuario en las zonas ganaderas del país, un fenómeno que llevó al fortalecimiento de unidades especializadas como la División de Hurto Pecuario de Provincias Centrales dentro de la DIJ.
Ese refuerzo institucional busca responder con mayor capacidad investigativa a un delito que golpea directamente la economía agropecuaria de Herrera y Los Santos.
En paralelo, la Ley 532 de 2026 endureció las sanciones aplicables a esta modalidad delictiva. La norma señala que quien se apodere de cabezas de ganado sueltas o estabuladas puede enfrentar penas de 6 a 8 años de prisión, sanción que también se aplicará a quienes participen en la comercialización de las reses hurtadas.
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