Causa D’Onofrio: en la financiera allanada encontraron un “doble fondo” y tickets de transferencias millonarias

Los clientes del hotel Sheraton de Pilar se sorprendieron cuando vieron ingresar a los efectivos de la Prefectura. Eran las 10:30 del viernes pasado. Los prefectos ingresaron directo a Token Capital, una financiera que funcionaba en el hall central y sería parte de la maniobra de lavado de dinero que involucra al ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio. Aunque el local estaba casi desmantelado, había dos empleados trabajando y se secuestraron varios elementos de interés para la investigación como celulares y cámaras de seguridad. Además, los efectivos descubrieron un lugar oculto que se utilizaría para guardar dinero.

La financiera apareció en la causa que tramita en el juzgado federal de Campana hace pocos días. Según una denuncia de la Coalición Cívica, Token Capital no tendría habilitación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) ni autorización del Banco Central. “Es una sociedad anónima que realiza actividades financieras, como otorgar préstamos. Este tipo de actividad es susceptible de estar alcanzada por la Ley de Entidades Financieras (Ley N.° 21.526), ya sea como bancos comerciales, bancos de inversión, bancos de desarrollo, y bancos públicos, o por ser unas entidades financieras no bancarias como cooperativas de crédito y financieras”, explica esa presentación.

A pocos metros, también dentro del mismo hotel, funcionaba la peluquería “Hairspray Studio”, que también fue allanada. ¿Cuál es el nexo entre ambos locales? “Token Capital SA sería la empresa a cargo de pagar los sueldos de los empleados de la peluquería”, dice la denuncia firmada por Elisa Carrió, la diputada Paula Oliveto, y el titular de la CC de Pilar, Matías Yofe.

Ambos negocios son adjudicados a la concejal Claudia Pombo, muy cercana a D’Onofrio, aunque en los papeles aparecen otras personas. Tal como adelantó Infobae, uno de los “socios” es Cristian Germán Ojeda, dueño de unas canchas de fútbol 5 donde funciona una peña de Boca Juniors. Hay numerosos videos en redes sociales sobre su actividad en el mundo Xeneize, aunque no tendría vínculo alguno con la barra oficial.

Ojeda se casó en el Sheraton de Pilar. Los videos de la ceremonia circularon por las redes sociales. También hay decenas de fotos de sus viajes por el mundo.

Los dos empleados que estaban en la financiera al momento del allanamiento le dijeron a los efectivos de la Prefectura que el local estaba habilitado a nombre de Bibiana Elizabeth Ojeda, la hermana del barra. Pero según pudo saber este medio, no hay habilitación municipal.

Los prefectos, acompañados por un abogado del Banco Central, revisaron la financiera y realizaron un croquis que se agregó al expediente. En la planta alta, en una suerte de sala de espera, encontraron un mueble de estantes que funcionaba como “doble fondo”. “El mismo se conecta con la zona de calderas y cámaras, allí se encontró una maleta vacía que contenía dos ticket de depósito en cuenta corriente en pesos del Banco Patagonia en un monto de pesos $ 11.046.000. y $11.050.000″, detalla el acta del allanamiento al que tuvo acceso Infobae.

Por orden del juez Adrián González Charvay, los efectivos secuestraron los discos rígidos de las cámaras de seguridad del hotel. Esas imágenes serán determinantes para saber quiénes ingresaron al lugar en los últimos días y quiénes estuvieron a cargo del desmantelamiento de la oficina. Hay imágenes del hall y de la cochera del subsuelo. “Disco Rígido con la inscripción WD, capacidad de 2 TB S/N WCC4M6VZ5NC7 perteneciente al Sector cochera Subsuelo; dos discos con la inscripciones WD S/N WCC7K4NACDJ1 con capacidad de 4 TB y otro con la inscripción SEAGATE S/N ZTT2MS1K con capacidad de 4 TB”, detallaron los efectivos en el acta.

En la financiera había cámaras, tanto en la planta baja como en el primer piso, pero cuando llegaron los efectivos de la Prefectura ya se habían llevado los DVR. Infobae había revelado la existencia de la financiera el 23 de enero. Esa nota fue agregada al expediente junto a otras publicaciones.

El juez también ordenó secuestrar los teléfonos de los dos empleados de la financiera. Los aparatos ya fueron enviados a peritar junto a una computadora que quedaban en el lugar. En los celulares, los peritos deberán analizar las llamadas entrantes y salientes, los SMS, los mensajes de WhatsApp, la agenda de contactos, y hasta los correos electrónicos.

El dato de color durante el allanamiento lo aportaron los clientes. Aunque la financiera estaba casi desmantelada, durante el allanamiento ingresaron dos personas. Primero llegó un hombre de nacionalidad venezolana. Dijo que quería cambiar dólares y que lo habían mandado de la recepción del hotel. Unos minutos después ingresó otra persona quien se habría enterado de la financiera por una publicidad de Facebook. Los dos se sorprendieron con el despliegue de efectivos.

La denuncia de la Coalición Cívica contra la financiera y la peluquería del Sheraton se mantuvo en reserva en un legajo reservado, pero el mismo día del allanamiento se sumó a la causa por lavado de dinero que adelante González Charvay.

En ese expediente ya fueron imputados la concejal Claudia Pombo, Fernando Asencio (ex Director de Fiscalización y Control), Agustina Cuadra (hija de Pombo), el juez de faltas Mario Quattrochi, Roxana Elma Pombo (también concejal de Pilar), y Héctor Marcelo Suárez Basail (medio hermano de Pombo que, según reveló Clarín, trabaja en la Cámara de Diputados provincial con un sueldo de casi $ 1,8 millón).

Antes de la feria, el juez ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de todos los imputados. Y disparó una batería de medidas de prueba para investigar el patrimonio de D’Onofrio y sus allegados. Pero también apunta a un esquema de recaudación millonaria con el sistema de fotomultas. Concretamente, se investiga si el ex ministro de Kicillof era parte de un sistema paralelo de gestores que ofrecían la posibilidad de eliminar las multas a cambio de una comisión que variaba entre un 30 y un 50% del monto original.

En ese esquema quedarían involucrados funcionarios judiciales, estatales, y varias concesionarias.